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Compromís denuncia que el Gobierno «ataca» la presencia del valenciano en las señales de tráfico

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VALÈNCIA/MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) –

Compromís en el Senado ha denunciado que el Gobierno central «ataca» la presencia del valenciano en las señales de tráfico y ha avanzado que reclamará explicaciones desde la cámara alta por la actuación «miserable» del delegado del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por «reprimir evidentes señales en Bellreguard (Valencia)».

El senador de la coalición Carles Mulet se ha preguntado en un comunicado si Moragues «hará lo mismo con todos los municipios que aprobaron hace décadas y con consenso la normalización de la lengua propia». El Gobierno exigió su rotulación en castellano a raíz de una queja de un particular, que dijo «no entender una señal» después de ser denunciado por estacionamiento incorrecto.

Mulet ha aventurado que estas señales, «cuyo mayor problema legal es que están escritas en una lengua no castellana», deben suponer «un gran problema para que todo un Gobierno de España quiera actuar precisamente en este momento en el que gobierna Compromís –junto al PSPV en la localidad–«, cuando ha recordado que «llevan décadas en las calles y ni el PP actuó contra ellas en la anterior legislatura».

«Bellreguard y muchos otros municipios valencianos cuentan desde los ochenta y noventa de reglamentos de normalización del valenciano, unas sencillas herramientas que han servido para visibilizar y garantizar su presencia en las calles, en los rótulos y señalética de muchos municipios», ha recalcado.

‘PERSECUCIÓN’ A LA LENGUA
Sin embargo, el parlamentario ha lamentado que «la legalidad española no parece entender de localismos, ni de recuperación de lenguas o de la voluntad de ser de un pueblo: Tratar de aniquilar señales que indican desde hace años que algunos espacios están ‘reservat Ajuntament’ o que prohíbe estacionar ‘als dos costats’, acompañadas de señales mundialmente conocidas, supone una voluntad de rizar el rizo y perseguir esta lengua».

Se ha preguntado si, en consecuencia, «el Gobierno actuará contra todas las señales de tráfico y reglamentos de cientos de municipios valencianos, al tiempo que le ha reclamado «respeto por la lengua de los valencianos».

En la misma línea, el alcalde de la localidad, Àlex Ruiz, (Compromís) ha recordado que «Bellreguard vive con absoluta normalidad en su lengua propia mientras que el paso de la N-332, partiendo en dos nuestro núcleo urbano, corrompe nuestra convivencia poniendo en riesgo la vida de vecinos». Esa, en su opinión, «debería ser la prioridad del señor Moragues».

Por todo ello, la coalición requerirá el expediente abierto contra el municipio y estudiará vías para garantizar la presencia de las señales, pues «se es muy laxo en el cumplimiento de la normativa cuando afecta a aspectos de titularidad estatal, como las carreteras donde se ignora al valenciano, el uso de la toponimia oficial o manteniendo señales como la de ‘Stop’ que, claramente, no están en lengua castellana».

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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