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Plataforma en defensa de l’ensenyament públic reclama retirar de las escuelas «todas las religiones»

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VALÈNCIA, Jul 2018. (EUROPA PRESS) – La Plataforma en defensa de l’ensenyament públic ha reclamado la retirada de las escuelas «de todas las religiones», al tiempo que solicita que se lleven a cabo los cambios legislativos necesarios para conseguir el laicismo en la enseñanza pública.

El colectivo manifiesta, a través de un comunicado, que «la lucha mantenida durante años para derogar la LOMCE también venía dada para hacer que el laicismo estuviera amparada en la escuela pública, así como propiciar todos aquellos cambios legislativos para ello».

«Hace unas semanas –prosiguen– nos alegraba la noticia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuando anunciaba la derogación del artículo de la LOMCE que daba a la asignatura de religión valor académico, viendo en esta acción un paso adelante» para conseguir uan enseñanza laica.

En opinión de la Plataforma, «habrá que dar pasos adelante para seguir avanzando y que la religión, cualquier religión, no sea impartida en la escuela».

Por eso, apuntan, la noticia de la introducción de la asignatura de la religión islámica en las aulas de dos centros escolares de Castellón «recuerda que todavía queda mucho camino para llegar a un Estado y una escuela laicos».

«DEJEMOS LAS ESCUELAS PARA LO QUE SON»
«Las escuelas tienen que ser espacios libres y abiertos a cualquier pensamiento, pero el culto y las enseñanzas religiosas tienen que darse en otros espacios. Iglesias, sinagogas, mezquitas están para ello, así que dejemos las escuelas para lo que son, para crear ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos con lo que les rodea», argumentan.

En esta línea, la entidad anima a que «se produzcan los cambios legislativos que deroguen el actual ordenamiento que ampara ciertas religiones» en los colegios.

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic está integrada por FAMPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, FEPV, BEA, Saó, Sindicat d’Estudiants, FEU, Acontracorrent, Associació de Directors i Directores de Primària, Associació de Directors i Directores de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa y Valencia Laica.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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