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Valencia

Botellón, ruido, droga y prostitución: la pesadilla vecinal de València

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València, 18 oct (EFE).- La pesadilla de los vecinos de València tiene nombre y apellidos y genera serios problemas de convivencia. Botellón, ruido, suciedad, droga y prostitución extienden sus tentáculos por barrios, distritos y pedanías, agravados los últimos años ante una Administración con «buenas palabras» y «pocos hechos».

Así lo detalla a EFE la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, que añade que la «ingente» ocupación del dominio público por las terrazas se suma a estos problemas con los que lidian los vecinos y que, a su juicio, «son una realidad que hay que tratar barrio a barrio».

«Es una pesadilla», admite la dirigente vecinal, que habla de que pasear es una «carrera de obstáculos» por las mesas y sillas de las terrazas e insta a la Administración a «trabajar conjuntamente y pasar de las palabras a los hechos», además de reconocer que los problemas «ya existían, pero se han agravado en los últimos años».

EL BOTELLÓN, UN CLÁSICO AGRAVADO POR LA PANDEMIA

La acumulación de bares y terrazas, unido a la venta de «alcohol barato» ha propiciado un aumento desorbitado del botellón en la plaza de Honduras, con la suciedad, el ruido y el vandalismo que ello conlleva, según el portavoz de su asociación de vecinos, Toni Pau.

«La solución no es solo policial, hay que inspeccionar las terrazas y hacer efectivas las sanciones. Que se cumpla la normativa de espacio público y ruido», apunta para sentenciar: «No podemos ser el Magaluf de València».

La misma situación viven en la plaza del Cedro, donde el botellón se desplazó después de que se «blindaran» los espacios de la universidad que usaban los jóvenes y, especialmente tras decaer el toque de queda. Ahora son un espacio de «ruido, suciedad y un buen nicho de venta de droga y de robos, que desatan la violencia».

Según relata a EFE la secretaria de la asociación vecinal, Pilar Page, las noches y madrugadas de jueves, viernes y sábado sufren roturas de telefonillos, coches y jardines, botellas rotas y orines y vómitos en entradas de garajes, patios y escaleras y «la policía no actúa». Por eso pide que les «busque otra ubicación donde no molesten» porque tampoco hay que «pasar el problema a otro barrio».

Tampoco se libran del «dichoso botellón» en Benimaclet, donde ha empeorado en los últimos años, afirma a EFE el portavoz de la asociación de vecinos, Paco Guardeño, que anuncia que van a retomar la comisión sobre el ocio responsable de antes del confinamiento y de no erradicarlo, llevarán a cabo «movilizaciones y protestas».

«Es triste que la Policía tenga que gastar recursos en tener un retén parado toda la madrugada», apunta, e incide en que durante tres noches sufren «ruido y suciedad» y destaca los problemas que genera de «insomnio, nervios y ansiedad» en los vecinos.

DROGAS Y PROSTITUCIÓN, OTRA LACRA VECINAL

El «abandono» al que ha sometido la Administración al barrio de Orriols, unido a los pisos vacíos que dejó la crisis, lo ha llenado de «okupas que delinquen, tráfico de drogas, peleas y gente incívica que no respeta las instalaciones», denuncia la portavoz de la plataforma Orriols en lucha, Maricarmen Tarín.

Cuenta a EFE que tras meses de reclamarlo, se reunieron con el alcalde, Joan Ribó, y representantes de varias concejalías para pedir «una intervención integral en el barrio, con más presencia policial pero también actuaciones en vivienda, sociales, urbanísticas y comerciales».

Confía en que a finales de octubre se celebre la segunda sesión de la mesa interconcejalía que se creó y avanzar con «intervenciones más contundentes» porque ahora el barrio «no invita a vivir aquí ni a abrir un negocio».

La Asociación de vecinos Malva-Rosa (Amics de la Malva) está en plena campaña de movilización -en la última salieron a la calle 4.000 vecinos de un barrio de 15.000- por la situación de «degradación del barrio asociada al aumento de la venta y trapicheo de droga», señala a EFE su portavoz, Pau Díaz.

«Es un problema complejo y las demandas son amplias. Queremos un plan integral, desde más policía hasta servicios públicos, la urbanización de los descampados y zonas abandonadas, que se pare el mercado de la droga y que haya medidas sociales y culturales», detalla.

La prostitución y la droga «corren con bastante fluidez» en el barrio de Velluters, en pleno barrio chino, en el distrito de Ciutat Vella, asegura a EFE el presidente de la asociación de vecinos, Ricardo Burguete, quien lamenta «las molestias y peleas que generan» y que «llevan aguantando toda la vida».

Apunta como solución que se lleven a las prostitutas -antes mayoritariamente españolas y ahora de Europa del este, africanas y latinas- «a un lugar en las afueras de la ciudad» porque los cursillos de reintegración de las mujeres «no tuvieron éxito» y es difícil «acabar con un negocio que da mucho dinero».

LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS, EL NEGOCIO EN CIUTAT VELLA

Desde Amics del Carme, su portavoz, Toni Casola, lamenta a EFE la «terciarización» del distrito, que incluye los barrios de Velluters, Xerea, Seu, Carme y Mercat, donde «las actividades de ocio y turismo asfixian el carácter residencial» y donde «prácticamente todos los patios tienen apartamento turísticos» y hay 44.000 m2 de solares.

Detalla que esta realidad les lleva a sufrir ruido, suciedad, inseguridad y molestias a diario, además de criticar «la gran cantidad de terrazas y el espacio público que ocupan», con lugares que incluso la Policía califica como «zona de guerra», así como la presión del tráfico rodado.

«Exigimos diálogo real a la Administración sobre los problemas. Las consultas y la participación vecinal son como un teatro; no nos escuchan. Dicen que no hay recursos pero tampoco imaginación», reprocha mientras anuncia que, además de movilizaciones y campañas con pancartas, irán a la Justicia para que «se cumplan las normas».

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Valencia

El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita

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El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/ Biel Alino/Archivo

La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.

Una gestión inexcusable

Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.

Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.

La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.

Mentiras, contradicciones y silencio

Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.

Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.

Las víctimas, traicionadas

No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.

No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.

La única salida digna: la dimisión

Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.

Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.

Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.

Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad compartida

Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.

La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.

La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.

Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir.
Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.

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