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Valencia

Camps a la jueza: «Ya está bien. ¿Cómo se atreve a preguntarme si he malversado?»

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VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que declaró en las últimas horas de este jueves y hasta el inicio de la madrugada de este viernes ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de València en una causa realacionada con la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, en una declaración en la que llegó a decir a la magistrada, al ser preguntado por si había malversado dinero: «Ya está bien. ¿Cómo se atreve a preguntarme eso?».

Camps estaba citado a declarar como investigado en este juzgado, al igual que el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y el ex secretario autonómico de Cultura David Serra, quienes negaron todos ellos a la jueza la existencia de una presunta financiación irregular del PPCV y una caja B. Como testigo, lo hizo antes el ex secretario general de los ‘populares’ valencianos Ricardo Costa, quien declaró durante unas dos horas y media y aseguró a los medios que estaba colaborando tanto con la Justicia como con la Fiscalía.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las declaraciones, Costa se ratificó en las manifestaciones que había realizado con anterioridad ante los fiscales Anticorrupción en las que afirmó que dos empresas adjudicatarias de las obras del circuito de la F1 –FCC y Hormigones Martínez– ayudaron a financiar irregularmente el PP.

En concreto, ratificó que FCC entregó 150.000 euros en metálico y Hormigones Martínez realizó facturas falsas. Asimismo, reiteró que había una caja B en el PPCV y una caja fuerte en la que el ex secretario autonómico de Cultura y ex vicesecretario general del PP, David Serra, guardaba dinero.

Sin embargo, estos extremos fueron negados por los tres investigados. Camps fue preguntado además por la magistrada acerca de su había malversado dinero. «Ya está bien. ¿Cómo se atreve a preguntarme es?. No he malversado dinero en mi vida», declaró.

En esta pieza, según trascendió en ese momento, hay al menos ocho investigados más, la mayoría cargos públicos de la época del PP y administradores de empresas. Entre ellos, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma conselleria y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui.

Fiscalía Anticorrupción dirigió el mes pasado dos escritos a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración –anteriormente de Infraestructuras y Transporte– a raíz de una comparecencia reciente ante los fiscales realizada por el propio Costa, para solicitar información sobre la construcción del circuito.

EXPEDIENTES
En concreto, el fiscal pedía a este departamento de la administración valenciana «la totalidad de los expedientes administrativos relacionados con la construcción del Circuito de Fórmula 1 de València en cualquiera de sus fases adjudicados a las mercantiles FCC y Hormigones Martínez (Grupo Vallalba)».

Fiscalía pedía la remisión íntegra de los expedientes, incluidos, los «acuerdo de inicio, pliegos, aprobación de estos, ofertas, informes técnicos, propuesta de adjudicación, actas de la mesa de contratación incluidas, modificados en su caso, facturas, pago, etc», según la solicitud del ministerio público.

Los empresarios de Hormigones Martínez (Grupo Vallalba), Tomás y Rafael Martínez Berna, son dos de los que reconocieron haber financiado ilegalmente al PP de Francisco Camps en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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