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Ribó sobre la empleada despedida en la EMT: «Sin su actividad el fraude no se hubiera producido»
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 24 Oct.-El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este jueves que sin «la actividad» de la empleada de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) despedida tras detectarse en esta compañía un fraude de cuatro millones de euros este no se hubiera producido. Así, ha considerado «absolutamente normal» que esta extrabajadora haya sido citada a declarar como investigada por el juzgado que investiga la estafa.
«Es absolutamente normal que la cite a declarar. Creo que podemos afirmar que sin su trabajo y actividad este fraude no se hubiera producido», ha señalado el primer edil, que ha reiterado que el «objetivo» del consistorio y de la EMT es recuperar el dinero defraudado y ha anunciado que la administración local, como propietaria del «cien por cien de las acciones» de esta compañía pública de autobuses se personará en dicha causa.
Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir el acto de conmemoración del Día de la Policía Local, preguntado por la decisión del Juzgado de Instrucción número 18 de València de citar a declarar como investigada a la empleada despedida de la EMT tras descubrirse el fraude.
«Es normal. He podido leer su declaración jurada –la de la extrabajadora–, creo que ahí hay unos indicios clarísimos de culpabilidad», ha agregado. Ha matizado que es «el juez» y no él quien «ha de juzgar» lo ocurrido pero ha insistido en que «si no hubieran dado estas actuaciones, el fraude no se hubiera producido».
Así, ha considerado que en la estafa detectada en la EMT hay «dos piezas fundamentales, esta –en alusión a la exempleada– y la de la entidad bancaria» a través de la cual se hicieron las transferencias que reclamaban los estafadores. «Si los dos hubieran actuado como toca, según los protocolos, nada del fraude se hubiera producido», ha reiterado el alcalde.
Preguntado por si lo ocurrido se podría haber evitado si hubieran existido más mecanismos de control en la empresa municipal y por el hecho de que la jefa de Gestión de la compañía, de baja maternal cuando se produjo el fraude y una de las dos personas con firma mancomunada para realizar pagos, mantuviera sin estar trabajando esta capacidad, Ribó ha afirmado que «mantener la firma mancomunada no quiere decir nada respecto a este fraude».
«No tiene nada que ver con él. Es una cuestión normal que por lo que sé permite Inspección de Trabajo perfectamente», ha agregado, además de afirmar que «el fraude se ha producido porque alguien ha facilitado unas firmas que se han podido falsificar y ha quebrantado de una manera muy clara los procedimientos –de control– que se habían planteado en 2017».
«No tiene nada que ver con la firma mancomunada. Si se hubiera utilizado no hubiera pasado. Así de sencillo», ha dicho respecto a la falsificación de firmas hecha por los estafadores. «Si la firma hubiera pasado por ella no hubiera habido fraude», ha subrayado.
Por otro lado, preguntado por las demandas que hace la oposición municipal –PP, Cs y Vox– para que el concejal y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el gerente de la entidad, Josep Enric García, dejen sus responsabilidad, Joan Ribó ha dicho que «puede hacer y decir todo lo que quiera» y ha apuntado que desde el gobierno local se le facilitará «todo a lo que legalmente tenga derecho».
El alcalde ha destacado que convocó el pleno extraordinario que reclamó el PP y que respaldaron Cs y Vox sobre EMT «rápidamente» atendiendo a esta solicitud y al «derecho que tiene la oposición contemplado en la ley»; ha recordado que en esa sesión se acordó, por medio de una enmienda del equipo de gobierno, introducir medidas para mejorar «los mecanismos de seguridad» en las actuaciones municipales relacionadas con las nuevas tecnologías y que comparecerá en la sesión ordinaria de octubre para hablar de esta compañía tras el fraude.
REQUERIMIENTO AL BANCO
Joan Ribó ha reiterado que el «objetivo» del gobierno local y de la EMT es «muy claro: que el dinero vuelva» y ha asegurado que se trabaja en esa línea y que no se va a renunciar a esa idea. En este punto, preguntado por las conversaciones mantenidas con Caixabank a partir de conocerse el fraude, el alcalde ha expuesto que desde la EMT se ha hecho a esta entidad «un requerimiento para que devuelva el dinero que estaba custodiando».
«La entidad bancaria correspondiente no cumplió ni los protocolos ni la legislación. Hay legislación en España de prevención de la corrupción y hay un lugar al que fue el dinero, Hong Kong, que está en la lista de paraísos fiscales», ha expuesto. No obstante, ha aseverado que la cuestión se quiere «resolver» con el banco «lo más amigablemente posible» y «de la manera mejor posible». «Voy a ser prudente y no voy a entrar en más detalles», ha agregado.
Preguntado por si el Ayuntamiento prevé, en caso de que no se recupere el dinero defraudado, aumentar su aportación a la EMT en los presupuestos de 2020, Joan Ribó ha dicho que no recuperar los cuatro millones es una «hipótesis» que no se ha planteado porque el «objetivo es que vuelva». Asimismo, ha avanzado que la aportación municipal a la compañía pública de autobuses «será la prevista» antes de producirse el fraude. «Eso está claro rotundamente», ha dicho.
Por otra parte, preguntadas por la decisión del juez de citar como investigada a la trabajadora despedida, fuentes de la EMT han mostrado a Europa Press su «respeto por las decisiones judiciales» y han descartado «hacer más valoraciones». Igualmente, han apuntado que su objetivo es «recuperar todo el dinero sustraído en este fraude».
PLENO SOBRE LA CIUDAD
Asimismo, preguntado por la petición de Cs para celebrar el pleno sobre el Estado de la Ciudad, Joan Ribó ha señalado que «eso no está contemplado en el reglamento». Ha afirmado que este «dice taxativamente que se hará un pleno en el último trimestre del año exceptuando el año electoral, que es este», 2019. «Me parece muy bien que lo pida pero si lo pide tiene que hacerlo por los conductos reglamentarios que hay», ha declarado.
LA DECLARACIÓN DE LA TRABAJADORA
Según ha explicado la propia trabajadora despedida en su declaración jurada ante los servicios jurídicos de la EMT, mantuvo con el presunto estafador –que se identificó como señor Parada– varias comunicaciones, tanto por email como por teléfono. La presunta estafa ha alcanzado los 4 millones de euros, aunque la pretensión de los responsables era llegar a los 11.
Además, este miércoles se ha conocido un informe pericial de Telefónica sobre el ordenador que utilizaba la empleada despedida en el que se señala que no ha «hallado pruebas» de que ella «haya sido consciente del fraude que se estaba llevando a cabo» durante sus interacciones con el presunto estafador. Según este análisis, del estudio de los correos entre la empleada y el estafador se desprende que la trabajadora «ha sido inducida a colaborar en el fraude mediante técnicas de ingeniería social habituales en este tipo de ataques».
Fuente: (EUROPA PRESS)
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 8 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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