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Cataluña notifica cuatro reinfectados por coronavirus

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séptima ola covid

Cataluña ha informado que cuenta con cuatro casos de reinfección de la COVID-19, uno de ellos un médico del Hospital de Palamós que ha debido ser ingresado en la UCI del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), aunque su pronóstico es bueno y se espera su recuperación. Así lo ha informado este lunes el doctor Bonaventura Clotet, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, a la emisora RAC1, donde ha apuntado que los otros tres casos son coronavirus de carácter leve.

Según ha adelantado RAC1, la principal hipótesis para que los cuatro vuelvan a dar positivo por Covid-19 es que no hayan desarrollado suficientes anticuerpos para poder neutralizar la infección. Además, que dos sean sanitarios puede indicar que están expuestos a más carga viral, por su contacto con pacientes.

Por su parte, la jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Palamós, Roca Toda, donde ingresó en un primer momento el caso grave, ha explicado que este sanitario de su hospital tuvo una primera infección leve-moderada en marzo pasado y que en agosto ingresó en urgencias con otra mucho más grave que la anterior.

La situación del enfermo empeoró esta segunda vez y fue necesario intubarlo y derivarlo al Germans Trias i Pujol, donde permanece en la UCI, con «una evolución buena».

Roca Toda ha asegurado que se ha hecho un estudio epidemiológico del paciente, que se encontraba de vacaciones en el momento de recaer, y también se han hecho pruebas al personal del hospital de Palamós más cercano al enfermo, con resultados negativos.

«No sabemos dónde se ha podido contagiar», ha precisado Toda, que ha pedido, al igual que Clotet, que los sanitarios y la población en general no bajen la guardia ante el virus.

Por su parte, el doctor Clotet ha apuntado que «creemos que la mayoría de reinfecciones pueden ser leves», y de ahí que no se hayan documentado muchas hasta ahora, pero «alguna es grave», como el caso de Palamós y de otro paciente registrado en el estado de Nevada (Estados Unidos).

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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