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Valencia

Bravo recuerda que se aumentarán los controles en las Fallas

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València, 31 ago (EFE).- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, han mantenido este martes una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad anti COVID-19 en los 18 municipios que celebrarán fiestas falleras a partir de mañana y han recordado que se incrementará el control de medidas anti-COVID y que la vacuna no exime de cumplir las normas.

Mientras la consellera de Justicia ha advertido de que las Fuerzas de Seguridad estarán «vigilantes» para evitar la celebración de fiestas no autorizadas y la proliferación de botellones, la de Sanidad ha insistido en que no hay que desprenderse de la mascarilla a la hora de compartir mesa y «espacios de confianza».

En el encuentro también ha participado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de representantes de municipios donde se celebran actos falleros.

Gabriela Bravo ha asegurado que se ha alertado a los ayuntamientos para que «actúen de manera preventiva para evitar concentraciones» de personas sin medidas preventivas. De esta forma, el incremento de los efectivos policiales se destinará al control de los aforos, así como para evitar falta de medidas preventivas en los actos públicos y, sobre todo, la proliferación de botellones.

En este sentido, Gabriela Bravo ha asegurado que el Consell «confía en la responsabilidad y en la complicidad del mundo fallero, que se ha preparado con agentes COVID para que se cumplan las medidas acordadas en los protocolos y resoluciones de las autoridades sanitarias», porque «estas no van a ser unas fallas típicas y lo sabemos», pero «queremos ser ejemplo para celebrar estas fallas con responsabilidad».

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado que «el hecho de tener administrada la pauta completa de la vacuna no significa que debamos dejar el 100% de nuestra protección a la misma, sino que tenemos que estar vigilantes y atentos para no descuidarnos».

Por ello, de cara a los próximos días festivos, Barceló ha manifestado que «debemos mantener las medidas de protección, la mascarilla, la distancia social y no relajarnos en estos días que vienen donde habrá una mayor interrelación social, ya que vamos a compartir mesa y espacios de confianza»; y ha insistido en «la importancia de no desprendernos de la mascarilla en esos ambientes más relajados, porque tenemos que protegernos y cuidarnos todos».

Bravo ha recordado que es necesario «extremar la precaución» y «cumplir a rajatabla las medidas de seguridad establecidas», en especial, en nueve de los 18 municipios que van a celebrar las fiestas falleras de 2020 aplazadas por la COVID-19.

En concreto, las localidades de Alcàsser, Burjassot, Quart de Poblet, Catarroja, Gilet, Xirivella, Torrent y València se encuentran en riesgo alto de incidencia de la pandemia mientras que Gandia está en riesgo extremo. En riesgo medio están Turís, Rocafort, Montcada, Mislata, Sagunt, Aldaia y Faura y, en riesgo bajo, Pego y Enguera.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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