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Blasco obtiene el tercer grado penitenciario

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El exconseller ‘popular’ Rafael Blasco, condenado por el fraude en las ayudas a la cooperación a seis años y medio de cárcel, ha obtenido el tercer grado penitenciario tras haber cumplido tres años y siete meses de la condena y tener los requisitos para acceder al régimen de semilibertad, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Así lo propuso la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent donde cumple condena y lo ha concedido la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), de acuerdo con las mismas fuentes. En este caso, Blasco cumplió la mitad de su condena en septiembre de 2018. El resto del tiempo que le queda hasta liquidarla –termina en diciembre de 2021– lo cumplirá en el Centro de Inserción Social (CIS) que determine IIPP.

El exconseller tiene otro juicio pendiente, el resto de piezas de Cooperación, junto a otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. La vista está señalada a partir del 15 de abril.

En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo «medio-alto» de reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que hacía que los hechos fueran «especialmente reprobables».

«ALARMA SOCIAL»
Además, la sala alegaba la «alarma social» que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el «más mínimo intento» de paliar las «graves consecuencias económicas» a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión, ya en diciembre de 2017.

Fuente: Europapress

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Muere Noelia Castillo tras recibir la eutanasia en Cataluña después de casi dos años de batalla

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Noelia eutanasia
Noelia, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia. Antena 3

La joven de 25 años culmina su solicitud de muerte asistida tras casi dos años de batalla legal

Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que había solicitado la eutanasia, ha fallecido este jueves tras recibir la muerte asistida en el centro sociosanitario Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), poniendo fin a un largo proceso judicial que se ha prolongado durante casi dos años.

La joven, que presentaba una discapacidad del 74% tras un intento de suicidio en 2022, fue acompañada por familiares y amigos, aunque decidió permanecer sola durante el procedimiento.

Un caso que reabre el debate sobre la eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo ha generado un intenso debate social, político y ético sobre los límites de la eutanasia en España, especialmente en situaciones relacionadas con el sufrimiento psicológico y los trastornos mentales.

Su historia adquirió gran repercusión mediática tras una entrevista televisiva en la que explicó públicamente su decisión y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida.

Cómo se realiza el procedimiento de eutanasia

La eutanasia se llevó a cabo siguiendo el protocolo sanitario vigente en España. Un equipo médico no objetor de conciencia confirmó previamente que la paciente mantenía su voluntad firme de continuar con el proceso.

El procedimiento contempla dos modalidades principales:

  • Administración intravenosa (la más habitual)
  • Ingesta oral de medicación

Ambas opciones están reguladas dentro de la ley de eutanasia en España.

Intentos judiciales para frenar la eutanasia

El padre de la joven trató de paralizar el procedimiento hasta el último momento. Sin embargo, un juzgado de Barcelona rechazó su petición al considerar que la capacidad de decisión de Noelia había sido avalada en múltiples instancias judiciales.

El caso recorrió prácticamente todo el sistema judicial español:

  • Juzgado Contencioso-Administrativo nº12 de Barcelona
  • Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
  • Tribunal Supremo
  • Tribunal Constitucional

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también rechazó suspender la eutanasia.

Una vida marcada por el sufrimiento

La joven había relatado episodios traumáticos, incluidas agresiones sexuales, y padecía trastornos de salud mental como trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo.

En octubre de 2022 intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso. Aunque sobrevivió, sufrió una lesión medular irreversible que le provocó paraplejia y dolor neuropático crónico.

Desde entonces, residía en un centro sociosanitario y dependía de cuidados asistenciales continuos.

Reacciones sociales y concentraciones

Durante la jornada, varios colectivos se concentraron a las puertas del centro sanitario, entre ellos asociaciones contrarias a la eutanasia, grupos religiosos y representantes políticos.

También se celebraron actos de oración en distintas ciudades bajo el lema “Noelia, no estás sola”.

Las reacciones han sido diversas:

  • Colectivos a favor de la eutanasia defienden el derecho a una muerte digna
  • Organizaciones contrarias alertan sobre las implicaciones éticas

Un precedente en la eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo se convierte en uno de los procesos de eutanasia más judicializados en España, marcando un precedente relevante.

La resolución reafirma que una persona con plena capacidad de decisión puede acceder a la eutanasia incluso frente a la oposición de familiares, siempre que cumpla los requisitos establecidos por la ley.

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