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Abogados de la Comunitat asesoran gratuitamente a los afectados por las cláusulas suelo

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La Generalitat y los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana han creado un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) para orientar de manera gratuita a todos aquellos consumidores titulares de contratos hipotecarios que incluyan cláusulas suelo, anuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cualquier ciudadano que sepa o sospeche que es titular de un contrato hipotecario que incluya clausulas suelo puede acudir al nuevo servicio de orientación jurídica de los colegios de abogados, cuyas señas de identidad son la profesionalidad y la gratuidad. El objetivo, según palabras del Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), Juan José Tortajada, “es que este acuerdo garantice el derecho de todos los ciudadanos a solucionar su problema en el caso de verificar que efectivamente son afectados por la cláusula suelo”.

El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) es el primero en poner en marcha este servicio hoy mismo en sus dependencias de la Ciudad de la Justicia. A él le seguirán todos los demás colegios de la Comunidad Valenciana en las fechas descritas a continuación:

Alcoy: 10/2

Alzira: 17/2

Alicante: 6/2

Castellón: 15/2

Elche: 6/2

Orihuela: 22/2

Sueca: 1/2

Valencia: 30/1

¿Qué son las cláusulas suelo?

Estas cláusulas aparecen en muchos contratos hipotecarios con tipo de interés variable, sobre todo el Euribor, que es el principal índice de referencia de las hipotecas firmadas en España en los últimos quince años. La clausula suelo establecía que la entidad financiera nunca cobraría al cliente un tipo de interés inferior a un porcentaje predeterminado aunque el resultado de sumar el Euribor y el diferencial pactado en el contrato fuera inferior a ese tipo de interés.

¿Qué asesoramiento presta el nuevo servicio?

  • Detección de cláusulas suelo:

El SOJ ayudará a la detección de cláusulas suelo. Para ello bastará con que cualquier consumidor acuda al servicio con su contrato hipotecario y la relación de pagos hipotecarios realizados.

  • Presentación de reclamaciones extrajudiciales:

El SOJ facilitará al usuario el formulario de la reclamación extrajudicial previa y toda la orientación jurídica necesaria para su presentación según lo establecido en el Real Decreto 1/2017, publicado en el BOE de 21 de enero de 2017.

  • Abogado de oficio:

Si la reclamación extrajudicial no concluye de manera satisfactoria y el consumidor decide iniciar un procedimiento judicial, el SOJ le informará si puede acceder al beneficio de justicia gratuita y, en caso afirmativo, le designará un abogado de oficio. Si no tiene derecho al beneficio de justicia gratuita, le indicará que puede acudir a un abogado de su libre designación.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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