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Camps cree que hay «sobradas razones» para que el juez rechace la petición de Anticorrupción de investigarle

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VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) – Pablo Delgado, abogado del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, defiende que existen «sobradas razones» para que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al exdirigente del PP valenciano por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel, concretamente con Orange Market, entre ellas, que es una cuestión «cerrada jurídicamente» en diversas resoluciones judiciales.

Así lo señala en un comunicado tras conocerse que Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez De la Mata en el que solicita la investigación de Camps en esa causa. El letrado del expresidente se remite al comienzo del ‘caso Gürtel’ para afirmar que esta Fiscalía intentó tanto que el juez que instruyó la conocida como ‘causa de los trajes’ –en el que resultó absuelto por un jurado popular, decisión ratificada por el Supremo– así como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputaran a Camps en las adjudicaciones a Orange Market, mercantil que gestionaba Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’.

En esta línea, subraya que el juez instructor rechazó en cuatro autos esa pretensión (el 29 de mayo, 6 de junio, 14 de julio y 16 de julio de 2009) y también el TSJCV hizo lo mismo en autos de fecha 19 de junio de 2009 y 25 de mayo y 4 de julio de 2011.

Por ello, la defensa de Francisco Camps entiende que esta cuestión está «cerrada jurídicamente» por la «inmensa relación» de autos que jueces y magistrados «emitieron en su momento en contra de la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación del PSOE».

NINGUNA INSTRUCCIÓN DE CONTRATACIONES
En esta línea, añade que el 26 de mayo de 2009, 37 altos cargos de la administración autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar en esta nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción, «negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor».

Asimismo, recalca que en el juicio oral en la ‘causa de los trajes’ «todos los testigos, altos cargos de la administración autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas» y también en la instrucción de esta causa «nuevamente se ha negado que por parte de nadie se haya recibido instrucción alguna para la toma de decisión del órgano de contratación correspondiente».

El letrado agrega que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma «justificando la legalidad del procedimiento».

Por ello, sostiene que hay «sobradas razones» para que de las declaraciones de un procesado en la causa en la financiación del PP «en las que además no hace referencia alguna a las contrataciones de la administración, el juez instructor que no es el que fue, el que instruyó la causa en Valencia, rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción».

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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