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Ribó desmiente que su cuñado haya trabajado para EMT y señala que fue Grezzi quien le contrató

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VALÈNCIA, 8 Nov. – El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este viernes que su cuñado «en ningún caso ha hecho ningún servicio» a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad como abogado y ha señalado que la decisión de esta compañía pública de contratar con el gabinete en el que su familiar trabaja y del que es accionista, fue del presidente de la entidad y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

«Eso lo acordó el presidente de la EMT», ha dicho Ribó en alusión a la decisión de designar a otro abogado de ese gabinete, Salvador Martínez, como «secretario» del consejo de administración de la compañía municipal. Asimismo, el primer edil ha destacado que en este despacho cada letrado «tiene su propia cartera de clientes» y ha insistido en que su familiar no ha trabajado para la Empresa Municipal de Transportes.

Joan Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de cierre de campaña de Més Compromís, preguntado por la información publicada este viernes por Las Provincias que indica que su cuñado es socio del bufete de abogados que ha facturado 220.000 euros a la EMT.

El alcalde ha destacado, al inicio de su respuesta, que esta información «sale el día de cierre de la campaña» para las elecciones general del próximo domingo y ha considerado que puede haber «un intento muy claro» de relacionarle a él con la Empresa Municipal de Transportes tras el fraude de cuatro millones detectado en sus arcas.

«La primera cosa que se tiene que decir es que la información sale el día de cierre de la campaña. No sé si tiene alguna relación, es posible que tenga alguna relación. Creo que es un intento muy claro de relacionar mi persona con un tema, el de la EMT», ha planteado el responsable municipal.

Tras ello ha señalado que tiene «muy poco que decir» respecto a la pertenencia de su cuñado al gabinete contratado por esta compañía y ha resaltado que en «es una práctica normal» entre los profesionales del derecho «hacer un gabinete y constituirse en equipos de abogados».

«Efectivamente, el hermano de mi mujer está en un gabinete de abogados en el que hay otro abogado, que se llama Salvador Martínez, que fue designado por el presidente de la EMT como secretario», ha manifestado Joan Ribó a continuación.

CARTERAS PROPIAS
Igualmente, ha expuesto que este es un despacho formado por «seis abogados en el que cada abogado tiene su propia cartera de clientes» y ha aseverado que, «por supuesto», el hermano de su mujer «en ningún caso ha hecho ningún servicio a la EMT», por lo que ha descartado «vinculación» de su familiar con esta entidad pública. «No tiene nada que ver», ha dicho.

Preguntado por el porcentaje de participación, un 32 por ciento según lo publicado, que su cuñado tiene en el citado bufete, Ribó ha indicado que desconoce «cómo están organizados ahí dentro». «Lo que sí sé es que cada uno tiene su paquete de clientes. Cómo se organizan después no lo puedo decir porque no lo conozco. A ninguno de mis familiares les pregunto cómo se organizan a ese nivel. El porcentaje no lo sé», ha insistido.

En este punto, el primer edil ha declarado: «Lo que puedo afirmar, porque en su momento lo hablé con él, es que no ha hecho ningún tipo de servicio respecto a la EMT. Por tanto, no tiene nada que ver».

Asimismo, preguntado por si cuando se decidió que fuese ese gabinete el que hiciera algunos servicios para la EMT se conocía la circunstancia de que su cuñado era miembro del despacho, Joan Ribó ha manifestado que esa cuestión la decidió Grezzi y que él la conoció después.

«Eso lo acordó el presidente de la EMT. Yo me enteré posteriormente. No sé si tenía o no, lo desconozco. No sé si mi compañero Giuseppe Grezzi conocía ese hecho o no. Yo lo conocí a posteriori», ha agregado.

Preguntado por si lo comunicó, el alcalde ha apuntado: «Yo no le comuniqué. Además es que ni le comuniqué ni le pregunté». «Creo que una cosa es una cosa y otra es otra. Son dos cosas totalmente diferentes», ha señalado.

A su vez, ha repetido que su familiar no tiene nada que ver con los servicios a la Empresa Municipal de Transportes y que él tampoco. A este respecto ha expuesto: «En cualquier caso, sí que tengo que decir que ni el hermano de mi mujer ha hecho ningún servicio a la EMT porque después sí que me enteré, ni por supuesto yo tengo nada que ver porque es una decisión de una persona de confianza que hizo el presidente de la EMT».

«NO HAY NINGÚN CASO»
Por su parte, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha incidido en que el hermano de la pareja de Ribó «no tiene ninguna relación contractual con la EMT», por lo que «no hay caso».

En ese sentido, Campillo, en la rueda de prensa para explicar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, ha insistido en varias ocasiones en que «no hay ninguna relación contractual» entre esta persona y la EMT. «No hay ningún caso», ha recalcado.

Por contra, ha resaltado que la «gestión eficiente» que ha realizado este equipo de Gobierno en la asesoría jurídica de la EMT, que ha permitido ahorrar 200.000 euros.

Así, ha explicado que cuando llegaron al Gobierno la empresa tenía solo un abogado en plantilla que llevaba temas de laborales, mientras que el resto de asuntos estaba externalizado. De este modo, entre 2012 y 2015 se facturaron 515.986 euros por estos servicios externos.

Si embargo, desde abril 2018 se contrató a tres abogados en plantilla, una especialista en laboral, otra en administración y otra en contratación, lo que ha permitido reducir la externalización y «ahorrar» 200.000 euros.

Fuente: Europapress

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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