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Bruselas anuncia que la vacunación en la UE arrancará el 27 de diciembre

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Bruselas, 17 dic (EFE).- La vacunación contra el coronavirus arrancará en la Unión Europea (UE) el próximo 27 de diciembre, siempre que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe el prototipo de Pfizer-BionTech el día 21.

«Es el momento de Europa. El 27, 28 y 29 de diciembre empezará la vacunación a través de la UE. Protegemos a nuestros ciudadanos primero», escribió en Twitter la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea había expresado la víspera, en la Eurocámara, su deseo de que los veintisiete Estados miembros de la UE empezaran el mismo día.

«Iniciemos lo antes posible con la vacunación, juntos, como Veintisiete, comenzando el mismo día», había dicho la alemana en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, en la rueda de prensa diaria de la institución, el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, precisó que «no es tan importante el día como que sea un esfuerzo coordinado».

«La entrega empezará el 26 (…) y a continuación hace falta que cada Estado se organice. Lo importante es que sea un esfuerzo coordinado (…). Es absolutamente normal que haya un poco de espacio para lanzar la vacunación», declaró.

El portavoz confirmó asimismo que la campaña de vacunación anunciada por Von der Leyen en las redes sociales sólo tendrá lugar siempre que la EMA haya concedido la «autorización condicional de mercado» a la vacuna el 21 y la Comisión, como responsable, autorice en los dos o tres días sucesivos la distribución del medicamento en la Unión Europea.

Sexta vacuna

Por otro lado, la Comisión Europea anunció también un nuevo contrato con un laboratorio que desarrolla una vacuna contra el Sars-CoV-2.

«Buenas noticias. La Comisión Europea ha concluido hoy sus conversaciones exploratorias con la compañía Novavax para la compra de su vacuna potencial contra la Covid-19, que dará a los Estados miembros (de la UE) la posibilidad de comprar 100 millones de dosis y una opción de 100 millones más», dijo en rueda de prensa el portavoz comunitario Stefan de Keersmaecker.

El futuro acuerdo con ese laboratorio estadounidense, aún por formalizar, se añade a una «amplia cartera» de vacunas que ha ido construyendo la Comisión, que se ha procurado contratos y opciones de prototipos de vacunas en desarrollo para eventualmente poder vacunar a más del doble de los 447 millones de ciudadanos de la UE.

El Ejecutivo comunitario ha firmado ya con Pfizer-BionTech (EEUU/Alemania) Astrazeneca-Oxford (Reino Unido), Johnson & Johnson (EEUU), CureVac (Alemania) y Moderna (EEUU).

Por ahora, sólo Pfizer-BionTech y Moderna han solicitado a la EMA la aprobación de sus prototipos y esa agencia ha anunciado que dará su opinión sobre la primera el 21 de diciembre y sobre la segunda a inicios de enero como muy tarde.

Una vez la EMA vaya aprobando las distintas vacunas las dosis se entregarán a los Estados miembros simultáneamente y en función de su población.

Una vez protegida la población europea la UE donará el excedente de vacunas a países de los Balcanes occidentales y otros vecinos.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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