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Aprobada la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo

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Pedro Sánchez ha conseguido prorrogar por cuarta vez el estado de alarma hasta el 24 de mayo. La medida ha salido adelante, según lo previsto, gracias al apoyo de Cs, PNV y los partidos regionalistas frente a la abstención de PP, Bildu, Navarra Suma y el BNG. Vox, ERC, Junts, Cup y Foro han votado en contra.

El Pleno del Congreso ha autorizado este miércoles, 6 de mayo, en sesión plenaria una cuarta prórroga del estado de alarma hasta las 00,00 horas del 24 de mayo, tras la solicitud aprobada por el Consejo de Ministros, que declaró dicho estado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. Posteriormente, ha sido prorrogado en tres ocasiones con la autorización de la Cámara Baja, por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril y 492/2020, de 24 de abril. Tras someterse a una nueva votación, la solicitud de prórroga ha quedado aprobada con 178 votos a favor, 75 votos en contra y 97 abstenciones.

El debate ha comenzado con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender dicha solicitud. A continuación, han comparecido los representantes de los Grupos Parlamentarios: Pablo Casado, por el G.P. Popular; Santiago Abascal, por el G.P. VOX; Jaume Asens, por el G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común; Gabriel Rufián, por el G.P. Republicano; Laura Borrás (JxCat), Íñigo Errejón (Más País), Joan Baldoví (Compromís) y Nestor Rego (BNG), por el G.P. Plural; Inés Arrimadas, por el G.P. Ciudadanos; Aitor Esteban, por el G.P. Vasco EAJ-PNV; Mertxe Aizpurua, por el G.P. Euskal Herria Bildu; Mireia Vehí (CUP), Ana Oramas (CC), Carlos García Adanero (UPN), Isidro M. Oblanca (Foro Asturias), José María Mazón (PRC), Pedro Quevedo (NC) y Tomás Guitarte (Teruel Existe) por el G.P. Mixto; y Adriana Lastras por el G.P. Socialista. Tras ellos, ha vuelto a intervenir el presidente del Gobierno y a continuación han tomado nuevamente la palabra, en el turno de réplica, los representantes de los Grupos Parlamentarios, cerrando el debate el presidente del Gobierno.

Concluido el debate se han votado las propuestas de resolución que, de acuerdo con la previsión constitucional, habían presentado los Grupos Parlamentarios Mixto (Foro Asturias), de Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV), Ciudadanos y Plural (BNG, Compromís, Más País y Junts per Catalunya) para modificar el alcance o las condiciones vigentes durante la prórroga.

Finalmente han sido aprobadas las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV con 181 votos a favor, 150 en contra y 18 abstenciones. Se trata de un paquete con cuatro adiciones que modifican las condiciones de la prórroga del estado de alarma y que, entre otras cuestiones, permite la celebración de elecciones a Parlamentos de Comunidades Autónomas aunque esté vigente el estado de alarma; asegura que los municipios que constituyen enclaves reciban el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que ésta pertenezca a una Comunidad Autónoma distinta; y contempla que durante el proceso de desescalada el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos.

Por su parte, han sido rechazadas las propuestas de resolución de los Grupos Mixto, Euskal Herria Bildu, Ciudadanos y Plural.

Tras la votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha suspendido durante una hora y media la sesión para que los diputados que no se encuentren de forma presencial puedan emitir telemáticamente sus votos sobre la solicitud de autorización de prórroga del estado de alarma con las nuevas condiciones. El Pleno se reanudará a las 18:15h.

Solicitud de Prórroga

En la solicitud de autorización para la prórroga remitida al Congreso, el Gobierno argumenta que, «a la luz de los principales indicadores disponibles, de la experiencia adquirida a nivel nacional, de la experiencia en otros países y del conocimiento aportado por los expertos en el ámbito sanitario y epidemiológico, se considera oportuno avanzar en la desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y económica».

«La progresión de las medidas, o su eventual regresión, se determinará en función de la evolución de diversos indicadores, tanto sanitarios como epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. Además, estas medidas podrán aplicarse en ámbitos territoriales concretos, ya sea la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en el proceso de
desescalada», continúa.

En este nuevo escrito de solicitud de autorización para la prórroga, el Ejecutivo contempla la posibilidad de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad», acuerde «la progresión de las medidas de desescalada» para un territorio concreto, de acuerdo con las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. En el marco de estas decisiones, las personas podrán desplazarse por un territorio concreto (provincia, isla o unidad territorial de referencia), sin perjuicio de las excepciones justificadas para los desplazamientos entre territorios. En todo caso, en estos «desplazamientos deberán respetarse las instrucciones de las autoridades sanitarias».

A esta solicitud de prórroga, de acuerdo con la previsión constitucional que establece que los grupos pueden presentar propuestas para modificar el alcance o las condiciones vigentes durante la prórroga, se han presentado propuestas de resolución de los grupos parlamentarios Mixto (Foro Asturias), de Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV), Ciudadanos y Plural (BNG, Compromís, Más País y Junts per Catalunya), que se someterán a votación antes de que la Cámara decida sobre la prórroga del estado de alarma.

Procedimiento

La declaración del Estado de alarma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución, corresponde al Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y por un plazo máximo de quince días. La Constitución determina que el Ejecutivo dará cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

El Reglamento del Congreso, en su artículo 162, desarrolla este precepto constitucional y añade que «cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al presidente del Congreso una comunicación a la Cámara, que el jefe del Ejecutivo expuso ante el Pleno el pasado día 22 de abril.

El Gobierno necesita la autorización del Congreso para prorrogar el estado de alarma más allá de los primeros días de vigencia, y tendrá que producirse antes de que expire este plazo de quince días, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116. 2 de la Constitución.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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