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Le piden 3 años de cárcel por amenazas de muerte a Pedro Sánchez en Twitter

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amenazas de muerte a Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Archivo
València, 13 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- Las amenazas de muerte a Pedro Sánchez a juicio este jueves.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia tiene previsto enjuiciar este jueves a un hombre de 51 años para quien la Fiscalía reclama tres años de prisión por haber amenazado de muerte mediante mensajes en Twitter al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional detectó el 18 de junio de 2018 comentarios emitidos el día anterior por el perfil del procesado en los que amenazaba con matar a Sánchez, al que llamaba “rojo bastardo”, y aseguraba que si el presidente “profanaba la tumba de Franco”, lo ejecutaría.

El procesado también publicó: “Franco saldrá de su tumba pero Pedro Sánchez entrará en otra”.

Amenazas de muerte a Pedro Sánchez

La Fiscalía, que considera a este hombre responsable de un delito de odio, también solicita la retirada de las redes sociales de los contenidos de odio emitidos por el procesado.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público detalla cómo el acusado mencionó el perfil en Twitter del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, @sanchezcastejon, una cuenta a la que seguían entonces 883.000 usuarios (actualmente 1,6 millones), al responderle para tener así una mayor visibilidad.

Los investigadores averiguaron que el procesado accedió a internet desde la urbanización La Cañada, en Paterna (Valencia), y desde otro domicilio de esta misma localidad en el momento de publicar sus amenazas.

Cárcel y retirada de comentarios

Además de la pena de tres años de prisión y la retirada de los comentarios publicados en Twitter, el fiscal reclama una multa de 3.000 euros y la inhabilitación para ejercicio de profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por el periodo de seis años, así como el pago de las costas procesales.

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El Tribunal Supremo ordena a la familia Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

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El Tribunal Supremo de España ha decidido por unanimidad que la familia Franco debe devolver al Estado el Pazo de Meirás, confirmando la sentencia previamente dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña. La decisión pone fin a décadas de disputas legales sobre la propiedad de este emblemático inmueble.

La sentencia y sus fundamentos

La Audiencia Provincial de La Coruña ya había resuelto que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. Los hermanos Martínez-Bordiú Franco debían devolver la posesión del inmueble, con derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados durante su tiempo de posesión, ya que no se les consideraba poseedores de mala fe.

El Tribunal Supremo ha confirmado todos los puntos de la sentencia, desestimando los recursos presentados por la familia Franco y otros afectados. Según la Sala Primera:

  • Desde 1938, el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no podían considerarse dueños legítimos.

  • No ha transcurrido el plazo legal de treinta años para adquirir la propiedad por prescripción.

  • No existió ninguna desafectación tácita que despojara al inmueble de su carácter de bien de dominio público.

  • La familia Franco conservará el derecho a indemnización por gastos realizados de buena fe durante su posesión, conforme al Código Civil.

Un caso histórico que concluye

Con esta decisión, el Pazo de Meirás pasará a titularidad pública, cerrando un capítulo histórico que se extendió durante décadas. Este fallo refleja la importancia de la protección de los bienes de dominio público y consolida la recuperación de un patrimonio histórico para el Estado.

El Tribunal Supremo confirma así plenamente la resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña, subrayando la buena fe de los poseedores y el derecho a la compensación económica, pero reafirmando que la propiedad pertenece al Estado.

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