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Compromís denuncia que el Gobierno «ataca» la presencia del valenciano en las señales de tráfico

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VALÈNCIA/MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) –

Compromís en el Senado ha denunciado que el Gobierno central «ataca» la presencia del valenciano en las señales de tráfico y ha avanzado que reclamará explicaciones desde la cámara alta por la actuación «miserable» del delegado del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, por «reprimir evidentes señales en Bellreguard (Valencia)».

El senador de la coalición Carles Mulet se ha preguntado en un comunicado si Moragues «hará lo mismo con todos los municipios que aprobaron hace décadas y con consenso la normalización de la lengua propia». El Gobierno exigió su rotulación en castellano a raíz de una queja de un particular, que dijo «no entender una señal» después de ser denunciado por estacionamiento incorrecto.

Mulet ha aventurado que estas señales, «cuyo mayor problema legal es que están escritas en una lengua no castellana», deben suponer «un gran problema para que todo un Gobierno de España quiera actuar precisamente en este momento en el que gobierna Compromís –junto al PSPV en la localidad–«, cuando ha recordado que «llevan décadas en las calles y ni el PP actuó contra ellas en la anterior legislatura».

«Bellreguard y muchos otros municipios valencianos cuentan desde los ochenta y noventa de reglamentos de normalización del valenciano, unas sencillas herramientas que han servido para visibilizar y garantizar su presencia en las calles, en los rótulos y señalética de muchos municipios», ha recalcado.

‘PERSECUCIÓN’ A LA LENGUA
Sin embargo, el parlamentario ha lamentado que «la legalidad española no parece entender de localismos, ni de recuperación de lenguas o de la voluntad de ser de un pueblo: Tratar de aniquilar señales que indican desde hace años que algunos espacios están ‘reservat Ajuntament’ o que prohíbe estacionar ‘als dos costats’, acompañadas de señales mundialmente conocidas, supone una voluntad de rizar el rizo y perseguir esta lengua».

Se ha preguntado si, en consecuencia, «el Gobierno actuará contra todas las señales de tráfico y reglamentos de cientos de municipios valencianos, al tiempo que le ha reclamado «respeto por la lengua de los valencianos».

En la misma línea, el alcalde de la localidad, Àlex Ruiz, (Compromís) ha recordado que «Bellreguard vive con absoluta normalidad en su lengua propia mientras que el paso de la N-332, partiendo en dos nuestro núcleo urbano, corrompe nuestra convivencia poniendo en riesgo la vida de vecinos». Esa, en su opinión, «debería ser la prioridad del señor Moragues».

Por todo ello, la coalición requerirá el expediente abierto contra el municipio y estudiará vías para garantizar la presencia de las señales, pues «se es muy laxo en el cumplimiento de la normativa cuando afecta a aspectos de titularidad estatal, como las carreteras donde se ignora al valenciano, el uso de la toponimia oficial o manteniendo señales como la de ‘Stop’ que, claramente, no están en lengua castellana».

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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