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Compromís pide que se declare la emergencia feminista en la Comunitat Valenciana

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València, 19 sept.- La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mònica Álvaro, ha presentado una propuesta para que desde el parlamento se declare la emergencia feminista en todo el territorio valenciano, además de instar al Consell a continuar trabajando en la implementación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, así como a tomar las medidas necesarias para garantizar los recursos que permitan la implementación y el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto.

Álvaro, considera que «la situación de alarma social es cada vez más elevada, y así se refleja en la multitud de movilizaciones y en la salida masiva a la calle para reivindicar el fin de la violencia contra las mujeres, sin lo cual no se puede avanzar en la igualdad».

Así, ha hecho referencia a que este viernes, 20 de septiembre, las Plataformas Feministas han llamado a la movilización pacífica para, tal y como el mismo manifiesto expresa, mostrar al mundo que «estamos en situación ‘de emergencia’ por las constantes agresiones a las que se somete a las mujeres: ‘padres que asesinan a sus hijas e hijos para causar el mayor de los sufrimientos, pederastia, trata, desapariciones, asesinatos, chantajes, extorsiones, amenazas, acoso, agresiones, abusos, manadas, violaciones'».

«Las escandalosas cifras de la violencia machista ponen negro sobre blanco que estamos ante una creciente emergencia social. Durante el primer semestre de este año hemos superado la vergonzosa cifra de más de 1.000 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Única cifra contabilizada oficialmente, puesto que la ley 1/2004 solo reconoce como asesinatos machistas aquellos en los que existía una relación sentimental entre el agresor y la víctima. Sin embargo, algunos estudios extraoficiales, donde se contabilizan todos los asesinatos machistas, hacen que esta cifra se sitúe casi en el doble».

Por otro lado, Álvaro también ha recordado que «se acaba de celebrar el segundo aniversario del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, con un 76% de medidas en proceso o ya ejecutadas, gracias al compromiso del movimiento feminista, del Gobierno del Botánico, de los partidos políticos que lo firmaron, de los sindicatos y de muchísimos actores sociales que trabajan cada día contra la violencia machista».

«Aun así, desde el grupo parlamentario consideramos que no podemos bajar la guardia frente a esta lacra y hay que seguir con la implicación de todos los estamentos e instituciones para poner fin a esta macabra y terrible violencia social, motivada por elementos sociales, que discrimina y asesina a las mujeres», ha concluido Àlvaro.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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