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Bloc i País pide la liberación de los ‘Jordis’ y del resto de presos políticos «un año después del bochorno»

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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) – Bloc i País (BiP), corriente soberanista del Bloc Nacionalista Valencià –formación integrada en Compromís–, ha pedido la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart al considerar que «un año después, todavía es más penetrante el bochorno de un proceso judicial que no se sostiene en ninguna parte y la deriva autoritaria y antidemocrática del Estado español a la hora de abordar sus problemas nacionales».

Los líderes de las asociaciones civiles Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC), respectivamente, se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, acusados de rebelión y sedición por las manifestaciones del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, recuerda BiP en un comunicado.

El coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez y Capilla, ha argumentado al respecto que «si cualquier democracia, para definirse como tal, tendría que enfrentar estos problemas desde la política y no desde la represión, el hecho que los ‘Jordis’ estén acusados de una violencia absolutamente inexistente desacredita el sistema judicial español y los poderes del Estado para garantizar un juicio justo e imparcial».

«Un año después, también hemos visto que se ha confirmado lo que todos ya sabíamos cuando España encarceló a los ‘Jordis’: en cualquier otro estado de la Unión Europea serían personas libres, como se ha demostrado con los casos de los exiliados», ha recalcado.

A pesar de ello, ha lamentado que «es triste constatar cómo estos hechos no han hecho reflexionar a la clase política española, que ha continuado degradando más y más su democracia en nombre de una unidad nacional que siempre han puesto por encima de la voluntad de las personas y los pueblos que lo tendrían que conformar».

CAMBIO DE 180 GRADOS
Ante esta situación, el coordinador de BiP ha reivindicado que «hace falta que el Estado español haga un cambio de rumbo de 180 grados en el enfoque de este problema».

«Empezando por el Gobierno, que es quien ha guiado y mandado en las actuaciones de la Fiscalía», ha subrayado, para instar a que «liberen a los presos políticos, que solo lo están por una voluntad de venganza y castigo ejemplar».

En la misma línea, ha reclamado al Ejecutivo central que dialogue e inicie con el Gobierno de Cataluña un referéndum de autodeterminación para «dar una salida democrática y negociada a un conflicto que es estrictamente político».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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