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Apagón en España: qué implica el nivel 3 de emergencia activado en ocho comunidades autónomas

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Apagón en España

El Gobierno de España ha decretado el nivel 3 de emergencia en ocho comunidades autónomas tras el apagón eléctrico masivo ocurrido el lunes 28 de abril de 2025 a las 12:30 horas. Esta decisión, formalizada mediante una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afecta a Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana.

¿Qué es el nivel 3 de emergencia y por qué se ha activado?

El nivel 3 de emergencia es la máxima clasificación dentro del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo eléctrico. Se activa cuando un incidente tiene un impacto grave y generalizado en servicios esenciales, y requiere coordinación estatal y asunción del mando por parte del Gobierno central. En este caso, el apagón afectó al sistema eléctrico peninsular, alterando el funcionamiento de transportes, centros sanitarios, comunicaciones, y servicios financieros en amplias zonas del país.

La activación de este nivel permite movilizar recursos del Estado, coordinar a todos los cuerpos de seguridad y emergencias, y garantizar la respuesta unificada ante una situación crítica como la caída masiva del suministro eléctrico.

Consecuencias del apagón y zonas afectadas

Durante las primeras horas del apagón, millones de personas se vieron afectadas por la interrupción de la electricidad. En ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla se produjeron cortes en el transporte público, fallos en sistemas de semáforos, y suspensión de servicios ferroviarios como Cercanías y Metro. Hospitales y centros escolares también activaron protocolos de contingencia.

Aunque el suministro se ha ido restableciendo progresivamente, la situación sigue siendo compleja en algunas zonas, especialmente en las líneas de transporte ferroviario y algunos servicios digitales.

Coordinación institucional ante una emergencia nacional

La declaración de emergencia de interés nacional implica que el Ministerio del Interior asume la dirección de la gestión de la crisis. Además, se han convocado reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Ministros para evaluar las causas del apagón y tomar medidas preventivas.

Mientras se investiga el origen exacto del fallo eléctrico, Red Eléctrica ha confirmado que no se trata de un ciberataque, sino de una pérdida súbita de generación eléctrica en la región suroeste de la península, lo que provocó oscilaciones críticas en la red y la desconexión automática del sistema con Francia.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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