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Compromís exige al Gobierno que facilite el el listado de inmuebles «inscritos de forma irregular» por la Iglesia

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Compromís exige al Gobierno en funciones que haga público el listado de bienes inmuebles «inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, tras «anunciar hace un año» que disponía de los datos de inmatriculaciones de la Iglesia.

La petición está registrada en el Senado por Carles Mulet, del nuevo grupo parlamentario Izquierda Confederal, en el que está integrado Compromís junto a Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid y Catalunya En Comú Podem.

Según la coalición, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció formalmente hace un año que disponía del listado, compuesto por «decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones».

En este contexto, Compromís destaca que «veinte colectivos exigen la restitución de la legalidad y la devolución de miles de inmuebles apropiados», mientras «la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia». «El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica», denuncia.

Se trata de una demanda que parte de la coordinadora Recuperando, que en febrero de 2017 formuló en el Congreso una petición por escrito, tras lo que en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones.

En octubre de 2017, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia. Ya un año después, el 2 de agosto, «tras la moción de censura», Compromís recuerda que «Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión».

«Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL impulsada por el PSOE y, según ha trasladado esta coordinadora, el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública», recalca la coalición.

A esto suma que «la devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y Unidas Podemos» y que la plataforma solicitó en 2018 sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno. «Diez meses después, ninguna de las dos ha accedido a reunirse con el colectivo ciudadano».

 

DE 1956 A 2015

En concreto, Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de «bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad».

La coordinadora está formada por colectivos ciudadanos como MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico), la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.

 

Fuente: Europa Press

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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