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CaixaBank rebaja a 6.750 las salidas de trabajadores por el ERE

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Barcelona, 29 jun (EFE).- La dirección de CaixaBank ha presentado un nueva propuesta a los sindicatos que rebaja a 6.750 el número de salidas previstas por el ERE frente a las 6.950 de la oferta anterior y a las 8.291 anunciadas inicialmente, según ha informado la entidad.

La empresa ha planteado también medidas de movilidad geográfica y funcional para que las salidas se produzcan, siempre que sea posible, «maximizando la voluntariedad».

Los sindicatos están estudiando la nueva propuesta de la dirección en el último día de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que coincide con una jornada de huelga organizada por los representantes de los trabajadores.

Las salidas planteadas son 1.541 menos que las anunciadas inicialmente. De esta cifra, 686 se mantienen como recolocaciones en empresas filiales del grupo CaixaBank y el resto son disminuciones en la estimación de excedente.

La dirección ha planteado también medidas de movilidad geográfica y funcional, lo que supondría que en aquellos territorios o áreas de los servicios corporativos donde las solicitudes de adhesión voluntaria no completen los cupos de salidas, se ofrecerá la posibilidad de que algunos empleados cambien de provincia o de función, con el fin de compensar aquellas zonas o áreas en las que haya más peticiones de salida voluntaria.

Además, se ofrecen 355 nuevas posiciones de gestores del servicio digital ‘inTouch’ en algunas provincias, que se deslocalizan para facilitar las salidas voluntarias.

Según la entidad, la nueva propuesta también mejora algunas de las compensaciones ofrecidas para los empleados que salgan de la entidad, como que se añaden primas de voluntariedad de hasta 28.000 euros para empleados a partir de 54 años o que el convenido especial con la Seguridad Social para empleados de 52 y 53 años se pagará hasta cumplir los 63 años.

Para el resto de empleados se mantiene la compensación de 40 días por año trabajo con límite de 36 mensualidades, aunque podrán acceder a primas de mayor cuantía: 15.000 euros para trabajadores que lleven más de 6 años en la entidad y 4.000 euros para los que no tengan esa antigüedad.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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