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Valencia

Compromís denuncia a Antifraude la supuesta incompatibilidad del vicepresidente Vicente Barrera

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Compromís denuncia a Antifraude la supuesta incompatibilidad de Vicente Barrera
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en la presentación este lunes de la denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, en una imagen facilitada por la formación.
València, 11 sep (OFFICIAL PRESS- EFE).- El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha presentado este lunes una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que se investiguen las supuestas incompatibilidades con el cargo de vicepresidente del Consell en las que habría incurrido Vicente Barrera por constar como administrador en varias empresas.

En este escrito remitido a Antifraude y difundido por Compromís, Baldoví expone que, según el diario ElConfidencial.com, Barrera no ha hecho efectivo en el Registro Mercantil la inscripción de su renuncia a sus actividades empresariales, manteniendo cargos como consejero o administrador en siete empresas.

Compromís denuncia a Vicente Barrera

Según señala el síndic de Compromís, la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell establece en su artículo 30 que los consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades que se establece para el president de la Generalitat, cargo que es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive de su cargo, salvo la de diputado de Les Corts.

También cita la ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat que regula las incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos y que señala que el ejercicio de un alto cargo se desarrollará en régimen de dedicación absoluta y exclusiva.

Esta misma ley indica en su artículo 15 que se trata de una infracción muy grave el incumplimiento de este régimen de incompatibilidades y apunta como posibles sanciones: el reintegro de las cantidades percibidas de forma indebida, el cese inmediato en el cargo, la pérdida del derecho a percibir indemnizaciones tras el cese y prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo entre 5 y 10 años.

Cuando el cargo público cuestionado tenga la condición de miembro del Consell el órgano competente para la incoación del expediente sancionador será el propio Consell, pero «el president, Carlos Mazón, ha rechazado en varias declaraciones públicas la existencia de incompatibilidad alguna», lamenta Baldoví.

«Le pedimos que investigue si realmente el vicepresidente del Consell ha incurrido en incompatibilidades, nosotros creemos que sí, debería haber cesado ya en todas las administraciones de empresas que ocupa, pero como Mazón dice que está en plazo para hacerlo y nosotros consideramos que no, pedimos que la Agencia Antifraude vea si ha habido esa incompatibilidad y se ha incumplido la ley», ha agregado.

Asimismo, ha abogado por que «devuelva los fondos públicos que ha cobrado» y ha instado al Consell a que «abra expediente sancionador para delimitar esa incompatibilidad».

«La ley lo dice de forma diáfana, si hay incompatibilidad ha de devolver el dinero y es causa de inhabilitación durante cinco años. En caso de que se confirme esa incompatibilidad, Mazón es responsable de dejación de funciones», ha concluido Baldoví.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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