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Pablo Iglesias carga contra Amancio Ortega por donar recursos contra el cáncer

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Los dirigentes de Podemos han criticado que Amancio Ortega, dueño de Inditex y una de las principales fortunas del mundo, haga donaciones a la sanidad y han pedido que no se acepten.

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha afirmado en Twitter que «la Sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega», ya que se debe financiar con impuestos, «los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años».

El mismo Pablo Iglesias ha salido en defensa de su candidata y ha cargado contra Amancio Ortega:

Por su parte, Juanma del Olmo, secretario de comunicación de Podemos, asegura que si se abre la puerta a que los millonarios elijan donde invierten en los servicios públicos se pueden generar desigualdades. «Son las instituciones las que tiene que decidir dónde va el dinero, para garantizar que los derechos son iguales para todos».

Serra afirma en su hilo de Twitter que estas donaciones están destinadas a una causa concreta. «No vienen precedidas de un análisis experto que estudie donde se distribuyen los recursos. Esto provoca desigualdades y enfermedades y pacientes de primera y segunda clase», ha asegurado.

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Koldo García se acoge a su derecho a no declarar y el Supremo lo mantiene en libertad

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Caso Koldo
Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha acudido este jueves al Tribunal Supremo por su implicación en el conocido como caso Koldo. Durante su cuarta comparecencia, García se ha acogido a su derecho a no declarar, y la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado su ingreso en prisión, por lo que el Supremo ha decidido mantenerlo en libertad.

Motivos de su decisión de no declarar

El exasesor no respondió a las preguntas del juez Leopoldo Puente porque no dispone del material completo de los audios que él mismo grabó y que constan en el informe de la UCO. Koldo ha solicitado en varias ocasiones que se le devuelva este material para contextualizar sus declaraciones. El instructor le recordó que no está obligado a justificar su decisión de no declarar, mientras que la Fiscalía criticó su postura, alegando que su elocuencia ante los medios contrasta con su silencio en sede judicial. La defensa de García defendió que sus declaraciones públicas se deben al acoso mediático que sufre.

Libertad bajo medidas cautelares

A pesar de la acusación popular que solicitaba su ingreso en prisión por riesgo de que el dinero investigado estuviera fuera del país, la Fiscalía consideró que las medidas cautelares actuales son suficientes. Koldo García mantiene la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar quincenalmente ante el juez. Según fuentes judiciales, aunque los indicios han aumentado tras los últimos informes de la UCO, no existen razones para decretar prisión preventiva.

Investigación sobre movimientos de dinero

El juez quiere que García aclare el origen y la mecánica de 95.437 euros vinculados a gastos del exministro Ábalos, cantidad que se cruza con otra línea de investigación sobre ingresos en efectivo y pagos en metálico del PSOE sin respaldo documental. Los informes policiales mencionan un supuesto “lenguaje en clave”, con términos como “chistorras” (billetes de 500 €), “soles” (200 €) y “lechugas” (100 €), así como referencias a “folios” y a una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos.

El último informe de la UCO destaca la existencia de vínculos patrimoniales estrechos entre Ábalos y García, indicando que el exasesor ha asumido gastos de Ábalos con su propio patrimonio. Esto ha motivado la comparecencia ante el Supremo para verificar estos movimientos antes de decidir si se endurecen las medidas cautelares.

Estrategia de la defensa

La defensa de Koldo García ha solicitado la anulación parcial de la causa, alegando que el instructor está entrando en hechos que no están amparados por el suplicatorio concedido por el Congreso para actuar contra Ábalos. El origen del procedimiento se remonta a presuntas adjudicaciones irregulares de contratos sanitarios, aunque el caso se ha fragmentado en varias piezas, incluyendo supuestos amaños de obra pública.

 

 

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