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Detenido el empresario que dio 100.000 euros a Alvise tras descubrirle una cuenta con 29 millones en Singapur

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Alvise Pérez

La UCO arresta a Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, por riesgo de fuga antes de declarar en la causa por la estafa piramidal de criptomonedas Madeira Invest Club

Madrid | 6 de noviembre de 2025

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves en el centro de Madrid al empresario Álvaro Romillo, conocido en redes como ‘Cryptospain’, por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La medida se produce ante el riesgo de fuga, tras descubrirse una cuenta con 29 millones de euros en Singapur vinculada al investigado.

Romillo debía declarar este viernes como imputado en la macroestafa piramidal de criptomonedas de su empresa Madeira Invest Club (MIC), un supuesto chiringuito financiero con miles de afectados en España. Según los informes de la UCO y la Agencia Tributaria, el dinero se ocultaba a través de la sociedad hongkonesa Lemus Trading Limited, controlada por el empresario.

Una fortuna oculta y vínculos con Alvise Pérez

La detención de Romillo se produce en el marco de la causa en la que también está imputado el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, tras confirmarse que el empresario le entregó 100.000 euros antes de las elecciones europeas de 2024. La Policía Nacional sostiene que esa cantidad sirvió para financiar de forma irregular parte de la campaña electoral del líder de Se Acabó La Fiesta, mientras que este afirma que el dinero fue el pago por una conferencia sobre libertad financiera.

El juez Calama acusa a Romillo de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones cifran en más de 260 millones de euros la cantidad captada a través de MIC, con cerca de 30.000 afectados. Los informes judiciales describen el entramado como “el eje de una estafa piramidal internacional” que prometía rentabilidades imposibles a través de inversiones en criptomonedas.

Riesgo de fuga y antecedentes recientes

Romillo fue arrestado en un hotel próximo a la calle Génova, en Madrid, un día antes de su citación judicial. Según fuentes de la investigación, el juez temía que el empresario abandonara España tras conocerse la existencia de su fortuna en Asia.

En verano de 2025, Romillo denunció un asalto violento en su domicilio, durante el cual —según su relato— fue obligado a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas y perdió un teléfono móvil que contenía conversaciones con Alvise Pérez.

👤 ¿Quién es ‘Alvise’?

Luis Pérez Fernández, más conocido como ‘Alvise’, es una figura mediática de la ultraderecha digital que ha ganado notoriedad en redes sociales por sus publicaciones polémicas. Recientemente fue elegido eurodiputado, convirtiéndose en uno de los fenómenos electorales de las pasadas elecciones europeas.

Quién es Alvise Pérez, el agitador de ‘Se acabó la fiesta’ logra tres escaños: “Vengo a reventar el sistema”

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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