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À Punt, en busca de nuevo director general

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VALÈNCIA, 20 Nov.- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este miércoles la resolución con las bases de la convocatoria del concurso para designar a la persona que ocupará la Dirección General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, que actualmente ostenta Empar Marco, y un día después, este jueves, se abrirá el plazo de 30 días para presentar las candidaturas.

Serán analizadas en una primera fase por la comisión de valoración, formada por cinco miembros del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació incluyendo al presidente de este órgano, y esta seleccionará como máximo tres de las propuestas que pasarán a una segunda fase. En esa fase se les realizará una entrevista personal por el Consejo Rector sobre la base de los proyectos que presentan y sus respectivos currículum vitae.

En la valoración final, el proyecto supondrá un 50% y el currículum junto con la entrevista otro 50%. La convocatoria podría declararse desierta si la comisión de valoración considera que ninguno de los candidatos se adecua a los requisitos del puesto.

El Consejo Rector, por mayoría de tres quintos, seleccionará a la persona elegida, que deberá comparecer ante la comisión de radiotelevisión de Les Corts, donde se valorará su idoneidad para el cargo y se aprobará o no esa propuesta. La concesión de esa idoneidad requiere de mayoría absoluta.

La convocatoria recuerda que las funciones de la dirección general son, entre otras, ejercer la dirección ejecutiva y representación de la CVMV, proponer el nombramiento y el cese del personal directivo de las sociedades dependientes, la dirección del personal, decidir sobre los contenidos y ordenar la programación, ejecutar las decisiones de contrataciones acordadas por el Consejo Rector o autorizar pagos y gastos.

El nuevo o la nueva directora general tendrá un contrato de alta dirección que se regirá por la normativa que regula al personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat. El nombramiento será por un periodo de tres años y exigirá dedicación exclusiva.

Entre los requisitos que deben reunir los aspirantes están, entre otros, tener al menos una titulación universitaria con nivel de grado o equivalente; poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, acreditar experiencia en el ámbito de la comunicación en sus diferentes ámbitos profesionales; acreditar experiencia en la gestión en funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas; conocer las dos lenguas oficiales de la Comunitat, y conocer el contexto social, cultural, económico y político.

Los aspirantes deberán remitir tres sobres, uno con la acreditación de los requisitos, otro con su proyecto de actuación, en el que deberán definir los objetivos, líneas de actuación y estrategias de implementación, incluyendo la valoración de la situación de los medios públicos de la Generalitat y propuestas de mejora, todo ello adecuado a la realidad presupuestaria, con un máximo de 10 folios y un tercer sobre con el currículum.

En el caso del proyecto, a las tres personas seleccionadas en la primera fase para pasar a la entrevista se les dará un plazo de 15 días naturales para desarrollar el documento hasta un máximo de 50 folios.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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