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Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para Camps por los contratos de Gürtel

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MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de dos años y medio de prisión para el expresidente del Consell Francisco Camps por delitos de fraude y prevaricación administrativa en el caso de los supuestos amaños en la adjudicación de la Generalitat a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009.

Tras una instrucción de algo menos de un año en la Audiencia Nacional, Camps fue procesado a principios de este mes una vez que el juez José de la Mata constató que existe «un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market».

Aunque el magistrado proponía juzgar al expresidente por un delito de prevaricación, también dejaba la puerta abierta a una imputación más amplia en esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’, ya que hasta ese momento le había investigado también por fraude. Y estos son precisamente los dos delitos que Anticorrupción ha incluido en su escrito de acusación.

Para el procesamiento y acusación del exdirigente ‘popular’ ha sido determinante la declaración que prestó en sede judicial el que fuera máximo dirigente de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso ‘el Bigotes’, ya que dio detalles sobre «las circunstancias, la forma, el tiempo y el modo en que tal influencia directa se produjo y la participación que Camps tuvo en la misma», en palabras de De la Mata.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. La perfecta desconocida

    18 junio, 2019 en 4:19 pm

    ¿y los técnicos comiéndose penas de 7 años o más? Esto es insultante

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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