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Un joven muere ahogado después de que el 112 tardara en enviar una UVI: «Respira perfectamente»

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Muere una mujer de 25 años y su hija de tres apuñaladas

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) – Los padres de un joven de 23 años fallecido en enero de 2018 por asfixia tras sufrir un tromboembolismo pulmonar han denunciado al SUMMA 112 por no activar el protocolo adecuado, al no haber enviado una UVI móvil desde la primera llamada, y de falta de humanidad.

La familia ha iniciado una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública frente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), pero se está planteando recurrir a la vía penal después de haber recibido la semana pasada los audios de las cinco llamadas al 112 que fueron reclamados poco después de la muerte del joven, Aitor.

Este jueves en una rueda de prensa organizada por la Asociación el Defensor del Paciente se ha escuchado la grabación de la primera llamada y se ha puesto a disposición de los medios de comunicación el resto de los audios, que tal y como ha advertido antes de la escucha el abogado de la familia, Carlos Sardinero, son «muy impactantes».

No obstante, los audios facilitados por el SUMMA 112 están incompletos, ya que excluyen conversaciones con los operadores del SUMMA que recaban los datos antes de pasar la llamada al médico y que el abogado considera «muy importantes porque es el primer contacto en el que los padres explican coherentemente cuál es la situación de su hijo».

En el primer audio la madre de Aitor, Carmen Ruiz, comunica al médico que ha oído cómo su hijo se caía y al acudir a verle se lo ha encontrado «con un sudor enorme» y que dice que no puede respirar. El médico pide a Carmen que le pase el teléfono a su hijo y ella le responde que él no puede hablar e insiste en que dice que no puede respirar.

El médico termina la llamada después de hablar con la madre a la que le dice que su hijo «respira perfectamente». «Irá un médico a verle pero él respira, venga hasta luego, parece que está más bien tocado de algo, no sé… van a ir a verle, hasta ahora», concluye.

La primera llamada se produce a las 11.56 horas del 14 de enero de 2018, domingo, y la ambulancia llega a las 12.27 horas, según ha indicado el padre de Aitor, Bartolomé García. «Es lamentable que esta gente se permita el lujo de llegar cuando les da la gana», ha señalado, al tiempo que ha precisado que su domicilio se encuentra a 10 kilómetros del Hospital Rey Juan Carlos.

La madre ha señalado que su hijo entró en parada cardiorrespiratoria nada más colgar la primera llamada, tras la que se produce otra en el que el médico que responde, que según el abogado y la familia es otro diferente al de la primera, le da instrucciones al padre para hacer la RCP.

No obstante, entre las dos llamadas los padres de Aitor marcan el 112 y se corta, según ha explicado Ruiz, quien ha detallado que primero llegó la Guardia Civil, luego una ambulancia no medicalizada y al final una UVI móvil. Antes de llegar al hospital, Aitor sufre otras dos paradas y después queda ingresado en la UCI durante cinco días antes del fallecimiento.

Fuente: Europapress

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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