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Aparece una carabela portuguesa en la Malvarrosa y un «posible ejemplar» en El Saler

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VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) –

La Concejalía de Playas en el Ayuntamiento de València ha confirmado este miércoles que ayer martes se detectó un ejemplar de carabela portuguesa en la playa de la Malvarrosa y ha señalado que esta jornada se ha localizado un «posible ejemplar» de este misma especie en la playa de El Saler.

Así lo ha indicado la titular de este departamento municipal, la concejala Pilar Soriano, que ha destacado que «el protocolo que se está siguiendo en todas las playas del Mediterráneo es crear la alerta a partir de que aparezca la segunda medusa».

Soriano se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras firmar un acuerdo con CaixaBank para garantizar el baño en las playas de València a personas con discapacidad, preguntada por la localización de una carabela portuguesa en La Malvarrosa.

La responsable municipal ha afirmado, en este sentido, que la ciudadanía «puede estar tranquila» porque «todos los medios del Ayuntamiento, junto con los de Cruz Roja, están vigilando el mar» para detectar si aparecen nuevas carabelas portuguesas en las playas del término municipal de València e informar al respecto.

«Actualizaremos toda la información en la página web», ha afirmado la edil, que ha subrayado que sería «a partir de dos» ejemplares localizados cuando se comenzaría «a poner la bandera roja» para «impedir el baño y avisar a la población de que no puede bañarse».

Pilar Soriano ha explicado que este martes «se encontró antes de las 20.00 horas un ejemplar» en la Malvarrosa, tras lo que «se peinó toda la zona». La concejala ha afirmado que «no se encontró ningún otro ejemplar» y ha señalado que este miércoles por la mañana «se ha vuelto a hacer exactamente el mismo procedimiento» sin que se haya dado «otra situación» similar.

«NO HAY UN BANCO»
Igualmente, la titular de playas ha apuntado que esta misma mañana se ha detectado «un posible ejemplar en El Saler» y que se está pendiente de la confirmación definitiva. «Estamos pendientes», ha aseverado.

Soriano ha agregado que no se cree que haya un banco de carabelas portuguesas en el entorno de las playas de la capital valenciana y ha apuntado la posibilidad de que algún ejemplar se haya acercado. «Pensamos que no hay un banco. Es posible que alguna medusa haya aparecido», ha declarado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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