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Sucesos

Procesado por almacenar explosivos: «Las bombetas que se usan en Fallas son más peligrosas»

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Niños en Oviedo encerrados por sus padres en casa

El teniente coronel de la Guardia Civil retirado al que se juzga en València por almacenar grandes cantidades de explosivos de forma ilícita ha asegurado este lunes que «las bombetas que lanzan los niños en Fallas son más peligrosas» que sus materiales, según la catalogación oficial del Ministerio de Industria.

«En caso de iniciación accidental -de estos explosivos- su efecto no sale de la caja en la que van embalados. De hecho, está permitido llenar la bodega de un avión de pasajeros con ellos siempre que cada bulto no supere los 25 kilos. Tres días antes de este problema llevé 15 kilos a La Palma para volar dos rocas. Siempre he notificado a la Administración y nunca he tenido problemas», ha subrayado este procesado ante el juez.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha celebrado este lunes un juicio que había sido suspendido en varias ocasiones por la dificultad para citar a los investigados, que son padre e hijo.

Ambos se enfrentan a dos años de prisión como responsables de un delito de riesgo por materiales que puedan causar estragos y se reclama también que cada uno de los procesados abone una multa de 5.400 euros, así como que quede inhabilitado durante nueve años para ejercer como técnico, encargado, representante o director de ninguna empresa de material pirotécnico o explosivo.

Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, los procesados adquirían gran cantidad de nitrato potásico, perclorato potásico y magnesio que mezclaban en los talleres de una pirotecnia de Turís (Valencia) antes de trasladar las sustancias elaboradas en bidones metálicos hasta Paiporta.

El local donde almacenaban estos explosivos está rodeado por viviendas en sus cuatro flancos, frente a un parque público y en una de las principales vías de la localidad, subraya el fiscal.

Uno de los procesados poseía el carné de experto en manejo de artefactos pirotécnico y el otro, además de poseer la referida titulación, era un teniente coronel en la reserva que había sido responsable de la Intervención de Armas y Explosivos en la Guardia Civil.

Durante la entrada y el registro practicado en el local el 3 de diciembre de 2020, los agentes se incautaron de gran cantidad de producto elaborado y de material confeccionado para cargas explosivas.

En su declaración ante el juez, los procesados han explicado que han desarrollado su actividad en toda España con los informes, licencias y comunicaciones necesarias tanto al Ministerio de Industria como a la Guardia Civil y a las delegaciones del Gobierno durante al menos nueve años sin ningún problema, puesto que no se requiere vehículo especial ni medidas especiales de conservación para dichos materiales.

Estos materiales eran adquiridos en una empresa de Nules (Castellón), proveedora habitual de los pirotécnicos, según ha declarado el padre, y manipulados -mezclados e introducidos en cápsulas- en talleres de pirotecnia.

Estas cápsulas producen un gas que si se encuentra confinado estalla y es útil en la fractura de rocas u otros terrenos, han detallado los procesados.

«Nuestro producto terminado -las cápsulas- se servían por mensajería o las llevábamos nosotros mismos en una furgoneta de alquiler, no se requiere transporte especial. Las bombetas de Fallas tienen más riesgo que nuestro producto», han señalado.

De hecho, han insistido en que «no hay posibilidad de que detone». «En las demostraciones que hacemos a los clientes cogemos una cápsula de 50 o 100 gramos, echamos la mezcla al suelo y tratamos de incendiarla con un mechero para que vean que no explota. Si aplicamos más calor, con un periódico encendido, por ejemplo, la mezcla genera gases, concretamente dióxido de carbono, un poco de monóxido y sobre todo vapor de agua, que no es inocuo pero casi…».

Uno de los guardias civiles que ha sido citado por la Fiscalía como testigo ha contradicho a los procesados al afirmar que sí que habían tenido sanciones administrativas previas, y ha cifrado en unos 3.100 kilos de perclorato potásico y unos 750 de magnesio los materiales que manejaron en 2019 y 2020.

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Sucesos

Investigan a una joven por robar un móvil, suplantar una identidad y cometer una estafa a través de una falsa factura

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La Guardia Civil le atribuye delitos de hurto, usurpación de estado civil y estafa en la provincia de Valencia

La Guardia Civil investiga a una mujer de 22 años por presuntamente robar un teléfono móvil del interior de un vehículo y utilizarlo posteriormente para usurpar una identidad y cometer una estafa económica, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado oficial.

La investigación se inició tras la denuncia del hurto de un terminal móvil que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Apenas un día después del robo, la víctima recibió un mensaje en el que se le reclamaba el pago de una factura correspondiente a unas supuestas obras realizadas en su domicilio.

Tras recibir la factura, la denunciante efectuó el pago en el número de cuenta bancaria que figuraba en el documento, sin sospechar que se trataba de una estafa.

Descubren la estafa un mes después

Un mes más tarde, el verdadero propietario de la empresa que realizó las obras se puso en contacto con la víctima para reclamar el pago pendiente. Al enviarle el justificante de la transferencia, este confirmó que la cuenta bancaria no le pertenecía, lo que destapó el fraude.

Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron comprobar que el número de cuenta utilizado para recibir el dinero pertenecía a un familiar de la investigada, quien actuó de buena fe tras recibir un mensaje desde el móvil previamente sustraído, en el que se le solicitaba un número de cuenta bancaria. De este modo, la presunta autora utilizó a este familiar como una “mula” financiera para ocultar el rastro del dinero.

Coordinación entre puestos de la Guardia Civil

Para localizar a la sospechosa, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benaguasil se coordinaron con efectivos del Puesto de Montanejos (Castellón), logrando finalmente identificar a la presunta autora de los hechos.

La investigada es una mujer de 22 años y nacionalidad española, a la que se le atribuyen los delitos de hurto en el interior de vehículo, usurpación de estado civil y estafa.

Diligencias judiciales

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benaguasil, que ya han entregado las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Llíria, donde continuará el procedimiento judicial.

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