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Carta abierta de los padres de Vera, la pequeña fallecida en el hinchable de Mislata

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En la carta que han publicado los padres de Vera, la pequeña fallecida en el hinchable de Mislata siguen exigiendo explicaciones de «por qué el ayuntamiento se desentendió de la feria y de controlar su seguridad».

Iván Pérez y Eva Roz publican ‘El príncipe cobarde’

Carta de los padres de Vera, fallecida en el hinchable de Mislata

La prórroga de la instrucción judicial para determinar responsabilidades en el hinchable de Mislata, en el que murieron Vera y Cayetana, llega a su fin como esperábamos, con pocos movimientos por parte del Juzgado número 4 del propio municipio, y con la negativa a la insistente petición que hemos trasladado de citar como investigado al concejal de Fiestas de Mislata y cuñado del alcalde (que le ha premiado con nuevas competencias) para que justifique por qué el ayuntamiento se desentendió de la feria y de controlar su seguridad. Merecemos una explicación; Vera la merece.

El primer contacto con el fiscal nos preparó para una instrucción larga (se avecina otra prórroga de seis meses) que podría acabar, como así ha sido, en un recurso ante la Audiencia. Si algo tenemos claro es que no pondremos precio a la muerte de Vera: nada de acuerdos con las aseguradoras que puedan conllevar una reducción de penas, si es que llegan a proponerlas.

Para acusar hay que demostrar. Existen evidencias más que suficientes de que el hinchable no tenía los anclajes necesarios y que no estaba sujeto del costado por el que salió volando nuestra hija; y también de que la atracción no se instaló en el lugar que recoge el plano del ayuntamiento, que admite que no supervisó una feria sin licencia de actividad porque según ellos no la necesitaba. Demasiadas irregularidades como para no apuntar hacia feriantes y responsables públicos, incluido ese ingeniero que firma un papel a su colega sin papeles garantizando la seguridad de un recinto que ni siquiera visitó.

Primero en la plaza Mayor y desde el verano de 2021 en la plaza de la Libertad de Mislata, el consistorio permitió campar a sus anchas a un feriante usurero que abusaba del resto de feriantes que solicitaban instalar sus atracciones en el mismo recinto, menos numerosas y bastante más seguras que las de un tipo que ha hecho de la ilegalidad su tarjeta de visita. Todo un gángster que seguiría en el anonimato si le hubieran parado los pies responsables públicos como los del Ayuntamiento de Mislata.

Ahora que ha caducado la propaganda electoral y que el príncipe apura los días para convertirse en presidente de la Diputación, es momento de valorar estos meses de promesas de cara a la galería y más silencio de cara a los que sufren. Así conocen al alcalde de Mislata en su partido, unos arrimándose a ese príncipe que asciende de forma meteórica y otros manteniendo la discreción mientras lo desprecian tanto como lo temen. Para nosotros, los padres de una niña a la que arrebataron la vida unos matones de feria en una instalación ruinosa que no supervisó el ayuntamiento liderado por el príncipe, este señor es un cobarde que carece de empatía, no afronta las situaciones extremas que se le pueden presentar a un cargo público y bloquea a quien no habla bien de él.

La bomba de esa feria sin control que acumulaba cientos de denuncias acabó estallando. ¿Y qué hizo entonces el príncipe? En lugar de presentarse como acusación particular, abrir una investigación en su propio ayuntamiento para ayudar a la justicia a depurar responsabilidades y situarse de verdad al lado de las familias, con gestos que trataran de aliviar un dolor insoportable, se dedicó a inaugurar parques de forma compulsiva. Silencio, seguridad e infancia… Las tres claves para conservar y aumentar su poder.

El príncipe presume de ser un alcalde a pie de calle, recordando a sus vecinos que se moja «hasta las cejas» cada vez que un episodio de fuertes lluvias le obliga a estirar su jornada laboral. Qué menos para un alcalde que cobra más que el presidente del Gobierno… La noche que nos cambió la vida, con dos niñas agonizando en su plaza de la Libertad, solo estuvo 10 minutos a pie de calle, lo justo para que lo captaran las cámaras. Se escabulló entre las sombras de su 3 conciencia mientras los sanitarios trataban de estabilizar a las niñas en las ambulancias. No se entiende que con ese afán por la seguridad en parques, conciertos y actos públicos permitiera durante años instalar una feria que ponía en riesgo la vida de los niños.

Pero tampoco es comprensible, ni digna, la actitud de otros responsables públicos de administraciones superiores que han mirado hacia otro lado. Los ‘accidentes’ en hinchables y otras atracciones desmontables siguen, los últimos el de Toledo con dos niños en la UCI y el de Málaga con una mujer malherida tras ser golpeada por otro castillo mal anclado, pero nadie obliga al sector a cumplir la normativa europea y realiza las inspecciones oportunas. Lo de poner a las personas en el centro también es propaganda.

No queremos mezclar la política con el suceso que ha cambiado nuestras vidas para mal, pero no elegimos a los responsables de un homicidio evitable que se han cobrado a partes iguales unos feriantes sin alma y los representantes políticos de una ciudad de 45.000 habitantes con recursos suficientes para garantizar la seguridad de una feria o, en su defecto, no montarla. No vamos a repetir la retahíla de dudas que provoca el silencio del ayuntamiento y que posiblemente explique por qué el príncipe se puso de perfil en lugar de volcarse con las familias. Pero no vamos a tolerar que este señor se atribuya gratuitamente una empatía de la que adolece.

La del príncipe cobarde es la metáfora de una sociedad egoísta que se repite a sí misma que las personas están en el centro, pero que es incapaz de ponerse en la piel de los que peor lo pasan, de aquellos que sobreviven a las lagunas de un sistema machacado por quienes lo dirigen. No sería justo dudar del sistema en su conjunto, pero no vamos a dejar de señalar a los responsables de la cadena de negligencias que asfixia nuestras vidas.

Es urgente actuar con leyes y normas estrictas para evitar que el horror siga acechando a las atracciones infantiles. La humanidad debería ser condición indispensable para dedicarse a lo público. A jueces, fiscales y políticos debemos reclamar esa capacidad de ponerse en el lugar de los que sufren para dar las respuestas adecuadas. Frente a unos matones de feria y un príncipe cobarde, solo vale una justicia valiente.

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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