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Valencia

Fin de la imposición del valenciano o sectarismo: la ley educativa pasa su primer debate

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Fin imposición valenciano
Vista general del hemiciclo de Les Corts Valencianes durante el debate parlamentario de cinco leyes de gran peso político sobre materias como la memoria histórica, el plurilingüismo, la Agencia Antifraude o la gestión de la televisión autonómica con las que el PP y Vox dan el primer paso de lo que supondrá la columna vertebral de su programa de gobierno en la Comunitat Valenciana. EFE/Manuel Bruque

València, 17 abr (OP-EFE).- La nueva ley educativa que impulsan el PP y Vox ha vivido este miércoles su primer debate en el pleno de Les Corts, donde los socios de gobierno han defendido que acabará con «la imposición del valenciano» en las aulas y la oposición la llevará a los tribunales por «sectaria» y buscar eliminar esta lengua en los colegios.

La denominada proposición de ley reguladora de la libertad educativa derogará la ley de Plurilingüismo de 2018, que fijó un mínimo del 25 % en castellano y valenciano a todo el alumnado, para volver al modelo de las dos líneas, establecer el derecho de las familias a elegir la lengua base y dar certificaciones automáticas del valenciano al cursar la materia.

En la defensa de la propuesta, el diputado del PP Juanfran Pérez Llorca ha indicado que el objetivo es que se tengan en cuenta las singularidades de la Comunitat Valenciana, donde ningún territorio se sienta «discriminado, como hasta ahora», tras ocho años de «imposición» del valenciano, que quieren cambiar por su «promoción».

El diputado del PP ha acusado a la izquierda de «generar rechazo a una lengua muy bonita, que se tiene que cuidar», lo que no se puede hacer con «imposición», y ha replicado a las acusaciones de la oposición de que esta ley es una «infamia» que «infamia es negar que los padres puedan votar la elección de la lengua» en que estudian sus hijos.

La diputada de Vox Julia Llopis ha afirmado que este ley «antepone el interés del alumno y la libertad de las familias por encima de cualquier interés político» y frente a la «descomunal imposición lingüística»; respeta «por igual» el valenciano y el castellano; y evitará las «barreras lingüísticas» para el alumnado que llega de otros países.

Por el contrario, el socialista José Luis Lorenz ha reprochado que PP y Vox busquen «instaurar el pensamiento único» y quitar oportunidades a los niños y niñas «eliminando el valenciano de las aulas», pues con esta ley el alumnado no tendrá los mismos derechos, porque no conseguirá tener las mismas oportunidades.

Ha recordado que el proyecto lingüístico de cada centro lo determina el consell escolar, en el que están representadas las familias; ha criticado que se quiera volver al modelo de antes de 2015, basado «en la segregación»; y ha asegurado que el objetivo es hacer desaparecer de las aulas el valenciano, la principal seña de identidad de los valencianos.

El diputado de Compromís Gerad Fullana ha afirmado que medio millón de alumnos dejarán de estudiar valenciano gracias a esta ley «de confrontación, de la vergüenza y racista», contra la que lucharán en los tribunales, y ha acusado a PP y Vox de impulsar con ella la «segregación» del valenciano, porque no les gusta lo que «huele» a esta lengua.

Tras el debate, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha señalado en los pasillos de Les Corts que van a cambiar el modelo de «inmersión lingüística», que ha conllevado que cada vez se use menos en la calle el valenciano, a uno «equilibrado», en el que no será la Conselleria quien «decida» la lengua base de la enseñanza, sino los padres.

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis
Hospital General de València en imagen de archivo - GVA - Archivo

La compañía aseguradora de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años que falleció por una pancreatitis aguda tras permanecer 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica continuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación presentada por la asociación El Defensor del Paciente, cuyos letrados, Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, han logrado que ambas aseguradoras asuman la compensación económica por los daños causados.


36 horas en un box sin seguimiento médico

Según detalla la asociación en un comunicado, la paciente permaneció en un box de Urgencias desde las 00:12 horas del día de su ingreso hasta las 07:32 horas del día siguiente, momento en el que se certificó su fallecimiento.

Durante ese periodo, denuncian que no consta registro de constantes vitales, analíticas ni nuevas exploraciones médicas, más allá de la evaluación inicial realizada a su llegada al hospital.

El acuerdo se ha producido en el marco de un procedimiento administrativo tras interponerse una reclamación patrimonial contra la sanidad pública por presunta negligencia médica.


Ingreso sin cama disponible y falta de atención

Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias con síntomas como dolor abdominal, vómitos y sensación de hinchazón.

Tras las primeras pruebas, entre ellas una ecografía abdominal, se detectó litiasis biliar y se diagnosticó una pancreatitis aguda biliar, por lo que se ordenó su ingreso hospitalario.

Sin embargo, ante la falta de camas disponibles, la paciente permaneció en el área de Urgencias a la espera de traslado y tratamiento.

Según la asociación, durante ese tiempo la mujer estuvo “36 horas esperando atención” y finalmente falleció sola en el box sin que ningún profesional sanitario advirtiera la situación a tiempo.


Una patología que requiere vigilancia intensiva

La pancreatitis aguda puede evolucionar de forma leve o grave. En los casos más severos, puede provocar inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo multiorgánico, con tasas de mortalidad que superan el 30%.

Por ello, este tipo de pacientes requiere monitorización constante, uso de escalas pronósticas y tratamiento intensivo precoz para evitar complicaciones.

La asociación denuncia que no se aplicaron estos protocolos básicos, lo que, a su juicio, derivó en una muerte evitable.


Denuncian “inacción” y falta de atención mínima

El Defensor del Paciente considera que la fallecida tenía “altas expectativas de curación”, pero que la falta de atención sanitaria le privó de recibir el tratamiento necesario.

“La paciente fue abandonada en un box de Urgencias sin la supervisión mínima exigible”, subraya la entidad, que insiste en que este tipo de situaciones son evitables con un seguimiento básico de los pacientes ingresados.

Asimismo, recalcan que no es aceptable que durante más de un día ningún profesional sanitario se acercara a valorar su estado, lo que consideran una grave negligencia asistencial.

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