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VÍDEO| Se detectan más casos de adicción al móvil desde que se prohíbe su uso en centros educativos

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adicción móvil niños adolescentes

La prohibición de los teléfonos móviles en las aulas de los centros educativos implantada desde finales del curso pasado en la Comunitat Valenciana está permitiendo detectar más casos de adicción a estos u otros dispositivos electrónicos entre el alumnado valenciano.

Esta es una de las conclusiones de los «Diálogos Efe: Dispositivos móviles y convivencia en las aulas», organizado por la Agencia EFE junto con la Conselleria de Educación y 8 Mediterráneo, donde expertos de diferentes ámbitos han analizado los riesgos y los retos que representan los dispositivos móviles en el ámbito educativo.

Nerviosismo y ansiedad

La directora del IES La Murta de Alzira (Valencia), Lorena Bisbal, explica que esta medida está ayudando a visibilizar estos casos de adicción, ya que en su centro han detectado más alumnos con nerviosismo o que solicitan salir al cuarto de baño de forma constante.

También han observado «problemas de ansiedad debido a que quieren estar cien por cien conectados», lo que está facilitando derivar a estos alumnos al departamento de Orientación, informar a las familias y derivarlos posteriormente al médico familiar o a salud mental, dependiendo de la gravedad del caso.

Bisbal señala que los peores casos se dan, sobre todo, en niveles de Bachillerato, donde está más presente esta adicción al teléfono móvil.

Cuando se detecta un caso de adicción, se realiza una reunión del equipo de expertos, formada por el tutor, el profesor que lo ha detectado, los orientadores y la dirección del centro para establecer una serie de pautas.

Se entrevista al alumno y a la familia para explicarles que se ha detectado esa situación y que se va a aplicar un plan terapéutico inicial en el centro. Este plan se revisa semanalmente por el equipo de intervención y si funciona, se mantiene, y si no, se deriva al menor al sistema de salud.

La jefa de servicio de Inclusión Educativa de la Conselleria de Educación, Esmeralda Llorca, considera positivo este incremento de casos detectados, pues significa que los centros educativos están detectando estas situaciones de posible adicción en algunos alumnos y permite actuar y ponerle solución.

Señala que la Generalitat tiene un protocolo común para la detección de estas posibles conductas de adicción, y adelanta que el nuevo decreto de convivencia en el que se trabaja y las órdenes que lo desarrollarán profundizarán en estas cuestiones relacionadas con la salud mental, para actualizarlas a las necesidades actuales.

La Comunitat Valenciana prohíbe desde el pasado mes de mayo el uso de teléfonos móviles en los centros educativos no universitarios, y solo permite el uso de dispositivos móviles cuando está dentro de las programaciones de los docentes y controlado por el centro, o en casos excepcionales, cuando el director lo autoriza, bien por cuestiones de salud o justificadas.

VÍDEO| Se detectan más casos de adicción al móvil desde que se prohíbe su uso en centros educativos

Fomentar habilidades sociales

El psicólogo Enric Valls, especialista en pedagogía y acoso escolar, destaca que en los últimos años se han detectado cada vez más adicciones al móvil o a dispositivos electrónicos, por lo que entiende que la orden que prohíbe los teléfonos en el centro puede hacer aflorar más esas situaciones.

Valls ve positiva la prohibición pero advierte de que debe ir acompañada de sensibilización y concienciación, porque si al adolescente solo se le prohíbe se enfrentará a la prohibición con más fuerza.

«El éxito está en implicar a familias, profesorado y también al alumnado», afirma, y recuerda que estamos en un contexto donde el menor está o en la preadolescencia o la adolescencia, una etapa en la que «se ve por encima del adulto o de las normas».

En todo caso, destaca que si se limita la utilización del teléfono móvil, se potencian «habilidades sociales, como la empatía o la convivencia», así como «valores importantes, como el compañerismo», y también afecta a la autoestima y permite a los menores tener «momentos de calidad, mirar a los ojos al compañero o estar atentos».

En esta línea, la responsable de Inclusión Educativa defiende la importancia de «levantar la mirada», pues la sociedad «tiene la mirada centrada en una pantalla», y aboga por que los menores utilicen los dispositivos «cuando ya tienen una competencia de aprender a aprender, cuando ya tienen una competencia digital».

«Primero les tenemos que enseñar a tener una conciencia crítica, a poder analizar lo que están viendo, a saber cómo lo tienen que utilizar, y cuando hayamos trabajado eso, entonces trabajamos la competencia digital de otra manera», manifiesta.

El representante de la Asociación Desempantallados Gil María Campos advierte de que en aquellos centros educativos donde se obliga al alumnado a trabajar con dispositivos electrónicos en lugar de libros empeoran los casos de adicción o de dependencia, pues los menores no pueden dejar de estar conectados.

Además de las horas de escolarización, el menor debe seguir usando el dispositivo electrónico en casa para estudiar y trabajar pero, al final, «no es todo estudio».

De hecho, afirma Campos, «mayoritariamente no es estudio, se convierte en juegos y esos juegos acaban convirtiéndose en dependencia» y, según los profesionales, de esa dependencia, «hay casi un 5 % de personas que acaba en temas de adicción», asegura.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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