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Castilla-La Mancha abre la hostelería: Los clientes deberán usar un código QR para facilitar el rastreo en caso de brote

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Toledo, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha permitirá reabrir desde este viernes los establecimientos de hostelería hasta las 21:00 horas con un tercio del aforo, aunque se mantiene el toque de queda a las diez de la noche, al tiempo que volverán a abrir las grandes superficies comerciales y se permitirá la movilidad entre municipios y provincias de la comunidad, de la que solo se podrá salir por motivos justificados.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha informado de las principales medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno extraordinario de este jueves para levantar algunas de las restricciones vigentes desde el pasado 18 de enero, excepto en tres municipios que no han bajado los contagios de coronavirus y en los que se mantienen las mismas medidas: Fuensalida, Torrijos y Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo.

También a partir de esta medianoche podrán abrir, con un tercio de aforo, bibliotecas, museos y archivos, gimnasios y centros de ocio.

Sin embargo, todavía no se permite la entrada o salida de residencias y centros sociosanitarios, y se mantiene en seis el máximo de personas que pueden reunirse.

Las nuevas medidas, que se han podido adoptar al haberse registrado un descenso de la covid-19 tanto en la incidencia acumulada como en la ocupación de camas hospitalarias y de UCI, estarán vigentes por un periodo de diez días desde este viernes, 12 de febrero.

Respecto a los bares, restaurantes y demás establecimientos hosteleros, el consejero ha explicado que, además del aforo de un tercio en el interior -sin que se pueda consumir en barra-, las terrazas podrán abrir al 50 %, en ambos casos con distancia de seguridad entre mesas y con todos los clientes sentados.

Además, estos locales deberán contar con la app «Ocio responsable» para el registro de los clientes, que se tendrán que descargar el código QR con el objeto de estar registrados y facilitar el rastreo en caso de que se produjera un brote.

Los hoteles podrán abrir al 50 % de capacidad con las zonas comunes al 25 %; los mercadillos continuarán con un tercio de los puestos y una distancia de 4 metros entre ellos; y las grandes superficies, que podrán abrir un tercio del aforo, no tendrán limitación en los aparcamientos pero deberán vigilar que no se superen las limitaciones de clientes.

Los datos epidemiológicos que se han tenido en cuenta para tomar estas decisiones son, según ha explicado el consejero, la reducción de casos diarios a cifras similares a las prenavideñas, puesto que ahora se registran 683, casi como el 21 de diciembre (650), tras haber llegado en enero a un pico de 3.006. Se han detectado 22 casos de la cepa británica.

La incidencia acumulada a 14 días ha pasado de los 277 casos por 100.000 habitantes de antes de Navidad, a los 644 de ahora después de haber alcanzado picos de más de 1.300 casos.

Las camas hospitalarias ocupadas por pacientes covid son ahora 1.030, después de haber llegado a las 1.400; las UCI están en 220 pacientes covid, por debajo de los 240 del pico de la ola; y el índice de contagio de persona a persona ha bajado de 1,2 a 0,70 y se sitúa así como la segunda comunidad con índice más bajo.

Las residencias con positivos ha bajado de 68 a 53, y sus usuarios positivos han hecho lo propio de 423 a 318.

«Los datos claramente van bajando, pero no lo suficiente» para relajar más las medidas, que han de ser moduladas y se irán revisando, ha apuntado Fernández Sanz, quien ha añadido que es necesario ir levantando restricciones cuando los datos lo permiten por la «fatiga en que estamos todos inmersos. Esa fatiga hay que tratarla y controlarla».

No obstante, ha vuelto a pedir responsabilidad a los castellano-manchegos: «Permitimos la movilidad, pero no es obligatoria», ha dicho.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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