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Valencia

Compromís denuncia a Antifraude la supuesta incompatibilidad del vicepresidente Vicente Barrera

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Compromís denuncia a Antifraude la supuesta incompatibilidad de Vicente Barrera
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en la presentación este lunes de la denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, en una imagen facilitada por la formación.
València, 11 sep (OFFICIAL PRESS- EFE).- El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha presentado este lunes una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que se investiguen las supuestas incompatibilidades con el cargo de vicepresidente del Consell en las que habría incurrido Vicente Barrera por constar como administrador en varias empresas.

En este escrito remitido a Antifraude y difundido por Compromís, Baldoví expone que, según el diario ElConfidencial.com, Barrera no ha hecho efectivo en el Registro Mercantil la inscripción de su renuncia a sus actividades empresariales, manteniendo cargos como consejero o administrador en siete empresas.

Compromís denuncia a Vicente Barrera

Según señala el síndic de Compromís, la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell establece en su artículo 30 que los consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades que se establece para el president de la Generalitat, cargo que es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive de su cargo, salvo la de diputado de Les Corts.

También cita la ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat que regula las incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos y que señala que el ejercicio de un alto cargo se desarrollará en régimen de dedicación absoluta y exclusiva.

Esta misma ley indica en su artículo 15 que se trata de una infracción muy grave el incumplimiento de este régimen de incompatibilidades y apunta como posibles sanciones: el reintegro de las cantidades percibidas de forma indebida, el cese inmediato en el cargo, la pérdida del derecho a percibir indemnizaciones tras el cese y prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo entre 5 y 10 años.

Cuando el cargo público cuestionado tenga la condición de miembro del Consell el órgano competente para la incoación del expediente sancionador será el propio Consell, pero «el president, Carlos Mazón, ha rechazado en varias declaraciones públicas la existencia de incompatibilidad alguna», lamenta Baldoví.

«Le pedimos que investigue si realmente el vicepresidente del Consell ha incurrido en incompatibilidades, nosotros creemos que sí, debería haber cesado ya en todas las administraciones de empresas que ocupa, pero como Mazón dice que está en plazo para hacerlo y nosotros consideramos que no, pedimos que la Agencia Antifraude vea si ha habido esa incompatibilidad y se ha incumplido la ley», ha agregado.

Asimismo, ha abogado por que «devuelva los fondos públicos que ha cobrado» y ha instado al Consell a que «abra expediente sancionador para delimitar esa incompatibilidad».

«La ley lo dice de forma diáfana, si hay incompatibilidad ha de devolver el dinero y es causa de inhabilitación durante cinco años. En caso de que se confirme esa incompatibilidad, Mazón es responsable de dejación de funciones», ha concluido Baldoví.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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