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Podem y PSPV lamentan los resultados de las bolsas de À Punt porque sólo favorecen a extrabajadores

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El PP lleva a pleno una declaración para que el Consell derive 30 millones de À Punt a centros de salud

(EUROPA PRESS)-Podemos y PSPV han admitido que no le gustan los resultados de las bolsas provisionales de trabajo de À Punt ya que, según ha indicado el síndic adjunto de la formación morada, César Jiménez, «solo el 8 por ciento son nuevas incorporaciones» y el resto se trata de extrabajadores de la antigua RTVV.

Para Podemos, los resultados de estas contrataciones «no son óptimos» y no se está consiguiendo el objetivo de combinar «experiencia y juventud», mientras que el portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha admitido que ese porcentaje «no está bien» y ha lamentado: «Hemos cerrado la puerta a una generación de periodistas otros profesionales que, por razones ideológicas o generacionales, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que el proceso de selección lo ha llevado a cabo el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que es «un órgano independiente al control político» y, por tanto, «respeta» su decisión. No obstante, ha puntualizado que personalmente él hubiera hecho las cosas de forma «diferente».

Así lo han señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, al ser preguntado por los resultados de las bolsas temporales de trabajo de À Punt.

Al respecto, el parlamentario de Podemos César Jiménez ha recordado que el proceso de creación del nuevo servicio público de radio y televisión fue «complicado» desde el punto de vista judicial y legislativo, aunque ha admitido que si había una voluntad de los grupos del Botànic y de la directora general de À Punt, Empar Marco, de que hubiera una plantilla que conjugara experiencia y juventud, «es evidente que de momento no lo estamos consiguiendo».

«Estamos orgullosos del trabajo parlamentario y también de haber hecho una ley que asegurara que el Consell Rector era independiente, pero eso no quita que no podamos valorar los resultados que no son óptimos con el 8% de nuevas incorporaciones», ha manifestado para subrayar que es porcentaje no se lo deberían de permitir porque, a su juicio, «no es justo».

Preguntado por si ve «urgente» tomar alguna medida para corregir esta situación, Jiménez ha insistido en que es el Consell Rector el que debe propiciar iniciativas para revertir esta situación y hacer ajustes, aunque ha admitido que se deberían de tomar decisiones en este sentido.

Cuestionado sobre si desde Podemos se plantean tomar alguna iniciativa, ha indicado que la formación hará un balance sobre los porcentajes y, a partir de ahí, determinará las propuestas que presentan.

«CONFIAMOS EN QUE ESTA DISCORDANCIA SE PUEDA CORREGIR»

Por su parte, Mata ha señalado que la ley de la nueva radio y televisión pública se aprobó en las Corts con el apoyo de cuatro fuerzas políticas, aunque ha puntualizado que algunos «advertían de que eso no podía ser, pero había otras fuerzas comprometidas con una situación preexistente». Sin embargo, ha subrayado que la responsabilidad es de las Corts.

«No está bien el porcentaje y si la fuerza política que pilotó, impulsó y condicionó esta ley hace autocrítica es una buena noticia –en alusión a Podemos–, pero hoy por hoy no hay otra situación que los tribunales», ha lamentado para asegurar que no duda de que las bolsas «se ajustan a la ley» pero cierran «la puerta a una generación de periodistas y otros profesionales que, por razones ideológicas o generacional, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».

En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que la nueva televisión «arranque bien» y «esta discordancia se pueda corregir» dado que se trata de contrataciones provisionales. «Espero que cuando tengamos que consolidar los puestos de trabajo se tengan en cuenta estas situaciones para que no se vuelvan a reproducir», ha puntualizado.

Desde Compromís, Ferri ha recordado que el proceso lo lleva a cabo el Consell Rector que es un órgano «independiente al control político», por lo que «respeta sus decisiones» aunque ha remarcado que su espíritu es que la nueva RTVV combine «experiencia e innovación de jóvenes».

«El Consell Rector hace lo que hace en base a una ley. Yo no soy Consell Rector y yo lo haría distinto, pero respeto su decisión porque es lo que ha decidido», ha puntualizado para señalar que entiende la autocrítica de Podemos y el recurso que ha presentado la Unió de Periodistes contra las bolsas de trabajo.

En este sentido, ha afirmado que si algún grupo plantea cambiar la ley para cambiar los porcentajes «que lo haga», pese a que ha considerado que es «complicado». «Mi prioridad ahora es que arranque la televisión y comiencen los procesos de selección», ha subrayado.

«VICIOS Y ERRORES DE LA ANTIGUA RTTVV»

Desde Cs, su síndica en la cámara valenciana, Mari Carmen Sánchez, ha lamentado los «vicios» que está teniendo la reapertura de la nueva radiotelevisión valenciana porque «vuelve a caer en los errores de la antigua RTVV». «Si empezamos así, no sé dónde va a acabar todo esto», ha advertido.

En este sentido, ha admitido que si hubiera sabido que el proceso se iba a desarrollar de esta manera, se hubiera replanteado su voto a favor de la ley que promueve el nuevo servicio, por lo que espera que À Punt no se convierta «en un monstruo de siete cabezas con poca transparencia e imparcialidad».

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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