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Celaá dice que, si no hay vacuna, solo la mitad de los alumnos podrán volver al colegio en septiembre

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Uno de los temas más polémicos del día ha llegado de las últimas declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, cuando ha anunciado que las clases tendrán que reducir su número de alumnos a la mitad el próximo curso 2020-2021, con un máximo de 15 por aula, si antes no llega la vacuna contra el coronavirus. Por tanto, habría que compaginar la docencia presencial con la telemática.

Este anuncio lo ha hecho en una entrevista al diario ’20 Minutos’ que rápidamente ha sido compartido por miles de personas. Esta medida que Celaá aventura para después de verano está ya contemplada en el plan de desescalada del Gobierno para la inédita vuelta a clase al final de este curso para estudiantes de determinados cursos. Pero además, la ministra ha dejado ver la posibilidad de que se establezcan turnos escalonados para acudir a clase a partir de septiembre: «Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en Primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada».

«Hasta que no tengamos un remedio o una vacuna la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado», ha afirmado Celaá.

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Guerra en Irán: cómo puede afectar a España

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Guerra en Oriente Próximo
EE.UU. e Israel atacan Irán en una ofensiva aérea para "aniquilar" al régimen de los ayatolás

Sigue la última hora sobre la guerra en Oriente Próximo:

La escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tensionado los mercados energéticos y financieros internacionales. El foco está en el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor de un tercio del comercio global de gas natural licuado.

Cualquier alteración en esta ruta clave impacta de forma directa en Europa y, por extensión, en España. Estos son los cinco efectos que pueden influir en el día a día de hogares y empresas.


1. Gasolina y diésel más caros

El primer reflejo del conflicto se ha visto en el petróleo. El barril de Brent —referencia en Europa— ha superado con fuerza los 70 dólares y llegó a aproximarse a los 80 tras repuntes superiores al 8%, con previsiones que apuntan a posibles escaladas adicionales si la crisis se agrava.

Irán concentra cerca del 10% de las reservas mundiales y es uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Un recorte de suministro o un bloqueo parcial en Ormuz tensionaría aún más el mercado.

En España, las estaciones de servicio ya anticipan subidas en el precio del combustible, con incrementos más acusados en el gasóleo que en la gasolina. Esto repercute directamente en el transporte, la logística y el coste final de muchos productos.


2. Electricidad y gas bajo presión

El gas natural también se ha encarecido en los mercados europeos, especialmente tras los ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico. Desde la guerra en Ucrania, la Unión Europea redujo su dependencia del gas ruso y aumentó las importaciones de gas natural licuado desde otras regiones, incluidas las del Golfo.

Aunque España cuenta con un suministro diversificado (Argelia, Estados Unidos y varios países africanos), el mercado energético es global. Si el gas sube en Europa, el precio mayorista de la electricidad puede verse arrastrado al alza, lo que terminaría notándose en la factura de hogares e industrias.


3. Caídas en bolsa y riesgo para los tipos de interés

La incertidumbre geopolítica también ha golpeado a la renta variable. El IBEX 35 ha registrado descensos relevantes, penalizado por su elevada exposición al sector bancario y al turismo.

Entidades como Banco Santander, BBVA o CaixaBank han sufrido retrocesos, mientras que aerolíneas como IAG —matriz de Iberia y British Airways— han acusado el doble impacto del encarecimiento del combustible y la cancelación de rutas.

En el lado opuesto, compañías energéticas como Repsol se han visto beneficiadas por el repunte del crudo, y firmas tecnológicas y de defensa como Indra han reaccionado al alza ante el previsible aumento del gasto militar.

Si la inflación repunta por el encarecimiento energético, el Banco Central Europeo podría frenar futuras bajadas de tipos o retrasar su hoja de ruta monetaria, lo que afectaría a hipotecas y financiación empresarial.


4. Problemas logísticos y transporte más caro

El transporte marítimo afronta un escenario complejo. Grandes navieras han optado por modificar rutas o suspender escalas en la zona. Evitar el Estrecho de Ormuz implica rodear África para conectar Asia y Europa, lo que supone más días de tránsito, mayor consumo de combustible y primas adicionales de seguros por riesgo bélico.

Este sobrecoste logístico termina trasladándose al precio final de bienes tecnológicos, textiles e industriales importados.

En el ámbito aéreo, varias compañías han cancelado o reprogramado vuelos hacia Oriente Medio. El encarecimiento del queroseno y los desvíos para evitar zonas de riesgo pueden derivar en billetes más caros si la situación se prolonga.


5. Impacto en la cesta de la compra

El efecto no se limita a la energía. Aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes —como amoníaco y azufre— atraviesa el Estrecho de Ormuz. Además, la región produce una parte relevante del polietileno, esencial para envases y embalajes.

La agricultura española depende de estos insumos, cuyos precios están ligados al gas y al petróleo. Si el barril supera los 100 dólares y la interrupción comercial se mantiene, el encarecimiento podría trasladarse a frutas, verduras y productos básicos, alimentando un nuevo ciclo inflacionista.


Posición del Gobierno español

En el plano político, el Ejecutivo ha negado que Estados Unidos esté utilizando las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones contra Irán.

El presidente Pedro Sánchez ha llamado a la desescalada diplomática, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, han insistido en que cualquier uso de instalaciones españolas se rige por el derecho internacional y la soberanía nacional.

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