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Castilla-La Mancha abre la hostelería: Los clientes deberán usar un código QR para facilitar el rastreo en caso de brote

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Toledo, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha permitirá reabrir desde este viernes los establecimientos de hostelería hasta las 21:00 horas con un tercio del aforo, aunque se mantiene el toque de queda a las diez de la noche, al tiempo que volverán a abrir las grandes superficies comerciales y se permitirá la movilidad entre municipios y provincias de la comunidad, de la que solo se podrá salir por motivos justificados.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha informado de las principales medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno extraordinario de este jueves para levantar algunas de las restricciones vigentes desde el pasado 18 de enero, excepto en tres municipios que no han bajado los contagios de coronavirus y en los que se mantienen las mismas medidas: Fuensalida, Torrijos y Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo.

También a partir de esta medianoche podrán abrir, con un tercio de aforo, bibliotecas, museos y archivos, gimnasios y centros de ocio.

Sin embargo, todavía no se permite la entrada o salida de residencias y centros sociosanitarios, y se mantiene en seis el máximo de personas que pueden reunirse.

Las nuevas medidas, que se han podido adoptar al haberse registrado un descenso de la covid-19 tanto en la incidencia acumulada como en la ocupación de camas hospitalarias y de UCI, estarán vigentes por un periodo de diez días desde este viernes, 12 de febrero.

Respecto a los bares, restaurantes y demás establecimientos hosteleros, el consejero ha explicado que, además del aforo de un tercio en el interior -sin que se pueda consumir en barra-, las terrazas podrán abrir al 50 %, en ambos casos con distancia de seguridad entre mesas y con todos los clientes sentados.

Además, estos locales deberán contar con la app «Ocio responsable» para el registro de los clientes, que se tendrán que descargar el código QR con el objeto de estar registrados y facilitar el rastreo en caso de que se produjera un brote.

Los hoteles podrán abrir al 50 % de capacidad con las zonas comunes al 25 %; los mercadillos continuarán con un tercio de los puestos y una distancia de 4 metros entre ellos; y las grandes superficies, que podrán abrir un tercio del aforo, no tendrán limitación en los aparcamientos pero deberán vigilar que no se superen las limitaciones de clientes.

Los datos epidemiológicos que se han tenido en cuenta para tomar estas decisiones son, según ha explicado el consejero, la reducción de casos diarios a cifras similares a las prenavideñas, puesto que ahora se registran 683, casi como el 21 de diciembre (650), tras haber llegado en enero a un pico de 3.006. Se han detectado 22 casos de la cepa británica.

La incidencia acumulada a 14 días ha pasado de los 277 casos por 100.000 habitantes de antes de Navidad, a los 644 de ahora después de haber alcanzado picos de más de 1.300 casos.

Las camas hospitalarias ocupadas por pacientes covid son ahora 1.030, después de haber llegado a las 1.400; las UCI están en 220 pacientes covid, por debajo de los 240 del pico de la ola; y el índice de contagio de persona a persona ha bajado de 1,2 a 0,70 y se sitúa así como la segunda comunidad con índice más bajo.

Las residencias con positivos ha bajado de 68 a 53, y sus usuarios positivos han hecho lo propio de 423 a 318.

«Los datos claramente van bajando, pero no lo suficiente» para relajar más las medidas, que han de ser moduladas y se irán revisando, ha apuntado Fernández Sanz, quien ha añadido que es necesario ir levantando restricciones cuando los datos lo permiten por la «fatiga en que estamos todos inmersos. Esa fatiga hay que tratarla y controlarla».

No obstante, ha vuelto a pedir responsabilidad a los castellano-manchegos: «Permitimos la movilidad, pero no es obligatoria», ha dicho.

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Buenas noticias para millones de trabajadores: así será la subida salarial de los funcionarios

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El Gobierno de España prepara una nueva subida salarial para los funcionarios a partir de 2026, con el objetivo de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El Ministerio de Función Pública ya ha iniciado las negociaciones con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) para establecer un acuerdo plurianual 2026-2028 que contemple incrementos en línea con la evolución de los precios.

📈 Subida salarial vinculada al IPC y con componente fijo y variable

Según fuentes del Ejecutivo, el nuevo marco incluirá un aumento fijo anual y otro variable, vinculado a la inflación y al crecimiento económico. De esta forma, los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos se ajustarían a la evolución real del coste de la vida.

El propósito es evitar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, marcada por una fuerte subida de precios pese al incremento del salario mínimo y de los sueldos públicos desde 2022.

🏛️ Un plan para tres años: 2026, 2027 y 2028

El acuerdo plurianual fijará la hoja de ruta de las retribuciones del sector público durante tres ejercicios consecutivos. Aunque las cifras exactas aún no se han cerrado, el Ministerio asegura que las subidas estarán en línea con la inflación, tal como se ha venido aplicando en los últimos pactos salariales.

Los sindicatos reclaman que no haya un año de congelación salarial, recordando que el anterior acuerdo cubría el periodo 2022-2024. Por ello, piden que el nuevo marco incluya efectos retroactivos para 2025, además de mejoras en teletrabajo, jubilación y jornada laboral.

💬 Posturas sindicales ante la propuesta

  • UGT defiende que 2025 debe tener una subida diferenciada y rechaza que quede fuera del nuevo acuerdo.

  • CCOO considera “positivo” el avance, aunque critica el retraso del Gobierno en iniciar las conversaciones.

  • CSIF, por su parte, insiste en que se concreten las cifras cuanto antes y que se incorporen nuevos derechos laborales.

💼 Un impulso para el empleo público y la estabilidad económica

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la estabilidad del empleo público y compensar el impacto de la inflación en el poder de compra de los trabajadores de la Administración. El acuerdo se espera que se concrete en las próximas semanas y se enmarque dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

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