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El Tribunal Supremo cita a ‘Alvise’ Pérez el 19 de junio por acoso en redes a la fiscal Susana Gisbert

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Alvise Pérez

Madrid, 5 de junio de 2025 – El Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo 19 de junio de 2025 a Luis ‘Alvise’ Pérez, eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), en calidad de investigado en la causa abierta por el presunto acoso a través de redes sociales contra la fiscal Susana Gisbert, delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia.

📌 Investigación abierta por acoso digital a una fiscal especializada en delitos de odio

La causa, instruida por el alto tribunal debido a la condición de aforado de Pérez como eurodiputado, se centra en diversas publicaciones en redes sociales en las que, presuntamente, Luis Pérez Gisbert (‘Alvise’) dirigió ataques personales e intimidatorios contra Susana Gisbert. La fiscal valenciana ha sido una de las voces más activas en la lucha contra los discursos de odio y la discriminación, y habría sido objeto de una campaña de acoso en línea promovida o amplificada por el dirigente de SALF.

📆 Segunda comparecencia ante el Supremo en una semana

Esta nueva citación se suma a otra ya señalada para el 6 de junio, en la que ‘Alvise’ deberá comparecer por otra causa relacionada con la difusión de un informe PCR falso durante la pandemia de Covid-19. En concreto, Pérez habría atribuido falsamente un resultado positivo al entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, con intención de dañar su reputación en plena crisis sanitaria.

💸 Presunta financiación ilegal de SALF: tercera causa judicial en el Supremo

Además de estas dos investigaciones, el Supremo mantiene una tercera causa abierta contra Alvise Pérez por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y delitos electorales. Esta investigación se deriva de las declaraciones del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, quien habría entregado 100.000 euros al partido Se Acabó La Fiesta (SALF) para financiar su campaña en las elecciones europeas de 2024.

Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos relacionados con criptomonedas y fraude financiero, ha declarado que el dinero fue transferido a SALF sin control legal ni justificación contable, lo que habría encendido las alarmas del Supremo sobre un posible delito de financiación ilícita.

Fuentes de la defensa de Pérez han confirmado que el eurodiputado tiene intención de acudir al Tribunal Supremo tanto el 6 como el 19 de junio para declarar voluntariamente en ambas causas. La estrategia de su defensa se centrará en argumentar el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad política legítima, aunque los indicios recogidos por la Fiscalía podrían complicar su situación procesal.

👤 ¿Quién es ‘Alvise’?

Luis Pérez Fernández, más conocido como ‘Alvise’, es una figura mediática de la ultraderecha digital que ha ganado notoriedad en redes sociales por sus publicaciones polémicas. Recientemente fue elegido eurodiputado, convirtiéndose en uno de los fenómenos electorales de las pasadas elecciones europeas.

Quién es Alvise Pérez, el agitador de ‘Se acabó la fiesta’ logra tres escaños: “Vengo a reventar el sistema”

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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