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Aznar llama “farsante” a Sánchez por sus cinco días de reflexión

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Aznar llama “farsante” a Sánchez por sus cinco días de reflexión
El expresidente del Gobierno José María Aznar durante su intervención este lunes en las jornadas Memoria y Legado de la Transición, de la Universidad Cardenal Herrera CEU. EFE/ Manuel Bruque

València, 6 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de ser “un farsante” y ha lamentado la “declinante influencia” política española en estos últimos años, máxime tras el “bochorno internacional” de su “reflexión” sobre si dimitía o no.

“Yo no renuncié ningún día a ser presidente del Gobierno”, ha reivindicado Aznar durante las jornadas “Memoria y Legado de la Transición” organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera de València y en las que este miércoles participará el también expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Aznar ha criticado que los cinco días de reflexión de Sánchez “han sido una gran farsa” que “solo pueden estar organizadas por un farsante”. “Me cuesta decirlo, pero es la verdad. Hace falta ser un gran farsante para mentir de la manera que lo ha hecho”, ha enfatizado.

«Sánchez es una especie de caudillo populista»

Por ello, el exdirigente del PP ha resaltado que Sánchez “ha cruzado una línea” y quien lo hace “se convierte en una especie de caudillo populista, más alejado de un jefe de Gobierno y más cerca de un autócrata populista”.

Asimismo, ha recalcado que ese “punto y aparte” anunciado por el socialista es “sobre todo un punto y aparte ante la libertad de los jueces, los medios de comunicación, la oposición y todo aquel que no esté de acuerdo” con él.

Para Aznar este es “el momento más delicado (en España) desde la Transición” precisamente en un momento en el que “la influencia política es declinante, disminuida”, tras décadas en las que este país fue “ejemplo de transición para las repúblicas iberoamericanas, tuvo proyección en Oriente Medio y en el norte de África o confianza con Estados Unidos, pero hoy eso ya no está”.

“Es una de las cosas que más me duelen como expresidente, sobre todo a alguien que ha prestado mucha importancia a la proyección internacional”, ha comentado.

Aznar ha recalcado que “lo que ha pasado estas semanas -tras la carta de Sánchez- ha sido un bochorno internacional, una vergüenza recogida en todo el mundo”.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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