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Golpe de estado Brasil: Lula impone el orden con arrestos masivos y el apoyo del poder

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Golpe de estado Brasil: Simpatizantes de Bolsonaro invaden el Congreso, Presidencia y Supremo

Suspendido durante 90 días el gobernador del Distrito Federal, que no cortó el paso a los extremistas

El Estado brasileño ha vivido el mayor desafío a la democracia de su historia reciente. Una oleada de manifestantes asaltó la sede del Congreso Nacional, el palacio presidencial y la sede del Tribunal Supremo, en una movilización violenta en defensa del ya expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control de las sedes, cargando contra los manifestantes y estableciendo un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde los bolsonaristas fueron desistiendo y abandonando poco a poco el lugar. El balance total ha sido cerca de 50 heridos y más de mil detenidos.

El gobernador bolsonarista del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, ha sido apartado del cargo 90 días por parte del Tribunal Supremo Brasileño, acusado de consentir los disturbios. Además, el secretario de Seguridad, Anderson Torres, ha sido destituido.

Simpatizantes de Bolsonaro invaden el Congreso, Presidencia y Supremo

Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro han asaltado en la tarde de este domingo el Congreso brasileño tras romper las barreras policiales y mostrar su rechazo al recién nombrado presidente del país.

Lula da Silva, que hace tan solo una semana asumía la presidencia de Brasil, ha interrumpido su viaje en Araraquara, en São Paulo, para anunciar la intervención federal y condenar la acción de los miles de radicales, una decisión avalada por el Tribunal Supremo del país.

La cifra de detenidos no deja de aumentar. Hay, por el momento, al menos 400. La policía ha tenido que utilizar una flota de autobuses para poder llevarse a todos los simpatizantes del expresidente que han participado en los disturbios. Pero pese a la detención muchos de ellos tachaban de «injusto» su arresto defendiendo que «solamente estábamos protestando, queremos salvar el país».

Los manifestantes se han concentrado frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasil, donde han marchado hasta la Explanada de los Ministerios. En los tres edificios se han roto ventanas y han causado daños en el interior de las sedes. Esto ha obligado a la Policía Antidisturbios a entrar en acción y comenzar a lanzar gases lacrimógenos con el objetivo de disuadirles.

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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