La prohibición de los teléfonos móviles en las aulas de los centros educativos implantada desde finales del curso pasado en la Comunitat Valenciana está permitiendo detectar más casos de adicción a estos u otros dispositivos electrónicos entre el alumnado valenciano.
Esta es una de las conclusiones de los «Diálogos Efe: Dispositivos móviles y convivencia en las aulas», organizado por la Agencia EFE junto con la Conselleria de Educación y 8 Mediterráneo, donde expertos de diferentes ámbitos han analizado los riesgos y los retos que representan los dispositivos móviles en el ámbito educativo.
Nerviosismo y ansiedad
La directora del IES La Murta de Alzira (Valencia), Lorena Bisbal, explica que esta medida está ayudando a visibilizar estos casos de adicción, ya que en su centro han detectado más alumnos con nerviosismo o que solicitan salir al cuarto de baño de forma constante.
También han observado «problemas de ansiedad debido a que quieren estar cien por cien conectados», lo que está facilitando derivar a estos alumnos al departamento de Orientación, informar a las familias y derivarlos posteriormente al médico familiar o a salud mental, dependiendo de la gravedad del caso.
Bisbal señala que los peores casos se dan, sobre todo, en niveles de Bachillerato, donde está más presente esta adicción al teléfono móvil.
Cuando se detecta un caso de adicción, se realiza una reunión del equipo de expertos, formada por el tutor, el profesor que lo ha detectado, los orientadores y la dirección del centro para establecer una serie de pautas.
Se entrevista al alumno y a la familia para explicarles que se ha detectado esa situación y que se va a aplicar un plan terapéutico inicial en el centro. Este plan se revisa semanalmente por el equipo de intervención y si funciona, se mantiene, y si no, se deriva al menor al sistema de salud.
La jefa de servicio de Inclusión Educativa de la Conselleria de Educación, Esmeralda Llorca, considera positivo este incremento de casos detectados, pues significa que los centros educativos están detectando estas situaciones de posible adicción en algunos alumnos y permite actuar y ponerle solución.
Señala que la Generalitat tiene un protocolo común para la detección de estas posibles conductas de adicción, y adelanta que el nuevo decreto de convivencia en el que se trabaja y las órdenes que lo desarrollarán profundizarán en estas cuestiones relacionadas con la salud mental, para actualizarlas a las necesidades actuales.
La Comunitat Valenciana prohíbe desde el pasado mes de mayo el uso de teléfonos móvilesen los centros educativos no universitarios, y solo permite el uso de dispositivos móviles cuando está dentro de las programaciones de los docentes y controlado por el centro, o en casos excepcionales, cuando el director lo autoriza, bien por cuestiones de salud o justificadas.
VÍDEO| Se detectan más casos de adicción al móvil desde que se prohíbe su uso en centros educativos
Fomentar habilidades sociales
El psicólogo Enric Valls, especialista en pedagogía y acoso escolar, destaca que en los últimos años se han detectado cada vez más adicciones al móvil o a dispositivos electrónicos, por lo que entiende que la orden que prohíbe los teléfonos en el centro puede hacer aflorar más esas situaciones.
Valls ve positiva la prohibición pero advierte de que debe ir acompañada de sensibilización y concienciación, porque si al adolescente solo se le prohíbe se enfrentará a la prohibición con más fuerza.
«El éxito está en implicar a familias, profesorado y también al alumnado», afirma, y recuerda que estamos en un contexto donde el menor está o en la preadolescencia o la adolescencia, una etapa en la que «se ve por encima del adulto o de las normas».
En todo caso, destaca que si se limita la utilización del teléfono móvil, se potencian «habilidades sociales, como la empatía o la convivencia», así como «valores importantes, como el compañerismo», y también afecta a la autoestima y permite a los menores tener «momentos de calidad, mirar a los ojos al compañero o estar atentos».
En esta línea, la responsable de Inclusión Educativa defiende la importancia de «levantar la mirada», pues la sociedad «tiene la mirada centrada en una pantalla», y aboga por que los menores utilicen los dispositivos «cuando ya tienen una competencia de aprender a aprender, cuando ya tienen una competencia digital».
«Primero les tenemos que enseñar a tener una conciencia crítica, a poder analizar lo que están viendo, a saber cómo lo tienen que utilizar, y cuando hayamos trabajado eso, entonces trabajamos la competencia digital de otra manera», manifiesta.
El representante de la Asociación Desempantallados Gil María Campos advierte de que en aquellos centros educativos donde se obliga al alumnado a trabajar con dispositivos electrónicos en lugar de libros empeoran los casos de adicción o de dependencia, pues los menores no pueden dejar de estar conectados.
Además de las horas de escolarización, el menor debe seguir usando el dispositivo electrónico en casa para estudiar y trabajar pero, al final, «no es todo estudio».
De hecho, afirma Campos, «mayoritariamente no es estudio, se convierte en juegos y esos juegos acaban convirtiéndose en dependencia» y, según los profesionales, de esa dependencia, «hay casi un 5 % de personas que acaba en temas de adicción», asegura.
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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.
Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.
El ‘Pujolismo’, ante los tribunales
Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.
La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.
El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.
Evaluación médica de Jordi Pujol
El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.
Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.
Un macrojuicio con más de 250 testigos
El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.
Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.
La amnistía fiscal y los fondos en Andorra
Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.
La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.
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