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La demoledora carta de Shakira a Hacienda

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Shakira Hacienda

Shakira ha roto su silencio en una carta inédita, publicada por El Mundo, en la que detalla las razones que la llevaron a admitir en noviembre de 2023 que defraudó al fisco español. En la misiva, la cantante colombiana denuncia un «machismo estructural» en su caso y expone su perspectiva sobre los problemas fiscales que la han perseguido en los últimos años.

«Lo hice para proteger a mis hijos, no por cobardía»

Shakira asegura que su decisión de aceptar los cargos y pagar la multa impuesta por la Agencia Tributaria no fue por cobardía, sino para proteger a sus hijos. La cantante colombiana considera que en la estrategia de la administración pública «subyace un prejuicio machista».

El entorno mediático y la presión fiscal

«En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático… era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar», con estas palabras justifica Shakira su contencioso tributario en una carta que ha publicada en El Mundo.

«Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones. Pues bien, creo que ha llegado el momento de darlas», ha añadido la cantante, que admitió en noviembre de 2023 ante la Audiencia de Barcelona haber defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 y aceptó el pago de una multa de 7,8 millones a cambio de una rebaja de condena que evitó su entrada en prisión.

Una crítica al sistema fiscal y al prejuicio de género

La cantante colombiana considera que «una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene». «Pero todo el mundo sabe que el romance se vende bien», apostilla.

En el texto, Shakira se remonta al inicio de su relación con el entonces jugador del Barcelona Gerard Piqué, en 2011, para explicar sus continuos viajes a España.

«Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por vocación de permanencia. Una estrategia en la que además subyace un prejuicio machista», asegura.

«Un machismo estructural que aún perdura»

Si la cantante hubiera sido un hombre estadounidense que se enamoró de una española y la visitara regularmente, «me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo», añade la cantante.

Shakira denuncia la existencia de «un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene». «Un machismo que sobrevive en sectores de la burocracia estatal en una sociedad que -por suerte- ya piensa muy distinto», agrega.

La cantante considera que algunos técnicos de la Agencia Tributaria española presentaron un «relato infantil y moralista» en el que ella era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia.

Además, opina que la Agencia Tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho.

«Pagué mucho más de lo que debía (…) Si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años».

Declaraciones finales y el motivo de su carta

Las declaraciones de Shakira llegan ahora porque así se lo pide su conciencia y porque quiere demostrar a sus hijos que sus decisiones fueron «para protegerles, para estar a su lado (…) No por cobardía ni por culpabilidad».

«Quiero que entiendan que mi amor por España y mis queridos amigos y familiares españoles aún perdura, pero no todo es igual», ha reconocido la cantante, que considera que «las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición para así recuperar el prestigio perdido».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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