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Bloc i País pide la liberación de los ‘Jordis’ y del resto de presos políticos «un año después del bochorno»

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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) – Bloc i País (BiP), corriente soberanista del Bloc Nacionalista Valencià –formación integrada en Compromís–, ha pedido la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart al considerar que «un año después, todavía es más penetrante el bochorno de un proceso judicial que no se sostiene en ninguna parte y la deriva autoritaria y antidemocrática del Estado español a la hora de abordar sus problemas nacionales».

Los líderes de las asociaciones civiles Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC), respectivamente, se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, acusados de rebelión y sedición por las manifestaciones del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, recuerda BiP en un comunicado.

El coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez y Capilla, ha argumentado al respecto que «si cualquier democracia, para definirse como tal, tendría que enfrentar estos problemas desde la política y no desde la represión, el hecho que los ‘Jordis’ estén acusados de una violencia absolutamente inexistente desacredita el sistema judicial español y los poderes del Estado para garantizar un juicio justo e imparcial».

«Un año después, también hemos visto que se ha confirmado lo que todos ya sabíamos cuando España encarceló a los ‘Jordis’: en cualquier otro estado de la Unión Europea serían personas libres, como se ha demostrado con los casos de los exiliados», ha recalcado.

A pesar de ello, ha lamentado que «es triste constatar cómo estos hechos no han hecho reflexionar a la clase política española, que ha continuado degradando más y más su democracia en nombre de una unidad nacional que siempre han puesto por encima de la voluntad de las personas y los pueblos que lo tendrían que conformar».

CAMBIO DE 180 GRADOS
Ante esta situación, el coordinador de BiP ha reivindicado que «hace falta que el Estado español haga un cambio de rumbo de 180 grados en el enfoque de este problema».

«Empezando por el Gobierno, que es quien ha guiado y mandado en las actuaciones de la Fiscalía», ha subrayado, para instar a que «liberen a los presos políticos, que solo lo están por una voluntad de venganza y castigo ejemplar».

En la misma línea, ha reclamado al Ejecutivo central que dialogue e inicie con el Gobierno de Cataluña un referéndum de autodeterminación para «dar una salida democrática y negociada a un conflicto que es estrictamente político».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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