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Compromís pide prohibir la venta de viviendas a extranjeros durante tres años

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El senador de Més Compromís Carles Mulet en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca/Archivo
Madrid, 2 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- Compromís ha registrado una enmienda a la Ley de Vivienda en el Senado por la que propone prohibir la venta de viviendas a personas o empresas extranjeras, con algunas salvedades, durante tres años, en línea con la medida implementada en Canadá.

En un comunicado, Compromís especifica que la propuesta pretende evitar la especulación y, para ello, reclama una moratoria de 36 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda a la venta de inmuebles a personas físicas o jurídicas que no cuenten con nacionalidad española desde un año antes de la operación.

De esta prohibición estarían exentos los extranjeros con permiso de trabajo en España desde al menos tres años antes, exiliados o refugiados y ciudadanos con estatus de residente temporal válido desde al menos cinco meses antes, todos ellos en el caso de que no hayan comprado otra vivienda, así como a las entidades cuyo objetivo sea el uso social de los inmuebles.

El senador de Compromís Carles Mulet señala en el comunicado que la Ley de vivienda supone un avance, pero a su juicio necesita reforzar el control de los «fondos buitres», la especulación o los apartamentos turísticos.

La Ley de Vivienda fue aprobada el pasado 27 de abril en el Congreso y actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en el Senado, que se encuentra abierto hasta el 4 de mayo para la recepción de propuestas.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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