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València, segunda ciudad de España mejor valorada en movilidad sostenible

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Transporte en València Día de Todos los Santos

València es la segunda ciudad de España mejor valorada en movilidad sostenible, con una puntuación de un 6,6 sobre 10, ligeramente por detrás de Bilbao (6,9) y a una décima de Barcelona (6,5), según el ‘Ranking de Movilidad Urbana’ encargado por la organización Greenpeace.

El análisis evalúa el grado de compromiso de 12 ayuntamientos (Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, València y Zaragoza) con respecto a sus propios planes de movilidad. Para ello, compara indicadores relacionados con su oferta de transporte público, su red de vías ciclistas y calles peatonales o su nivel de contaminación y ruido, entre otros.

La capital vizcaína es la ciudad mejor valorada en movilidad con una puntuación de 6,9 sobre 10. Le siguen la del Túria (6,6) en segundo puesto y en tercer lugar Barcelona (6,5). «Las tres ciudades destacan por una apuesta decidida por los modos sostenibles, con medidas de gran calado que están permitiendo reducir el uso del coche y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía», valora la ONG ecologista.

En el caso de València, tercera ciudad y área metropolitana más poblada de España, cuenta con una densidad de 5.877 habitantes por kilómetro cuadrado y un índice de motorización de casi 610 vehículos por cada mil habitantes.

De partida, el informe destaca que València presenta unas características territoriales «muy positivas», con una estructura típica mediterránea y una alta densidad de usos y funciones en el territorio. Su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se publicó en 2016, aunque su redacción data de 2013, con 210,2 millones de euros y horizonte a corto, medio y largo plazo.

En concreto, el estudio repasa las medidas ejecutadas, como los seis grandes itinerarios de preferencia peatonal, la implantación de caminos escolares, la continuación del desarrollo de la red de vías ciclistas o la reordenación y nuevo diseño de la red de autobuses EMT València.

Otras acciones están en estudio, como la definición de ejes multifuncionales y estructuración de ‘supermanzanas’, las actuaciones contra el robo de bicicletas o la integración efectiva del ‘MetroBús’ en la ciudad. Y en proceso están la jerarquización y reordenación del tráfico, la intermodalidad con la bicicleta, la reorganización del espacio de estacionamiento o la actuación en puntos de déficit de plazas de carga y descarga.

 

EL USO DEL BUS BAJA CASI DOS PUNTOS DESDE 2012

Por medios de transporte, el informe constata la evolución del reparto de 2012 a 2018, con un aumento de la movilidad peatonal al pasar del 48,2 al 50,5%. En estos seis años, el uso de la bici ha subido ligeramente del 4,7 al 4,8%, mientras el del autobús ha bajado del 23,4 al 21,8% y el del coche del 23,6 al 21,5%.

Estas cifras ponen de relieve una evolución positiva de la movilidad peatonal, algo que el análisis achaca a la creación de 33.000 metros cuadrados de zonas peatonales entre 2015 y 2018. También destaca que «la apuesta por la bicicleta está dando sus frutos», con la ejecución de 156 kilómetros de vías ciclistas en calzada y 45 de compartidas bici-coche, junto a la disminución del uso del vehículo privado.

De cara al futuro, el estudio recuerda que en València recientemente se ha aprobado una ordenanza de movilidad «con gran polémica». Establece hasta 630 kilómetros de calles ’30’ (limitadas a 30 kilómetros por hora), que supondrán el 64,3% de la red viaria, y prevé 18 kilómetros de ‘ciclocalles’ y 89 de vías peatonales.

Paralelamente, pone en valor los experimentos activos de puntos de concentración de carga para la distribución urbana de mercancías y que València «empieza a posicionarse como ‘smart city’, al igual que Málaga». También resalta su transporte público colectivo «relativamente bueno y completo en sistemas ferroviarios, asimilable a ciudades como Bilbao. Y como aspecto a mejorar, la dotación actual de aparcamientos regulados.

 

CINCO CIUDADES SUSPENSAS

Tras el podio se encuentran Sevilla y Madrid, que obtienen una puntuación intermedia de 5,9 puntos. La ciudad andaluza destaca por sus «buenos índices en los desplazamientos a pie y en bicicleta», mientras que Madrid ha lanzado lo que consideran «buenas medidas», como el protocolo anticontaminación o ‘Madrid Central’. Por detrás están Zaragoza (5,5) y Málaga (5,2) donde «se observan avances en la buena dirección aunque requieren medidas más contundentes para mejorar».

Ya en suspenso está Murcia (4,8), Pamplona (4,6) y Palma (4,6), donde el uso del coche sigue siendo mayoritario pese a los esfuerzos realizados. Las peores posiciones son para Santiago de Compostela (4,4) y Albacete (3,7), dos ciudades que «aunque ofrecen condiciones favorables para los viajes de proximidad, carecen de Planes de Movilidad suficientemente precisos». «En estas ciudades pequeñas es donde se abusa del coche para trayectos cortos, que serían fácilmente realizables andando o en bicicleta», recoge el estudio

«Las ciudades deben asumir los retos planteados en materia de movilidad sostenible tomando medidas valientes que pongan a los peatones –y no a los coches– en el centro de sus políticas, tal y como describen en sus propios Planes de Movilidad Urbana», declara el responsable de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández.

Por todo ello, la ONG ecologista demanda que las ciudades sean pioneras en la movilidad urbana sostenible y, de cara a las elecciones autonómicas y municipales, exige responsabilidad a los grupos políticos.

Fuente: Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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