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Compromís exige al Gobierno que facilite el el listado de inmuebles «inscritos de forma irregular» por la Iglesia

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Compromís exige al Gobierno en funciones que haga público el listado de bienes inmuebles «inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, tras «anunciar hace un año» que disponía de los datos de inmatriculaciones de la Iglesia.

La petición está registrada en el Senado por Carles Mulet, del nuevo grupo parlamentario Izquierda Confederal, en el que está integrado Compromís junto a Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid y Catalunya En Comú Podem.

Según la coalición, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció formalmente hace un año que disponía del listado, compuesto por «decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones».

En este contexto, Compromís destaca que «veinte colectivos exigen la restitución de la legalidad y la devolución de miles de inmuebles apropiados», mientras «la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia». «El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», denuncia.

Se trata de una demanda que parte de la coordinadora Recuperando, que en febrero de 2017 formuló en el Congreso una petición por escrito, tras lo que en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones.

En octubre de 2017, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia. Ya un año después, el 2 de agosto, «tras la moción de censura», Compromís recuerda que «Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión».

«Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL impulsada por el PSOE y, según ha trasladado esta coordinadora, el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública», recalca la coalición.

A esto suma que «la devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y Unidas Podemos» y que la plataforma solicitó en 2018 sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno. «Diez meses después, ninguna de las dos ha accedido a reunirse con el colectivo ciudadano».

 

DE 1956 A 2015

En concreto, Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de «bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad».

La coordinadora está formada por colectivos ciudadanos como MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico), la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.

 

Fuente: Europa Press

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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