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Casi el 50% de los valencianos que quieren mudarse no pueden permitirse una vivienda

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Alquiler seguro

El 46% de los valencianos que tienen previsto mudarse a corto o medio plazo no encuentran ninguna vivienda que puedan asumir económicamente, según el V Estudio Casaktua titulado La demanda de vivienda en España. 2019, ¿el año de la estabilización del sector?.

En un comunicado, el portal inmobiliario ha explicado que un 41% de los valencianos tampoco encuentra un inmueble que se ajuste a sus necesidades. A nivel nacional existen las mismas barreras: los españoles que buscan nuevo inmueble no localizan la vivienda que necesitan (46%) o que sean capaces de pagar (44%).

De hecho, este último hándicap ha aumentado 8 puntos en el último año y está especialmente presente en el caso del alquiler: el 58% de los que se trasladan a régimen de arrendamiento reconoce que este está siendo uno de los principales desafíos, frente al 37% de los que optan por comprar.

Este argumento también es utilizado por aquellos valencianos que no están en búsqueda de un inmueble y que, tal y como reconocen, no están a gusto con su vivienda actual. El 44% afirma que no se cambia de residencia por una cuestión económica.

De cara al futuro, el 88% del total de los encuestados en la Comunitat Valenciana cree que el coste del alquiler y de la compra seguirá incrementándose, unos porcentajes similares a la opinión general en España.

El 19% de los valencianos tiene intención de cambiar de inmueble próximamente: el 14% busca una vivienda en propiedad y el 5% en alquiler. Estas cifras suponen un descenso de 8 puntos respecto a 2018, cuando el deseo de trasladarse era del 27% (20% compra y 7% alquiler).

Las conclusiones del V Estudio de Casaktua muestran que el precio del inmueble es el factor más determinante en la Comunitat Valenciana a la hora de comprar: el 80% reconoce que es lo que más influye en el proceso de decisión, seguido de la cuota hipotecaria estimada que se deberá pagar, con un 49% de adeptos.

Asimismo, el 61% de los valencianos que se va de alquiler reconoce que en realidad preferiría comprar, pero no lo hace porque sus circunstancias económicas no se lo permiten. Y es que, ahora mismo, el 57% opina que vivir en alquiler es tirar el dinero y que una vivienda en propiedad es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos (64%).

En la Comunitat Valenciana para la compra de una vivienda el ahorro medio es de 42.634 euros y el presupuesto fijado se corresponde con 141.854 euros de media. Para el alquiler, el coste promedio que se establecen es de 419 euros.

En el momento de hacer frente al pago de una vivienda, lo más habitual en es recurrir a la hipoteca (62%). El interés fijo es la apuesta principal frente al variable: 67% frente al 33%, y otras opciones son los ahorros propios (38%) y a la venta de otra vivienda (33%).

El coste promedio que están pagando actualmente los valencianos en alquiler es de 438 euros y el de hipoteca de 516. Si se comparan las autonomías con mayor población, el gasto destinado a la hipoteca es más elevado en Comunidad de Madrid (560€) y Cataluña (559€). Con respecto al alquiler, Comunidad de Madrid (647€), Cataluña (633 €) y Andalucía (539€) son las más caras.

 

Fuente: Europa Press

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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