València, 11 sep (OFFICIAL PRESS- EFE).- El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha presentado este lunes una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que se investiguen las supuestas incompatibilidades con el cargo de vicepresidente del Consell en las que habría incurrido Vicente Barrera por constar como administrador en varias empresas.

En este escrito remitido a Antifraude y difundido por Compromís, Baldoví expone que, según el diario ElConfidencial.com, Barrera no ha hecho efectivo en el Registro Mercantil la inscripción de su renuncia a sus actividades empresariales, manteniendo cargos como consejero o administrador en siete empresas.

Según señala el síndic de Compromís, la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell establece en su artículo 30 que los consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades que se establece para el president de la Generalitat, cargo que es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive de su cargo, salvo la de diputado de Les Corts.

También cita la ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat que regula las incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos y que señala que el ejercicio de un alto cargo se desarrollará en régimen de dedicación absoluta y exclusiva.

Esta misma ley indica en su artículo 15 que se trata de una infracción muy grave el incumplimiento de este régimen de incompatibilidades y apunta como posibles sanciones: el reintegro de las cantidades percibidas de forma indebida, el cese inmediato en el cargo, la pérdida del derecho a percibir indemnizaciones tras el cese y prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo entre 5 y 10 años.

Cuando el cargo público cuestionado tenga la condición de miembro del Consell el órgano competente para la incoación del expediente sancionador será el propio Consell, pero «el president, Carlos Mazón, ha rechazado en varias declaraciones públicas la existencia de incompatibilidad alguna», lamenta Baldoví.

«Le pedimos que investigue si realmente el vicepresidente del Consell ha incurrido en incompatibilidades, nosotros creemos que sí, debería haber cesado ya en todas las administraciones de empresas que ocupa, pero como Mazón dice que está en plazo para hacerlo y nosotros consideramos que no, pedimos que la Agencia Antifraude vea si ha habido esa incompatibilidad y se ha incumplido la ley», ha agregado.

Asimismo, ha abogado por que «devuelva los fondos públicos que ha cobrado» y ha instado al Consell a que «abra expediente sancionador para delimitar esa incompatibilidad».

«La ley lo dice de forma diáfana, si hay incompatibilidad ha de devolver el dinero y es causa de inhabilitación durante cinco años. En caso de que se confirme esa incompatibilidad, Mazón es responsable de dejación de funciones», ha concluido Baldoví.