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Ana Botella y su equipo, condenados a pagar 23 millones de euros por la venta de pisos públicos a ‘fondos buitre’

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El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones euros por la venta de pisos públicos a ‘fondos buitre’ por debajo de su precio de mercado en el año 2013, según ha avanzado la Cadena Ser.

La sentencia concluye que deben asumir la responsabilidad contable de una venta que resultó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas.

El Tribunal ha cifrado en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y declara responsables contables directos a su entonces máximo responsable, Fermín Oslé, a la entonces alcaldesa Ana Botella y a todos los concejales del equipo de gobierno Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, quienes deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.

La sentencia detalla, además, numerosas irregularidades del proceso como un precio por debajo de mercado, ausencia de informes técnicos, concursos poco transparentes, etc.

Por su parte, los condenados ya han anunciado que recurrirán. «La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid», han señalado a Europa Press fuentes ‘populares’ después de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal de Cuentas, que, como han indicado, «no comparten», al tiempo que han recordado que la Fiscalía de este tribunal ya solicitó la desestimación de esta demanda «al no apreciar responsabilidad contable».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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