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Acuerdo en València para bajar algunas terrazas de la acera a la calzada sin tener que cambiar la ordenanza

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El Ayuntamiento de València está barajando diferentes opciones para poder bajar las terrazas de bares y restaurantes de la acera a la calzada sin tener que cambiar la ordenanza municipal, un procedimiento que tardaría «meses», según ha explicado el consistorio este lunes.

La concejala de Espacio Público del Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, ha mantenido una segunda reunión de trabajo con representantes de la Unión Gremial, la Federación empresarial de hostelería de Valencia (FEHV) y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FFVV) para hablar de las medidas a tomar sobre terrazas en la desescalada.

La edil ha explicado durante este encuentro que el Ayuntamiento baraja opciones diferentes para poder llevar a cabo la medida de bajar las terrazas de la acera a la calzada sin tener que cambiar la ordenanza.

La situación provocada por la pandemia del Covid-19 ha supuesto una gran afectación a numerosos sectores productivos, sociales y estructurales. La Federación de Asociaciones Vecinales quiere mostrar su apoyo a la hostelería.

Entienden que el Sector de la Hostelería genera vida, impulso económico en los barrios y crea tejido social, por ello creen que es necesario impulsar medidas excepcionales desde el Ayuntamiento de apoyo a este sector.

Estas son las propuestas vecinales:

  • Que la comisión de diálogo sea un lugar de debate, de encuentro y de propuestas para mantener la viabilidad del sector en estos difíciles momentos, donde podemos realizar propuestas que ayuden a mantener, impulsar y remodelar sus necesidades para ser viables y compatibles con los derechos de la ciudadanía. Una vez puesta en marcha deberían establecerse los mecanismos de valoración en la Juntas municipales.
  • La ocupación del espacio público para cumplir las normas de lucha contra el virus ha de hacerse en espacios que no limiten la movilidad y paso de peatones. Reiteramos la propuesta de colocar las sillas y mesas que les correspondan en la calzada o zonas peatonales o ajardinadas, zonas ORA e incluso en algún carril bus a ciertas horas.
  • Crear y difundir conjuntamente campañas de proximidad, de consumo de calidad, de precios asequibles haciendo que la estancia sea agradable con la garantía de una vuelta segura.
  • Si se ocupa la calzada, se debería revisar y facilitar el uso de los garajes públicos para vecinas y vecinos y clientes.
  • Establecer mecanismos de pedidos on-line fomentando desde el propio establecimiento y de las asociaciones existentes esta forma de consumo.
  • Fomento del empleo de personas que esta situación puede haberlos sacado del mercado laboral, creando una bolsa de empleo por barrios
  • Establecimiento de mecanismos de fidelización de clientes a través de las organizaciones sociales, entre las que nos encontramos y ofrecemos, como movimiento ciudadano en todos los barrios, a impulsarlo junto a los establecimientos de hostelería.
  • Animar a que los hosteleros se impliquen más en el presente y futuro del barrio donde están, ya que son vecinos y vecinas que permanecen muchas más horas en el barrio que los propios residentes que trabajan en otros lugares; el rumbo de un barrio es el rumbo de los que tenemos nuestra vivienda, pero también de los comercios que aunque a las 20h cierren sus persianas y se vayan a sus domicilios, son parte fundamental de la vida de donde trabajan y su vecindad es clientela natural de esos establecimientos.
  • Ayudar a la remodelación y el cambio de la oferta evolucionando a las necesidades de la sociedad que quizá esta situación ha provocado: pedidos a domicilio, menús populares e incluso, los menús solidarios

Y cualquier propuesta que emane de los hosteleros, asociaciones vecinales, colectivos sociales o Ayuntamiento, como una iniciativa colaborativa de trabajo conjunto en los barrios donde los establecimientos de hostelería son parte importante de la vida de cada día y van a tener que atraer al cliente de proximidad, ya que el turismo tardará en volver a ser la principal fuente de ingresos de estos establecimientos.

El movimiento vecinal quiere, con estas iniciativas, manifestar el apoyo y complicidad a los hosteleros de forma comprometida siempre y más en estos momentos críticos y difíciles.

También queremos dejar constancia de algunas consideraciones importantes para la ciudadanía, que de algún modo ponen límite a situaciones no deseadas:

  • El aumento de espacio para asegurar la distancia social de seguridad no conlleva aumento de número de mesas.
  • Las medidas excepcionales que se tomen deben estar enmarcadas en periodos claramente delimitados, susceptibles de revisión.
  • Prioridad absoluta del peatón: garantizar espacio para peatones, personas de movilidad reducida…
  • Exposición en un lugar visible al público de la autorización, número de mesas, espacio autorizado…
  • Los horarios: invierno/verano no se deben modificar: el derecho al descanso debe primar ante otras consideraciones.
  • Las ZAS, puesto que están bajo sentencia judicial, no deben ser modificadas.
  • Insistimos en las grandes diferencias que hay entre los distintos barrios y pueblos de la ciudad, por lo que sería positivo poder trabajar desde esta premisa.
  • El uso de colindantes debe ser revisado en cada caso, evitando sobresaturación.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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