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CaixaBank rebaja a 6.750 las salidas de trabajadores por el ERE

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Barcelona, 29 jun (EFE).- La dirección de CaixaBank ha presentado un nueva propuesta a los sindicatos que rebaja a 6.750 el número de salidas previstas por el ERE frente a las 6.950 de la oferta anterior y a las 8.291 anunciadas inicialmente, según ha informado la entidad.

La empresa ha planteado también medidas de movilidad geográfica y funcional para que las salidas se produzcan, siempre que sea posible, «maximizando la voluntariedad».

Los sindicatos están estudiando la nueva propuesta de la dirección en el último día de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que coincide con una jornada de huelga organizada por los representantes de los trabajadores.

Las salidas planteadas son 1.541 menos que las anunciadas inicialmente. De esta cifra, 686 se mantienen como recolocaciones en empresas filiales del grupo CaixaBank y el resto son disminuciones en la estimación de excedente.

La dirección ha planteado también medidas de movilidad geográfica y funcional, lo que supondría que en aquellos territorios o áreas de los servicios corporativos donde las solicitudes de adhesión voluntaria no completen los cupos de salidas, se ofrecerá la posibilidad de que algunos empleados cambien de provincia o de función, con el fin de compensar aquellas zonas o áreas en las que haya más peticiones de salida voluntaria.

Además, se ofrecen 355 nuevas posiciones de gestores del servicio digital ‘inTouch’ en algunas provincias, que se deslocalizan para facilitar las salidas voluntarias.

Según la entidad, la nueva propuesta también mejora algunas de las compensaciones ofrecidas para los empleados que salgan de la entidad, como que se añaden primas de voluntariedad de hasta 28.000 euros para empleados a partir de 54 años o que el convenido especial con la Seguridad Social para empleados de 52 y 53 años se pagará hasta cumplir los 63 años.

Para el resto de empleados se mantiene la compensación de 40 días por año trabajo con límite de 36 mensualidades, aunque podrán acceder a primas de mayor cuantía: 15.000 euros para trabajadores que lleven más de 6 años en la entidad y 4.000 euros para los que no tengan esa antigüedad.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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