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Valencia

Familias afectadas de la DANA rechazan llevar a los alumnos: “Es un entorno hostil”

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Varias familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria Orba de Alfafar (Valencia) han decidido no llevar a sus hijos al colegio este jueves, alegando que las aulas prefabricadas en las que deben comenzar las clases no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad. Estas quejas apuntan a que el centro ha abierto el curso tras sufrir graves daños por la DANA, pero que los arreglos no están terminados.

“No es seguro” ni amable para los alumnos

La presidenta del AMPA, Miriam Martínez, calificó las prefabricadas como un entorno “hostil” para los niños. Ha recordado que su asociación hizo un llamamiento para que las clases no comenzaran hasta que se garantizara un inicio con normalidad. Entre los obstáculos señalados están zonas en obra, olores fuertes a disolvente, patios sin sombras, baños sin agua o luz, materiales de construcción al alcance de los alumnos y falta de espacios esenciales como cocina.

El Ayuntamiento de Alfafar ofreció el Complejo Municipal SUMA como alternativa para albergar al alumnado mientras se resuelven estos problemas, aunque la Conselleria de Educación mantiene que la habilitación de los módulos prefabricados ha sido certificada como segura desde el punto de vista estructural, eléctrico, de evacuación, protección contra incendios y normativa sanitaria.

Diferencias entre aulas y alternativas

  • Algunos estudiantes sí han asistido al colegio, mientras otros han sido dirigidos al SUMA para realizar actividades con monitores.

  • Las familias sostienen que los profesores han recibido a los niños con ilusión y compromiso. Sin embargo, insisten en que los espacios no reúnen condiciones óptimas para un regreso escolar seguro.

  • El Consistorio local considera prudente aplazar el uso de esas dependencias hasta al menos el lunes, para evitar riesgos evidentes durante esos primeros días lectivos.

Marco legal y postura oficial

La Conselleria de Educación recuerda que el Ayuntamiento no tiene competencia para cambiar el calendario escolar sin una resolución oficial de la Dirección General de Centros Docentes. Este órgano autorizó formalmente el retraso de apertura hasta este jueves para los centros de Alfafar afectados por daños graves.

Además, técnicos de infraestructuras han inspeccionado las instalaciones en diversas ocasiones, y la empresa responsable entregó recientemente un certificado de seguridad que avala que los módulos prefabricados cumplen con todas las normativas aplicables.

Contexto tras la DANA

El CEIP Orba fue uno de los centros más dañados por las inundaciones de octubre de 2024. Desde entonces, los alumnos han tenido que recibir clases en espacios provisionales y se han adjudicado aulas prefabricadas para que puedan volver al barrio mientras se realizan las obras de reconstrucción del colegio original.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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