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Carolina Punset, nueva asesora de Ximo Puig

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VALÈNCIA, 25 Jun. – La exportavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts y exeurodiputada Carolina Punset, que abandonó el partido en octubre del año pasado, ha aceptado la oferta de ocupar un puesto de asesora en Presidencia de la Generalitat Valenciana, en manos del socialista Ximo Puig

Carolina Punset optó en las últimas elecciones por no presentarse para ocupar ningún cargo de primera fila. Puig, nombrará en los próximos días a Carolina Punset como asesora comisionada para asuntos europeos e iniciativas estratégicas.

Punset se incorporará al gabinete para reforzar la acción de la Presidencia en las políticas vinculadas con la Unión Europea, como la contribución a la potenciación del comercio exterior, las infraestructuras estratégicas, la promoción de la imagen de la Comunitat Valenciana y la captación de fondos europeos. Asimismo, prestará funciones de asesoramiento al presidente en otros ámbitos en los que Punset ha desarrollado su actividad tanto profesional como política.

Carolina Punset, nacida en 1971 en Washington DC, es licenciada en Derecho y especialista universitaria en Cooperación Internacional para el Desarrollo y ONG. Ha desarrollado su actividad profesional como abogada penalista, perito judicial y como letrada de distintas organizaciones no gubernamentales. Además, ha sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Altea (2007-2015), diputada y síndica en Les Corts (2015-2016) y eurodiputada (2016-2019).

Su nombramiento coincide también con las salidas del hasta ahora portavoz adjunto de Cs en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldán, unida a la del eurodiputado Javier Nart y del candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado de Asturias Juan Vázquez, Punset ha señalado a través de su Twitter que «el giro a la derecha de Ciudadanos comenzó mucho antes de los pactos con Vox».

«Las incongruencias del partido van mucho más allá. Nadie ha podido desmentir ni una de las que se denunciaron en mi carta de dimisión. Dijeron que era demoledora. Visto lo visto me parece suave», ha señalado, adjuntando el texto con el que dejó Cs por desacuerdos con las decisiones que había tomado la dirección del partido y que habían convertido a Cs en «la marca blanca del PP».

En esa carta criticó los «bandazos» dados por el partido naranja desde las elecciones de 2016 y lamentó lo «injusto» de tener que dejar ella el partido porque, bajo su punto de vista, quienes han hecho «transfuguismo político» son sus hasta ahora compañeros.

Hace ya ocho meses aseguraba no comprender «cómo puede uno acostarse socialdemócrata y levantarse ultraliberal, es como si el Partido Popular mañana se levantase socialista», lamentando la formación naranja hubiera escogido «deliberadamente» pelear el voto de personas «muy de derechas» y no de gente «moderada, relevante y significativa».

MARÍ SOBRE LA CRISIS EN CS: «NADA NUEVO BAJO EL SOL»
El que fuera su sucesor como síndic en Les Corts y también marido de Punset, Alexis Marí –dejó el partido en 2017 y se mantuvo como diputado junto a otros tres parlamentarios naranjas bajo la denominación de ‘agermanats’–, ha recordado que precisamente se cumplen dos años de su salida.

En declaraciones a Europa Press, Marí ha asegurado que la mejor frase para definir lo que está ocurriendo en estos momentos en Ciudadanos es «nada nuevo bajo el sol» porque aunque «algunos parece que se hayan caído del caballo» ahora, él y más de 500 cargos institucionales ya abandonaron el proyecto.

AUGURA MÁS BAJAS
Hace dos años, ha recordado, estaban los ‘agermanats’ como «los cuatro jinetes diciendo que era un hecho más que evidente que Ciudadanos se estaba derechizando» y en la Comunitat especialmente, construyendo su base «de los escombros del PP2. Ahora, el elemento nuevo ha sido la irrupción de Vox y la formación naranja «ha sido padrino de la boda de PP y Vox».

Augura que van a seguir produciéndose las bajas del partido y continuarán los «chubascos y nubarrones» en Ciudadanos. En el caso de la Comunitat Valenciana, cree que algunos sectores podrían intentar que Toni Cantó no tenga todo el poder y habrá que esperar a ver qué soporte consiguen, ya que se ha mostrado convencido de que el aparato dará todo su apoyo al actual síndic.

«En esta plaza no es fácil torear», ha indicado, ya que en la Comunitat hay muchas agrupaciones de Ciudadanos muy asentadas y «con mucho cuerpo» que «no van a tragar con muchas cosas» y más viendo «el alzamiento de personas muy relevantes» como los que se han producido.

Mientras tanto, Toni Cantó se ha limitado a retuitear en su cuenta de Twitter el mensaje del líder de Cs, Albert Rivera, en el que da las gracias a Toni Roldán por su trabajo los últimos cuatro años y asegura que siguen trabajando para España «con un proyecto liberal y constitucionalista».

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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