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Valencia

Compromís denuncia a Antifraude la supuesta incompatibilidad del vicepresidente Vicente Barrera

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Compromís denuncia a Antifraude la supuesta incompatibilidad de Vicente Barrera
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en la presentación este lunes de la denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, en una imagen facilitada por la formación.
València, 11 sep (OFFICIAL PRESS- EFE).- El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha presentado este lunes una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que se investiguen las supuestas incompatibilidades con el cargo de vicepresidente del Consell en las que habría incurrido Vicente Barrera por constar como administrador en varias empresas.

En este escrito remitido a Antifraude y difundido por Compromís, Baldoví expone que, según el diario ElConfidencial.com, Barrera no ha hecho efectivo en el Registro Mercantil la inscripción de su renuncia a sus actividades empresariales, manteniendo cargos como consejero o administrador en siete empresas.

Compromís denuncia a Vicente Barrera

Según señala el síndic de Compromís, la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell establece en su artículo 30 que los consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades que se establece para el president de la Generalitat, cargo que es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive de su cargo, salvo la de diputado de Les Corts.

También cita la ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat que regula las incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos y que señala que el ejercicio de un alto cargo se desarrollará en régimen de dedicación absoluta y exclusiva.

Esta misma ley indica en su artículo 15 que se trata de una infracción muy grave el incumplimiento de este régimen de incompatibilidades y apunta como posibles sanciones: el reintegro de las cantidades percibidas de forma indebida, el cese inmediato en el cargo, la pérdida del derecho a percibir indemnizaciones tras el cese y prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo entre 5 y 10 años.

Cuando el cargo público cuestionado tenga la condición de miembro del Consell el órgano competente para la incoación del expediente sancionador será el propio Consell, pero «el president, Carlos Mazón, ha rechazado en varias declaraciones públicas la existencia de incompatibilidad alguna», lamenta Baldoví.

«Le pedimos que investigue si realmente el vicepresidente del Consell ha incurrido en incompatibilidades, nosotros creemos que sí, debería haber cesado ya en todas las administraciones de empresas que ocupa, pero como Mazón dice que está en plazo para hacerlo y nosotros consideramos que no, pedimos que la Agencia Antifraude vea si ha habido esa incompatibilidad y se ha incumplido la ley», ha agregado.

Asimismo, ha abogado por que «devuelva los fondos públicos que ha cobrado» y ha instado al Consell a que «abra expediente sancionador para delimitar esa incompatibilidad».

«La ley lo dice de forma diáfana, si hay incompatibilidad ha de devolver el dinero y es causa de inhabilitación durante cinco años. En caso de que se confirme esa incompatibilidad, Mazón es responsable de dejación de funciones», ha concluido Baldoví.

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Valencia

Mompó, ante la jueza de la dana: «Quería mandar el mensaje ya, como fuera, en castellano, inglés o morse»

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Vicent Mompó, tras declarar siete horas ante la jueza de la dana- JORGE GIL/EUROPA PRESS

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, declaró este martes ante la jueza que instruye la causa por la gestión de la DANA del 29 de octubre, asegurando que su prioridad era alertar cuanto antes a la población.

«La sensación era que la gente se podía ahogar»

Durante su comparecencia, Mompó explicó que aquel día, hacia las 19:00 horas, fue informado de que existía un riesgo real para sus vecinos:

«Mi sensación como ciudadano fue que me desesperaba. Desde que me dijeron a las 19 horas que mis paisanos se podían ahogar, quería mandar el mensaje ya, como fuera: en castellano, inglés o morse», afirmó.

El presidente provincial criticó la tardanza en la emisión de la alerta oficial a la ciudadanía:

«Que pasara una hora y diez minutos desde que se habló del mensaje hasta que se envió me parece una barbaridad».

Retraso en el envío de la alerta

Según la instrucción judicial, entre el momento en que se planteó la necesidad de difundir el aviso y el momento en que finalmente se remitió transcurrieron más de 70 minutos. Para Mompó, esa demora pudo haber puesto en riesgo a los vecinos en plena emergencia meteorológica.

Investigación judicial por la gestión de la DANA

La jueza investiga si se produjeron deficiencias en la coordinación y comunicación institucional durante la fuerte DANA que azotó la Comunitat Valenciana en octubre, dejando graves inundaciones y cuantiosos daños materiales.

El testimonio de Mompó se suma al de otros responsables políticos y técnicos que han pasado ya por el juzgado para aclarar cómo se gestionó la emergencia y si hubo responsabilidades en los retrasos de comunicación.

La prioridad: proteger a la población

Mompó insistió en que su única intención era garantizar que el mensaje llegara cuanto antes a los vecinos de las zonas más afectadas:

«Quería lanzar el aviso inmediato, independientemente del idioma o del formato, porque lo que importaba era que la gente se enterara de que corría peligro».

 

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