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Trabajo investiga al hermano de Ximo Puig por fraude en subvenciones del programa ‘Avalem Joves’

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VALÈNCIA, 4 Nov. – Inspección de Trabajo ha abierto sendas investigaciones a las empresas Comunicació dels Ports SA y Mas Mut Produccions, vinculadas a Francis Puig –hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig– tras la denuncia presentada por el PP por las subvenciones recibidas a cuenta del programa Avalem Joves para la contratación de jóvenes entre 2016 y 2018, que ascienden a casi 112.000 euros, que tenían como condición el aumento neto de plantilla que, según la información recabada por los ‘populares’, no se habría producido.

Según ha explicado la diputada del PP Eva Ortiz en rueda de prensa, presentaron la denuncia ante Inspección de Trabajo de Valencia el 17 de abril de este año para que «esclareciera si hay un delito contra los derechos de los trabajadores» y el pasado 2 de octubre se les informó de que «se han realizado las pertinentes actuaciones de comprobación de las dudas y los posibles incumplimientos señalados en el escrito de la denuncia».

«Sigue abierta» esa investigación, ha remarcado la secretaria general del PPCV, que ha subrayado que Inspección «está haciendo sus labores, están trabajando en ello» y no sabe si lo habrán puesto en conocimiento o no de Fiscalía, dado que al no ser ellos personal interesado en la empresa o trabajadores se les da una información «muy limitada».

En todo caso, ha anunciado que el PP ampliará la denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 4 de València –por las ayudas recibidas por estas empresas de la Conselleria de Educación para el fomento del uso del valenciano, por la que Francis Puig declarará como investigado en diciembre– en breve dejando constar así sus sospechas de un fraude en las subvenciones y delito contra los derechos de los trabajadores para que «haga lo que tenga que hacer».

Preguntada sobre el hecho de que se vaya a pedir a la Fiscalía Anticorrupción que se encargue de la causa en la que se investiga a Francis Puig y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano, ha indicado que el PP respeta todas las acciones judiciales y lo que quiere es «que se ponga luz y taquígrafos». «Y si es Anticorrupción, perfecto».

Eva Ortiz ha señalado que ahora se trata de «otra conselleria, otra subvención y otro posible fraude». En concreto, alude a las subvenciones del programa Avalem Joves, puesto en marcha por la Conselleria de Economía para fomentar la contratación indefinida inicial de jóvenes cualificados.

Las condiciones que deben regir esa contratación eran cuatro: efectuar ese contrato después de la convocatoria; que suponga un incremento neto de la plantilla media de trabajadores en situación de alta en los 30 días naturales anteriores a la celebración del contrato; mantener el empleo creado durante al menos 12 meses y no disminuir plantilla media durante el periodo de mantenimiento salvo vacantes por baja voluntaria, discapacidad sobrevenida, muerte, jubilación, despido disciplinario o por causas objetivas.

Las órdenes de Economía fijaban en cada ejercicio las cuantías a recibir por la contratación de hombres y mujeres. En 2016 se concedían 7.338,24 euros por el contrato de un varón y 9.172,80 euros por el de una mujer; en 2017 se aumentaron hasta los 7.926,24 euros por contratar un hombre y 9.907,80 euros y en 2018 la cuantía vuelve a incrementarse hasta los 18.544,68 euros para varones y 19.574,94 euros para mujeres.

La denuncia del PP ante Inspección de Trabajo repasa las subvenciones que se otorgaron a ambas empresas, que «no coinciden con la plantilla que declaran» en sus cuentas anuales.

SUBVENCIONES RECIBIDAS ENTRE 2016 Y 2018
En el caso de Comunicació dels Ports, Ortiz ha explicado que según los datos disponibles en el portal GVA Oberta recibió en 2016 un total de 16.511,04 euros, equivalentes a un contrato de un hombre y otro de mujer. No obstante, el PP señala que en las cuentas anuales la empresa especifica cuatro contratos fijos hombres, los mismos que en 2015, con lo que no se refleja el contrato subvencionado de un varón.

En 2017 percibió 27.741,84 euros, equivalentes a tres contratos (un hombre y tres mujeres) pero según ha comprobado el PP en las cuentas hay tres contratados fijos hombres, «uno menos que en 2016», y tres contratadas fijas mujeres, por lo que no figuran «ni el contrato subvencionado de un hombre ni los dos de mujeres».

Por último, en el ejercicio 2018 percibió 39.149,88 euros, equivalentes a tres contratos de mujeres, pero «no aumenta la plantilla respecto a 2017» cuando debería incrementarse en dos mujeres. En total, según ha destacado el PP, Comunicació dels Ports percibió estos tres años 83.402,76 euros.

Respecto a Mas Mut Produccions, recibió en 2017 una subvención de 9.907,80 euros (equivalente al contrato de una mujer) cuando en las cuentas declara dos contratados fijos hombres, uno menos que en 2016, y ninguna contratada fija mujer.

En 2018, percibió 18.544,68 euros (contrato de un hombre) pero según refleja el PP en su denuncia no aumenta la plantilla, que debería incrementarse con un varón. En total, esta empresa percibió 28.452,48 euros.

«O HAN MENTIDO O HAY UN FRAUDE»
Según ha indicado Eva Ortiz, ambas empresas recibieron 11.855,24 euros y deberían haber incrementado su plantilla en nueve trabajadores, pero «Mas Mut tiene uno menos que en 2015 y Comunicació Els Ports solo tiene uno más y tendría que tener 7». «O han mentido en las cuentas anuales o hay un fraude de subvenciones», ha señalado la diputada del PP, que no sabe «cuál de las dos cosas es mejor».

Además, el PP va a registrar un escrito dirigido a la Conselleria de Economía en el que piden «copia íntegra de la documentación que acredita las labores de comprobación y control de las subvenciones que tienen que ver con este asunto». «Queremos saber si se ha revisado, si se ha hecho algo, si se ha devuelto el dinero, si se ha sancionado», ha señalado Ortiz.

La ‘popular’ tiene «la ligera intuición de que aquí tampoco se ha controlado la justificación de las subvenciones que van a parar, una vez más, a las empresas del hermano del presidente» y se trata de 111.000 euros y «trabajadores, hombres y mujeres» a los que, intuye, «les han dicho que les iban a contratar con una serie de condiciones, si es que alguna vez les han contratado».

Asimismo, ha pedido a los consellers de Economía, Rafa Climent, y de Educación, Vicent Marzà, que «colaboren con la justicia» porque «hay dos empresas que tienen que ver con los hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que empiezan a ser una maquinaria de conseguir subvenciones sin control por parte de la Generalitat que preside el hermano de estos señores».

PEDIRÁN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SI PUIG NO COMPARECE
Ortiz ha instado a Compromís a que empiece mañana mismo y diga que sí a la comparecencia de Puig que propone el PP para que explique las ayudas recibidas por estas empresas para el fomento del valenciano y explique también estas subvenciones de Avalem.

«Hay muchas preguntas que debería contestar pero se empeña en no querer dar la cara», ha indicado la ‘popular’, que ha avanzado que si su propuesta de comparecencia no sale adelante pedirán una comisión de investigación en el parlamento valenciano.

También ha indicado que la orden de Avalem Joves sigue abierta y no saben si estas empresas volverán a tener subvenciones: «La del fomento del valenciano desapareció por los recortes e igual ahora desaparece Avalem Joves solo por no dar explicaciones».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Muere Maricarmen a los 87 años, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid

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María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha informado El País. Su historia se convirtió en uno de los símbolos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que fuera desahuciada en septiembre del piso en el que había vivido durante alrededor de 70 años.

Su caso provocó una fuerte movilización social en Madrid y otras ciudades españolas y llegó a situarse en el centro del debate político sobre los desahucios y la protección de los inquilinos vulnerables.

Maricarmen murió a los 87 años

Maricarmen falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde había recibido atención médica después del desahucio ejecutado el pasado 23 de septiembre.

La mujer había abandonado su vivienda del distrito madrileño de Retiro en una camilla, acompañada por los servicios sanitarios del Samur. La imagen de su salida del inmueble se convirtió en una de las fotografías más reconocibles de su caso.

En los días posteriores al desahucio permaneció ingresada en el hospital. En uno de sus últimos mensajes públicos, difundido desde el centro sanitario, aseguró que no había conseguido defender su casa, pero que había luchado para que otras personas aprendieran a defender la suya.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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