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Camps afirma estar procesado en la F1 por «razones políticas» y se querellará contra la jueza

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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) –

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este miércoles que el auto de procesamiento del juzgado que instruye la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València obedece a una «razón estrictamente política». Así, ha anunciado que va a presentar una querella por prevaricación contra la magistrada que ha dirigido la investigación y que presentará un recurso contra esa resolución.

Camps se ha pronunciado de este modo en una comparecencia ante los periodistas, a quienes ha convocado en un restaurante colindante al circuito y desde el que se podía ver el puente que une ambas partes de la dársena del Puerto de València, que fue utilizado para el Gran Premio. De hecho, ha sostenido que las vías del trazado «son calles de València» y ha relatado que ha intentado explicarle esto a la jueza «mil veces». «La he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha contado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar a Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, al exconseller de Infraestructuras Mario Flores, a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y a empresarios, en la causa por la construcción del circuito, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.

El exjefe del Consell ha criticado que «el auto salió el último viernes de precampaña» de las municipales –ha agregado que no cree «en las casualidades»– y ha asegurado que la Abogacía de la Generalitat –que ha dicho que está «en manos de (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra» y ha calificado como «bajo régimen social-comunista»– va a pedir que le «encarcelen» en su escrito de calificación provisional como acusación.

También ha censurado la actuación de la jueza porque, a su parecer, ha ejercido como «acusadora», lo que le ha creado una situación de «indefensión». «Ella me ha acusado desde el principio, el juez de garantías ha desaparecido», ha añadido.

Además, ha lamentado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le ha investigado a él y a su entorno «de arriba abajo por si encontraban un euro de más en la Caja Rural de Cuenca». Frente a estas investigaciones, ha defendido que no se metió en política para «enriquecerse»: «No me he llevado un euro jamás de nada», ha subrayado.

El expresidente valenciano ha insistido en que esta causa es «una persecución personal a Paco Camps» y el auto, «un relato contra Camps». Ha criticado incluso que la jueza «amedranta» a su abogado en la resolución. «Lo importante es cazar a Camps, ese es el proyecto político de estos últimos años», ha resumido.

Asimismo, ha calificado como «muy grave» que «los jueces entren a valorar cuestiones políticas» y, en este sentido, ha hecho alusión a «los decretos de los viernes sociales de Pedro Sánchez, que ha aprobado en precampaña y en campaña».

«COSTE CERO»
Frente a lo expuesto en el auto, que cifra el coste de la construcción del circuito en cerca de 89 millones de euros, Camps ha sostenido que fue «coste cero», al tiempo que ha precisado que «en ningún sitio dice que tenga que ser coste cero» porque eso es una decisión «política».

Preguntado por si conoce el coste que tuvo para las arcas públicas la celebración del Gran Premio, el expresidente ha respondido que él no se encarga de «las cuestiones técnico-financieras». En todo caso, ha resaltado: «Parece que el circuito de F1 lo tengo yo en mi casa, pero es público».

Camps ha defendido el trabajo «digno y extraordinario» que desde su punto de vista ha realizado por «el futuro de València y de la Comunitat Valenciana». El expresidente ha augurado que «volverán a pedir que deje el Consell Jurídic Consultiu (CJC)», una posibilidad que ha negado porque fue «absuelto por los trajes» y confía en que en este caso ocurra igual.

«SON CALLES DE LA CIUDAD»
El exjefe del Consell ha elegido un restaurante ubicado junto al circuito del Gran Premio de Fórmula 1 que acogió València «no al azar», según ha explicado él mismo, sino para demostrar que «son calles de la ciudad de València». «Están pasando coches y camiones», ha ilustrado.

De este modo, ha expuesto que estas «calles» conforman «tres cuartas partes de lo que se preparó» y únicamente dos vías permanecen cerradas, las conexiones con la Avenida de Francia y la Alameda. Siguen sin uso, ha señalado Camps, porque «el Ayuntamiento no ha desarrollado el Plan General, lo que significaría la no recuperación de ese dinero».

El exdirigente ‘popular’ ha afirmado que la apertura y conclusión de esa obra era un «compromiso» del Ayuntamiento de la ciudad con la Generalitat, pero ha argumentado que «la corrupción para el PSOE es la única forma de hacer política». De esta forma, ha criticado que el Gobierno de PSPV y Compromís «no ha hecho ni un solo colegio, ni un solo hospital, ni una sola carretera, ni una sola depuradora».

Ha cargado contra el actual ‘president’, Ximo Puig, y el alcalde, Joan Ribó porque «son dos grandes mentirosos o dos grandes ignorantes» debido a que «no saben absolutamente nada de esto», en referencia al «compromiso» al que ha aludido del consistorio con el Gobierno valenciano. También ha asegurado que ha tratado de convencer a la jueza de que el circuito es «una estructura urbana extraordinaria y fundamental para la ciudad»: «He intentado explicárselo mil veces, la he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha manifestado.

Sobre el resto del puerto, ha apuntado que la dársena «se ha convertido en una plaza de ocio» y ha relatado que la jueza instructora «se empeñó en que el puente tenía forma de gaviota». Por el contrario, ha sostenido que esta infraestructura «ya existía» y «quedó en desuso con la ampliación de la zona sur del puerto». «Este puente se ha usado para conciertos y es una salida de emergencia», ha puesto en valor.

«DEBERÍA VOLVER LA F1 Y LA AMERICA’S CUP»
Además, ha defendido que la celebración del Gran Premio produjo una renta neta media de «más de 25 millones de euros al año» a la ciudad y ha puesto de relieve que existe un «documento confidencial», elaborado en el año 2011, cuando ya no era presidente, que «avalaba que se volviera a hacer por la renta neta que significaba». «Si yo fuese presidente, aprovecharía esta infraestructura y volvería a hacer el Gran Premio» e incluso la America’s Cup, ha insistido en este punto.

En cuanto a las declaraciones en sede judicial del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ha apuntado a una relación entre pagos de empresas que ganaron concursos públicos durante la época de los ‘populares’ al frente de la Generalitat y la financiación del partido, lo ha atribuido a un pacto con Fiscalía y ha destacado que «lo han desmentido Serra y Rambla» (ex secretario general y ex vicepresidente del Ejecutivo de Camps, respectivamente).

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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