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Arranca la ‘batalla’ para liderar el PP

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Desde que Mariano Rajoy anunció su dimisión han surgido muchos nombres para su sustitución. De momento, estas son las personas que también han confirmado su candidatura para presidir el Partido Popular.

Durante los días 20 y 21 de julio está programado un congreso extraordinario en el que se anunciará quien toma del mando del PP. De momento, estos son los nombres confirmados a liderar el Partido Popular:

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría acaba de presentar su candidatura para presidir el Partido Popular: «Soy una militante más y me presento con humildad» ha declarado.

Entre 2011 y 2018 se desempeñó como vicepresidenta y ministra de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy. Ha sido portavoz del Gobierno de España, entre 2011 y 2016, y desde 2016 hasta 2018, sumó al ministerio de la Presidencia, la cartera de Administraciones Territoriales.

En la anterior legislatura ocupó la vicepresidencia, el Ministerio de la presidencia y la portavocía del gobierno; esta última competencia pasó a Íñigo Méndez de Vigo en la formación del gobierno de la actual legislatura.

Anteriormente, había ocupado el cargo de secretaria ejecutiva de Política Territorial del Partido Popular y un escaño de diputada por Madrid durante la VIII Legislatura (2004-2008). En la IX Legislatura fue designada por Mariano Rajoy como la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, en sustitución de Eduardo Zaplana.1

María Dolores Cospedal
María Dolores de Cospedal fue la candidata por el Partido Popular (PP) en las elecciones de 2007 a la presidencia de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, quedando su grupo parlamentario en la oposición tras los referidos comicios autonómicos y locales, aunque logró una mejora considerable con respecto a los anteriores comicios.

Posteriormente, en las elecciones de 2011, consiguió el 48,13 % de los votos, llevando al Partido Popular de Castilla-La Mancha a la mayoría absoluta. Por primera vez en la historia de la democracia, el PP lograba gobernar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la que fue presidente José Bono desde 1983 hasta 2004 y José María Barreda hasta 2011. En las elecciones de 2015, volvió a ser la fuerza más votada con el 37,49% de los votos, quedándose a un escaño de la mayoría absoluta. A pesar de la victoria, un pacto entre el Partido Socialista y Podemos la desbancó del gobierno regional.

El 3 de noviembre de 2016 fue nombrada ministra de Defensa por Mariano Rajoy.

JOSÉ LUIS BAYO

Imagen: EuropaPress

El valenciano José Luis Bayo ha anunciado su candidtura y ha defendido que la suya es una candidatura «sin mochilas de absolutamente nada» además de contar con las «manos limpias» para abordar la regeneración que piden los militantes. En concreto ha presentado 350 avales.

Bayo, de 40 años, es abogado de profesión y milita en el PP de Valencia desde los 17.En 2016, disputó la presidencia del PP de Valencia con Isabel Bonig, quien ganó. Bayo no encajó esa derrota y acusó a su rival de “no jugar limpio”. Incluso llegó a interponer un recurso contra Bonig por presuntas irregularidades en el congreso del PP valenciano, que fue desestimada por el juez.

 

JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ
José Ramón García Hernández es diputado nacional del PP por Ávila y en la mañana del lunes ha anunciado su candidatura para ser el nuevo presidente nacional en sustitución de Rajoy.
Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y diplomado en Altos Estudios de la Defensa por CESEDEN.

Es secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. En abril de 2014 accedió al Congreso por la provincia de Ávila en sustitución de Ignacio Astarloa,​ y fue reelegido en 2015 y 2016.

 

PABLO CASADO
Es vicesecretario de Comunicación del PP, nació en la ciudad de Palencia el 1 de febrero de 1981. De padre médico y madre profesora universitaria.

Comenzó sus estudios de derecho en el ICADE (integrado en la Universidad Pontificia Comillas) en 1999, pero se cambió de centro,​ matriculándose en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, un centro privado de titularidad de una fundación de la Comunidad de Madrid y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el que finalmente obtuvo la licenciatura tras aprobar en septiembre de 2007.3​4​ Se colegió como abogado en Madrid en noviembre de 2007.5

Entre 2005 y 2013 presidió las juventudes de la organización territorial del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, conocidas como Nuevas Generaciones (NNGG).​En 2007 efectuó un viaje iniciático a Cuba, similar al efectuado posteriormente por su lugarteniente en las NNGG madrileñas Ángel Carromero,nota 1​ donde se reunió con disidentes del castrismo como Oswaldo Payá, y del que dejó testimonio en artículos publicados en el medio digital Libertad Digital y el diario El Mundo.

Entre 2007 y 2014 cursó el grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos.11​ También añadió a su formación académica diversos estudios y títulos de post-grado,nota 2​nota 3​ todos ellos obtenidos a la par del ejercicio de diversos cargos públicos.

 

JOSÉ MANUEL GARCÍA MARGALLO
Es un político español, miembro del Partido Popular. Fue ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el 4 de noviembre de 2016, si bien desde el 20 de diciembre de 2015 fue en calidad de ministro en funciones.

Anteriormente fue miembro del Parlamento Europeo desde 1994, donde desempeñaba el cargo de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios desde 1999. Además, ha sido condecorado con la Gran Cruz del Mérito Civil (1982) y la Orden del Mérito Constitucional (1983).

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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