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Bloc i País pide la liberación de los ‘Jordis’ y del resto de presos políticos «un año después del bochorno»

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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) – Bloc i País (BiP), corriente soberanista del Bloc Nacionalista Valencià –formación integrada en Compromís–, ha pedido la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart al considerar que «un año después, todavía es más penetrante el bochorno de un proceso judicial que no se sostiene en ninguna parte y la deriva autoritaria y antidemocrática del Estado español a la hora de abordar sus problemas nacionales».

Los líderes de las asociaciones civiles Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC), respectivamente, se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, acusados de rebelión y sedición por las manifestaciones del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, recuerda BiP en un comunicado.

El coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez y Capilla, ha argumentado al respecto que «si cualquier democracia, para definirse como tal, tendría que enfrentar estos problemas desde la política y no desde la represión, el hecho que los ‘Jordis’ estén acusados de una violencia absolutamente inexistente desacredita el sistema judicial español y los poderes del Estado para garantizar un juicio justo e imparcial».

«Un año después, también hemos visto que se ha confirmado lo que todos ya sabíamos cuando España encarceló a los ‘Jordis’: en cualquier otro estado de la Unión Europea serían personas libres, como se ha demostrado con los casos de los exiliados», ha recalcado.

A pesar de ello, ha lamentado que «es triste constatar cómo estos hechos no han hecho reflexionar a la clase política española, que ha continuado degradando más y más su democracia en nombre de una unidad nacional que siempre han puesto por encima de la voluntad de las personas y los pueblos que lo tendrían que conformar».

CAMBIO DE 180 GRADOS
Ante esta situación, el coordinador de BiP ha reivindicado que «hace falta que el Estado español haga un cambio de rumbo de 180 grados en el enfoque de este problema».

«Empezando por el Gobierno, que es quien ha guiado y mandado en las actuaciones de la Fiscalía», ha subrayado, para instar a que «liberen a los presos políticos, que solo lo están por una voluntad de venganza y castigo ejemplar».

En la misma línea, ha reclamado al Ejecutivo central que dialogue e inicie con el Gobierno de Cataluña un referéndum de autodeterminación para «dar una salida democrática y negociada a un conflicto que es estrictamente político».

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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