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Abogados de la Comunitat asesoran gratuitamente a los afectados por las cláusulas suelo

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La Generalitat y los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana han creado un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) para orientar de manera gratuita a todos aquellos consumidores titulares de contratos hipotecarios que incluyan cláusulas suelo, anuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cualquier ciudadano que sepa o sospeche que es titular de un contrato hipotecario que incluya clausulas suelo puede acudir al nuevo servicio de orientación jurídica de los colegios de abogados, cuyas señas de identidad son la profesionalidad y la gratuidad. El objetivo, según palabras del Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), Juan José Tortajada, “es que este acuerdo garantice el derecho de todos los ciudadanos a solucionar su problema en el caso de verificar que efectivamente son afectados por la cláusula suelo”.

El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) es el primero en poner en marcha este servicio hoy mismo en sus dependencias de la Ciudad de la Justicia. A él le seguirán todos los demás colegios de la Comunidad Valenciana en las fechas descritas a continuación:

Alcoy: 10/2

Alzira: 17/2

Alicante: 6/2

Castellón: 15/2

Elche: 6/2

Orihuela: 22/2

Sueca: 1/2

Valencia: 30/1

¿Qué son las cláusulas suelo?

Estas cláusulas aparecen en muchos contratos hipotecarios con tipo de interés variable, sobre todo el Euribor, que es el principal índice de referencia de las hipotecas firmadas en España en los últimos quince años. La clausula suelo establecía que la entidad financiera nunca cobraría al cliente un tipo de interés inferior a un porcentaje predeterminado aunque el resultado de sumar el Euribor y el diferencial pactado en el contrato fuera inferior a ese tipo de interés.

¿Qué asesoramiento presta el nuevo servicio?

  • Detección de cláusulas suelo:

El SOJ ayudará a la detección de cláusulas suelo. Para ello bastará con que cualquier consumidor acuda al servicio con su contrato hipotecario y la relación de pagos hipotecarios realizados.

  • Presentación de reclamaciones extrajudiciales:

El SOJ facilitará al usuario el formulario de la reclamación extrajudicial previa y toda la orientación jurídica necesaria para su presentación según lo establecido en el Real Decreto 1/2017, publicado en el BOE de 21 de enero de 2017.

  • Abogado de oficio:

Si la reclamación extrajudicial no concluye de manera satisfactoria y el consumidor decide iniciar un procedimiento judicial, el SOJ le informará si puede acceder al beneficio de justicia gratuita y, en caso afirmativo, le designará un abogado de oficio. Si no tiene derecho al beneficio de justicia gratuita, le indicará que puede acudir a un abogado de su libre designación.

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La ministra Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual

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Milagros Tolón niega irregularidades en el alquiler de su vivienda protegida en Toledo

La ministra de Educación asegura que pidió autorización a la Junta de Castilla-La Mancha y que cuenta con un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble, que adquirió en 1998.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha negado haber cometido irregularidades al alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo. La también exalcaldesa de la ciudad ha defendido que ha actuado siempre conforme a la normativa de Castilla-La Mancha y con total transparencia.

La polémica surge a raíz de una información publicada por Artículo14, que señala que Tolón estaría alquilando una vivienda protegida que, según las condiciones de este tipo de inmuebles, estaría destinada a servir como residencia de su propietaria.

Ante las preguntas de los periodistas, la ministra ha asegurado que compró la vivienda en 1998 y que se trata del único inmueble que posee. «Yo tengo una vivienda de hace 30 años, que efectivamente es mía desde el año 98», ha explicado, rechazando que exista intención de especular con el alquiler.

Tolón asegura que pidió autorización a la Junta

Uno de los principales argumentos de la ministra para defender la legalidad del arrendamiento es que, según ha explicado, solicitó autorización a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administración competente en materia de vivienda.

«Yo pedí en ese caso autorización en su momento», ha afirmado al ser preguntada por este asunto. Tolón no ha detallado si recibió una resolución administrativa favorable, aunque ha insistido en que el alquiler cumple las condiciones exigidas por la normativa.

Además, ha asegurado que dispone de un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble una vez transcurridos 14 años desde su adquisición.

«Totalmente, cumple todos los requisitos», ha respondido al ser preguntada por el cumplimiento de las exigencias legales.

La ministra defiende que declaró la vivienda y los ingresos

Tolón también ha rechazado que haya ocultado información sobre la propiedad o los ingresos derivados del alquiler. Según ha explicado, tanto la vivienda como las cantidades percibidas aparecen reflejadas en sus declaraciones oficiales.

«Siempre he actuado con transparencia, siempre he actuado en mi declaración de bienes desde hace muchos años», ha señalado. La ministra ha insistido en que el inmueble es su única vivienda y que su situación patrimonial puede comprobarse en la documentación presentada.

La exalcaldesa de Toledo ha reiterado que nunca ha existido una operación especulativa y que ha cumplido con las obligaciones que le corresponden como propietaria de una vivienda protegida.

La polémica sobre el alquiler de una VPO

El caso ha abierto el debate sobre las condiciones que regulan el alquiler de las viviendas de protección oficial y las autorizaciones necesarias para destinarlas a ese uso.

La cuestión central es determinar si el arrendamiento del inmueble de Tolón se ajusta a las condiciones bajo las que fue adquirido y a la normativa autonómica aplicable. La ministra sostiene que cuenta con respaldo jurídico y que solicitó permiso a la administración regional.

Por el momento, Tolón mantiene su defensa de la legalidad de la operación y niega cualquier irregularidad en el alquiler de la vivienda protegida que compró hace casi tres décadas.

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