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Sánchez lanza la mayor oferta de empleo público antes del 28A

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VALÈNCIA, 26 Feb.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto la mayor oferta de empleo público hasta la fecha. Una decision envuelta en polémica por la proximidad de la convocatoria de las elecciones del próximo 28 de abril. El líder del grupo socialista tras esta declaración ha sido tachado de «comprar» el voto de los españoles con este aumento en el sector laboral.

Las administraciones, que ya vieron incrementado su número de trabajadores en 2018, cuentan actualmente con 2,5 millones de funcionarios. Aunque el número exacto de plazas es una incógnita, la intención del Ejecutivo es aprobar esta medida a finales de marzo o principios de abril. Representantes sindicales han afirmado que la cifra planteada por el Gobierno podría superar la del pasado año,la que se considera como la mayor convocatoria de la historia con 30.000 plazas de empleo .

Una vez acordado con los representantes sindicales, la decisión se tramitaría con un Real Decreto, por lo que se asegura su aplicación antes de las elecciones generales.

De este modo, esta medida laboral se sumaría a la subida salarial del 2,25% para los trabajadores públicos. Ambas medidas están garantizadas con independencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no fueron aprobados.

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Koldo García se acoge a su derecho a no declarar y el Supremo lo mantiene en libertad

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Caso Koldo
Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha acudido este jueves al Tribunal Supremo por su implicación en el conocido como caso Koldo. Durante su cuarta comparecencia, García se ha acogido a su derecho a no declarar, y la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado su ingreso en prisión, por lo que el Supremo ha decidido mantenerlo en libertad.

Motivos de su decisión de no declarar

El exasesor no respondió a las preguntas del juez Leopoldo Puente porque no dispone del material completo de los audios que él mismo grabó y que constan en el informe de la UCO. Koldo ha solicitado en varias ocasiones que se le devuelva este material para contextualizar sus declaraciones. El instructor le recordó que no está obligado a justificar su decisión de no declarar, mientras que la Fiscalía criticó su postura, alegando que su elocuencia ante los medios contrasta con su silencio en sede judicial. La defensa de García defendió que sus declaraciones públicas se deben al acoso mediático que sufre.

Libertad bajo medidas cautelares

A pesar de la acusación popular que solicitaba su ingreso en prisión por riesgo de que el dinero investigado estuviera fuera del país, la Fiscalía consideró que las medidas cautelares actuales son suficientes. Koldo García mantiene la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar quincenalmente ante el juez. Según fuentes judiciales, aunque los indicios han aumentado tras los últimos informes de la UCO, no existen razones para decretar prisión preventiva.

Investigación sobre movimientos de dinero

El juez quiere que García aclare el origen y la mecánica de 95.437 euros vinculados a gastos del exministro Ábalos, cantidad que se cruza con otra línea de investigación sobre ingresos en efectivo y pagos en metálico del PSOE sin respaldo documental. Los informes policiales mencionan un supuesto “lenguaje en clave”, con términos como “chistorras” (billetes de 500 €), “soles” (200 €) y “lechugas” (100 €), así como referencias a “folios” y a una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos.

El último informe de la UCO destaca la existencia de vínculos patrimoniales estrechos entre Ábalos y García, indicando que el exasesor ha asumido gastos de Ábalos con su propio patrimonio. Esto ha motivado la comparecencia ante el Supremo para verificar estos movimientos antes de decidir si se endurecen las medidas cautelares.

Estrategia de la defensa

La defensa de Koldo García ha solicitado la anulación parcial de la causa, alegando que el instructor está entrando en hechos que no están amparados por el suplicatorio concedido por el Congreso para actuar contra Ábalos. El origen del procedimiento se remonta a presuntas adjudicaciones irregulares de contratos sanitarios, aunque el caso se ha fragmentado en varias piezas, incluyendo supuestos amaños de obra pública.

 

 

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