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Batet y Montón, dos ministras que se mantuvieron fieles a Pedro Sánchez

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MADRID/VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) –

Las socialistas Meritxell Batet y Carmen Montón, futuras ministras del Gobierno de Pedro Sánchez, fueron miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE en la primera etapa de Sánchez como secretario general y se mantuvieron fieles al líder cuando los críticos que se rebelaron y propiciaron la dimisión de la mitad de su Ejecutiva para tumbarle.

Batet y Montón se mantuvieron entonces fieles a Sánchez y no dimitieron, pero aun así Sánchez terminó sucumbiendo ante los críticos y presentó su renuncia en el dramático Comité Federal del 1 de octubre.

En las primarias del año pasado, Batet se posicionó del lado de la candidatura de Patxi López, mientras que Montón no apoyó de manera clara a ningún candidato frente a otro.

Otro dato curioso es que la elegida por Sánchez para hacerse con la cartera de Hacienda, la consejera andaluza María Jesús Montero, en el Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2004, fue uno de los tres miembros de la comisión de garantías del partido que emitieron por su cuenta un informe en el que consideraban disuelta la Ejecutiva de Sánchez con la dimisión de 17 de sus miembros, un informe que los ‘sanchistas’ no reconocieron como legítimo.

Según fuentes del entorno de Sánchez, el presidente ha elegido a Montero por su profundo conocimiento en materia presupuestaria. Además, se la considera una persona con criterio propio en el partido, cuya trayectoria política no está ligada exclusivamente a Susana Díaz.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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