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Ana Julia Quezada deja de ser investigada y pasa a “víctima” en la trama de corrupción sexual en la cárcel de Brieva

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Ana Julia Quezada intentó envenenar a su compañera de celda

La Audiencia de Ávila cambia el estatus de la reclusa condenada por el asesinato de Gabriel Cruz tras declarar sobre supuestos abusos por parte de funcionarios penitenciarios

En un giro inesperado del caso, la Audiencia Provincial de Ávila ha decidido cambiar la condición procesal de Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño Gabriel Cruz, de investigada a «perjudicada u ofendida» en la presunta trama de corrupción y favores sexuales ocurrida en la prisión de Brieva.

Este cambio se produce tras su declaración ante el tribunal, en la que reconoció haber mantenido relaciones con un funcionario penitenciario bajo presión y a cambio de beneficios.


⚖️ ¿Por qué Ana Julia Quezada ha pasado de investigada a víctima?

La clave de este cambio de rumbo judicial reside en que la Audiencia considera que «la situación de los internos frente a los funcionarios es similar a la de los menores de edad en términos de vulnerabilidad», especialmente en lo que respecta a la indemnidad sexual.

Según el tribunal, Quezada «ostentaría la condición de sujeto pasivo» dentro de una relación de poder desequilibrada.

El abogado de Quezada ha sostenido que su clienta fue “víctima de abusos de poder” y que, si se comprueba que existieron delitos por parte de los funcionarios, ella sería perjudicada y no responsable.


🕵️ La trama: funcionarios investigados por favores sexuales

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila abrió diligencias tras detectar una presunta red de favores sexuales y corrupción en la cárcel de Brieva. Se investiga si funcionarios del centro entregaron productos prohibidos —como perfumes, cerveza, chocolate o incluso un móvil— a Quezada a cambio de relaciones sexuales.

Una interna y actual pareja de Ana Julia declaró que ésta había mantenido relaciones sexuales con varios funcionarios del centro penitenciario.


📱 Grabaciones, chantajes y amenazas

Un informe elaborado por la directora de la prisión de Brieva alertó a Instituciones Penitenciarias de posibles chantajes por parte de Quezada. Según el documento, la interna aseguró tener un móvil con vídeos del funcionario Santiago en ropa interior dentro de su celda.

“Amenazó con difundir las imágenes y denuncias por violación”, recoge el informe.
“Ella ya lo tiene todo perdido y quiere hundir al centro”, habría dicho la reclusa, según la directora.

Estas amenazas, en un principio, motivaron la apertura de una investigación contra Quezada. Sin embargo, con las nuevas pruebas y declaraciones, ahora se plantea que esas amenazas podrían haber sido una reacción de una persona sometida a presión o coacción.


🧑‍⚖️ El papel de los funcionarios investigados

Tanto un funcionario de prisiones como un cocinero del centro penitenciario de Brieva son los principales investigados en la causa. Ambos niegan los hechos, especialmente las relaciones sexuales consentidas o forzadas con Quezada. El cocinero ha declarado «rotundamente» que no mantuvo relaciones con la interna.

 

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CASO OSVALDOS: Una expareja del exgerente del General revela que creó empresa con contratos al hospital y cobraba “bajo su gestión”

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El juicio del conocido como caso Osvaldos ha dado un giro importante tras la declaración de una de las acusadas, expareja de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de València. Según su testimonio, Blasco creó una empresa pantalla que recibió contratos públicos del propio hospital y de la que cobraba, pese a no figurar oficialmente en ella.

La acusada aseguró que Blasco manejaba «todo» en la empresa, aunque legalmente no apareciera como responsable. “Le identifiqué en los documentos como ‘X’, porque así me lo pidió. Me dijo que su nombre no debía figurar en la sociedad”, afirmó durante su declaración ante la Audiencia de València.

La empresa Identiart y su relación con el hospital

La sociedad en cuestión, llamada Identiart, fue constituida con dinero del propio Blasco, según la testigo, pero figuraban como titulares ella misma, su hermana y su padre. A pesar de eso, era el exgerente quien decidía qué trabajos se aceptaban, cuándo se facturaban y a quién se subcontrataban. “Sergio daba siempre las instrucciones. Yo no tomaba decisiones sin su aprobación”, añadió.

La empresa llegó a recibir adjudicaciones del Hospital General de València y también de otras entidades privadas. Además, habría actuado como intermediaria para canalizar pagos de otras compañías involucradas en la supuesta trama de desvío de fondos.

Un entramado de empresas bajo sospecha

El caso Osvaldos investiga un entramado empresarial que, presuntamente, desvió fondos públicos mediante adjudicaciones fraudulentas durante los años 2005 y 2014. En el banquillo de los acusados se encuentran, además de Blasco, su hermano y otros empresarios vinculados a los contratos del hospital.

Identiart, según el auto judicial, formaría parte de esa red de empresas utilizadas para desviar fondos desde la sanidad pública hacia intereses personales y privados. El funcionamiento consistía en adjudicar contratos a empresas controladas por los acusados y luego realizar subcontrataciones que permitían mover el dinero de forma opaca.

Una gestión en la sombra

Durante su testimonio, la expareja de Blasco reveló que el exgerente supervisaba incluso la contratación de personal. “Él me pidió contratar a una secretaria y se encargaba de revisar todos los trabajos, tanto los del hospital como los externos. Me decía cuándo entrar y salir de la empresa, y todo se le consultaba a él”, afirmó.

También explicó que, cuando fue interrogada durante la instrucción, ocultó la verdadera identidad de la ‘X’ en los documentos por miedo y presión. “Me recomendaron que no dijera nada. El abogado de Blasco se puso en contacto con mi abogada para sugerir que guardara silencio”, declaró.


 

 

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