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Valencia

Bravo recuerda que se aumentarán los controles en las Fallas

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València, 31 ago (EFE).- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, han mantenido este martes una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad anti COVID-19 en los 18 municipios que celebrarán fiestas falleras a partir de mañana y han recordado que se incrementará el control de medidas anti-COVID y que la vacuna no exime de cumplir las normas.

Mientras la consellera de Justicia ha advertido de que las Fuerzas de Seguridad estarán «vigilantes» para evitar la celebración de fiestas no autorizadas y la proliferación de botellones, la de Sanidad ha insistido en que no hay que desprenderse de la mascarilla a la hora de compartir mesa y «espacios de confianza».

En el encuentro también ha participado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de representantes de municipios donde se celebran actos falleros.

Gabriela Bravo ha asegurado que se ha alertado a los ayuntamientos para que «actúen de manera preventiva para evitar concentraciones» de personas sin medidas preventivas. De esta forma, el incremento de los efectivos policiales se destinará al control de los aforos, así como para evitar falta de medidas preventivas en los actos públicos y, sobre todo, la proliferación de botellones.

En este sentido, Gabriela Bravo ha asegurado que el Consell «confía en la responsabilidad y en la complicidad del mundo fallero, que se ha preparado con agentes COVID para que se cumplan las medidas acordadas en los protocolos y resoluciones de las autoridades sanitarias», porque «estas no van a ser unas fallas típicas y lo sabemos», pero «queremos ser ejemplo para celebrar estas fallas con responsabilidad».

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado que «el hecho de tener administrada la pauta completa de la vacuna no significa que debamos dejar el 100% de nuestra protección a la misma, sino que tenemos que estar vigilantes y atentos para no descuidarnos».

Por ello, de cara a los próximos días festivos, Barceló ha manifestado que «debemos mantener las medidas de protección, la mascarilla, la distancia social y no relajarnos en estos días que vienen donde habrá una mayor interrelación social, ya que vamos a compartir mesa y espacios de confianza»; y ha insistido en «la importancia de no desprendernos de la mascarilla en esos ambientes más relajados, porque tenemos que protegernos y cuidarnos todos».

Bravo ha recordado que es necesario «extremar la precaución» y «cumplir a rajatabla las medidas de seguridad establecidas», en especial, en nueve de los 18 municipios que van a celebrar las fiestas falleras de 2020 aplazadas por la COVID-19.

En concreto, las localidades de Alcàsser, Burjassot, Quart de Poblet, Catarroja, Gilet, Xirivella, Torrent y València se encuentran en riesgo alto de incidencia de la pandemia mientras que Gandia está en riesgo extremo. En riesgo medio están Turís, Rocafort, Montcada, Mislata, Sagunt, Aldaia y Faura y, en riesgo bajo, Pego y Enguera.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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